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Este miércoles 9 de marzo de 2016 se retomó el juicio por difamación e injuria en contra del director de Correo del Caroní en el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, el cual tiene como raíz la cobertura informativa que hizo el medio de comunicación en 2013 de las denuncias y posterior investigación del Ministerio Público sobre la corrupción en Ferrominera Orinoco, publica Correo del Caroní.
Por Oriana Faoro
Como resultado de las averiguaciones, el presidente para ese entonces de la estatal de hierro, Radwan Sabbagh, fue destituido del cargo en mayo 2013. Luego Sabbagh, tres gerentes de la empresa y el empresario Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia y de la empresa Corpobrica, fueron detenidos e imputados.
La noticia sobre este caso de corrupción tuvo eco en la mayoría de los medios de comunicación del país, sin embargo, el empresario Yamal Mustafá demandó en esa oportunidad al director de Correo del Caroní, David Natera Febres, por los delitos de difamación e injuria.
El tribunal que admitió la demanda emitió una medida para prohibir a Correo del Caroní divulgar información sobre este hecho de corrupción, vulnerando el derecho a la información del pueblo de Guayana y de Venezuela de conocer las incidencias de un caso de interés público.
Mustafá interpuso la demanda por difamación e injuria en contra de Natera Febres, y también en contra del entonces diputado Andrés Velásquez, quien quedó excluido de la querella por gozar de inmunidad parlamentaria. Lo hizo a pesar de haber sido detenido e imputado por el caso de corrupción de FMO.
El Ministerio Público imputó a Mustafá por peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir dentro del caso de corrupción de FMO. Estuvo retenido más de dos años y ahora goza de libertad plena tras el sobreseimiento de su causa penal.
Los delitos por difamación e injuria según los estándares internac de DDHH deben ser eliminados de los Códigos Penales @CorreodelCaroni
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) marzo 9, 2016
Retrasos y prescripción de la demanda
La citación de reapertura del juicio fue recibida en Correo del Caroní el día 1 de marzo de 2016. La primera sesión del juicio comenzó a las 9:00 de la mañana y culminó poco después de las 6:00 de la tarde de este miércoles, en donde las partes evacuaron las pruebas que sostienen sus argumentos.
El 24 de julio de 2013, este medio de comunicación recibió un oficio por parte del Juzgado Primero de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, en el que se instó a no publicar informaciones relacionadas con el empresario querellante, quien en ese entonces era investigado por el Ministerio Público, institución que mantenía una indagación desde mayo de 2013.
Durante dos años y ocho meses no se pudo efectuar el juicio por varias incidencias, entre ellas recursos utilizados por parte de la defensa -entre ellas la recusación de un juez en 2014 “por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella” y por “motivos graves que afecten su imparcialidad”, esto según los ordinales 7° y 8° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal-, y también porque el querellante, Yamal Mustafá, estaba detenido.
La querella fue admitida en tiempo récord en el año 2013 y en todo el tiempo que ha pasado han sido removidos de sus cargos dos de los jueces encargados de dirigir el litigio.
Por haber pasado dos años y ocho meses, la querella por difamación e injuria debió haber prescrito y, sin embargo, este miércoles el Tribunal Sexto de Juicio retomó el caso. La defensa alegó la prescripción judicial del delito, y no fue admitido.
Consecuencias
El resultado del juicio penal contra el propietario de Correo del Caroní tendrá como consecuencia otra demanda, en la que se abre la posibilidad de un embargo que pondría en riesgo la permanencia del medio de comunicación con más trayectoria en el estado Bolívar.
Durante la jornada del miércoles las partes -querellante y querellado- presentaron las pruebas para exponer sus causas en el juicio, en las que resaltan que el doctor Natera Febres no firmó ninguna de las notas de Correo del Caroní que trataron el tema con absoluta rigurosidad periodística.
El juicio continúa este jueves a partir de las 9:00 de la mañana, jornada en la que se espera una decisión por parte del Tribunal Sexto de Juicio. Entre los escenarios está el sobreseimiento de la causa –que abriría pie a un segundo juicio civil en contra, esta vez, de Editorial Roderick-; la culpabilidad de Natera Febres, por lo que se enfrenta hasta a dos años y medio de prisión; y la absolución del director de Correo del Caroní.
Los argumentos interpuestos por la parte acusadora implicarían, de ganar la demanda, que cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción, lesionando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna que tienen los medios y, sobre todo, los ciudadanos.