Organizaciones sindicales, movimientos indígenas y sociales de Ecuador protagonizaron hoy en varias ciudades del país marchas de protesta contra medidas económicas y laborales impulsadas por el Gobierno, que defiende las reformas y asegura que van en beneficio de la totalidad de la población.
EFE
Con gritos y pancartas en contra del Gobierno de Rafael Correa, en Quito los manifestantes recorrieron calles del centro histórico, pero también hubo marchas en otras ciudades importantes, como la costera Guayaquil y la andina Cuenca.
Las reivindicaciones se centraron en lo económico y laboral y a ellas se sumaron, además de sindicatos y organizaciones indígenas, estudiantes, jubilados y militares en servicio pasivo con diferentes reclamos, además de otros sectores de la sociedad.
Sin embargo, a diferencia de protestas anteriores y atendiendo un llamamiento del presidente Correa, esta vez el oficialismo no respondió con sus acostumbradas concentraciones de simpatizantes ante la plaza de la Independencia, frente a la sede de La Presidencia.
El gobernante expresó ayer a sus partidarios la conveniencia de no salir a las calles debido a la segunda jornada de duelo nacional que vive el país por la muerte de 22 militares en un accidente aéreo ocurrido el martes en la provincia amazónica de Pastaza.
En cambio, seguidores del Gobierno trasladaron a redes sociales su apoyo al Ejecutivo con mensajes de respaldo bajo la etiqueta “NadieTocaMiRC” (en referencia a la Revolución Ciudadana, como se conoce el proyecto político que encabeza Correa), que incluso fueron reproducidos por el propio mandatario.
La protesta coincidió con la aprobación, hoy, de la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, criticada por sindicatos opositores, que advierten de precarización del empleo con la entrada en vigor de esta norma.
La mayoría oficialista del Legislativo ecuatoriano aprobó la nueva ley impulsada por el Gobierno que, entre otras cosas, garantiza un seguro de desempleo, una licencia sin sueldo por nueve meses para madres y padres por maternidad, incentivos para el empleo juvenil y regulación para las pasantías.
Asimismo, permite la prolongación y reducción de las jornadas laborales bajo acuerdo mutuo entre trabajadores y empleadores y tras la autorización del Ministerio de Trabajo, en condiciones especiales y por tiempos limitados.
La reforma laboral ha sido criticada por sindicatos de oposición, que ven el peligro de precarización del trabajo y aseguran que se carga sobre los trabajadores el peso de la crisis económica que vive el país.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Pablo Serrano, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley.
“No puede ser posible que el día de hoy 85 ‘levantamanos’ han aprobado una ley que flexibiliza la jornada laboral”, dijo Serrano a periodistas durante la protesta, en referencia a los legisladores que hoy aprobaron la reforma.
Con anterioridad, el presidente Correa había resaltado la aprobación de la ley y restado importancia a las protestas y críticas de los sindicatos.
“Nadie crea que la ‘movilización’ de hoy es por la reforma laboral. Les aseguro que ni siquiera han leído la ley. Se trata de lograr por la fuerza lo que no alcanzaron en las urnas. Ese viejo país no volverá. Los volveremos a derrotar”, escribió el mandatario en Twitter.
Asimismo, Correa pidió a sus compatriotas que no olviden a los legisladores que se opusieron a la reforma.
“Prohibido olvidar quiénes se opusieron al primer empleo para los jóvenes, licencia de 9 meses para padres, seguro de desempleo, etc. El tiempo nos dará nuevamente la razón, como ya lo hizo con el COIP (Código Orgánico Integral Penal), la reforma judicial, y tantos otros”, añadió en su cuenta en la red social.
Sobre el seguro de desempleo, el expresidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta dijo durante la manifestación a la televisión Ecuavisa que se trata de una iniciativa interesante, pero criticó el modo en que se prevé su financiación.
“Es una tomadura de pelo”, dijo Acosta al indicar que la financiación no puede basarse en “la plata de los propios trabajadores” y que “el Gobierno debía haber financiado un fondo especial para el seguro de desempleo”.
