La justicia venezolana formalizó el día de ayer la prisión de Francisco David Carache Zambrano, el séptimo detenido vinculado al asesinato de los 17 mineros acribillados el 4 de marzo en el estado Bolívar (centro este), informó la Fiscalía General.
Carache Zambrano fue detenido el pasado viernes en un hotel situado en una carretera del estado Zulia (noroeste) y hoy fue oficialmente imputado como “presunto coautor de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de las 17 víctimas”.
También se le acusa, añadió la Fiscalía en un comunicado, de “robo agravado, privación ilegítima de libertad, robo de vehículo automotor, por incurrir en legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Carache Zambrano fue llevado de regreso al este del país y recluido, tras la audiencia judicial celebrada en la zona donde se perpetró la masacre, en la sede regional del policial Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC).
El detenido “se presume es uno de los lugartenientes de Jamilton Andrés Ulloa Suárez”, un ciudadano ecuatoriano prófugo identificado como el jefe de la banda que acribilló a los 17 mineros, presuntamente en el marco de una disputa entre delincuentes por el control de minas de oro, diamantes y otros minerales.
La nota de la Fiscalía que dio cuenta de la formalización de la detención de Carache Zambrano detalló la identidad de los otros seis detenidos: Rosa Zoraida Gil Salazar, Luis Tomás Rivera Malavé, los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera y los colombianos Rodolfo Andredy Castrillón Castro y Publio Evelio Martínez Suárez.
La titular de la Fiscalía General, Luisa Ortega Díaz, informó este domingo que de los 17 cuerpos hallados muertos en un mina en la localidad de Tumeremo resta por identificar una de las víctimas.
La fiscal confirmó que la hipótesis de la masacre apunta a bandas delictivas en pugna por “el control de los espacios en la explotación minera ilegal” de la zona rica en material aurífero, y a la posibilidad de que en ellas participen agentes policiales.
En este sentido Ortega Díaz subrayó la necesidad de “sancionar a policías y funcionarios públicos que aparezcan implicados en hechos delictivos” para evitar la proliferación del delito.
Ortega reveló que fue emitida una comunicación oficial al diputado opositor por el estado Bolívar, Américo De Grazia, uno de los primeros funcionarios en dar crédito a denuncias de familiares de los mineros y sobrevivientes, para que suministre información de los hechos.
Las primeras denuncias fueron tajantemente negadas por el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien les atribuyó fines políticos en busca de infundir zozobra nacional.
Los cuerpos de 17 personas fueron hallados el pasado 14 en una fosa de cinco metros de profundidad cavada en una mina de Bolívar. EFE