El caso de los 28 mineros desaparecidos hace una semana en Venezuela recuerda al de los estudiantes de México, ambos sin resolver, publica El Mundo de España.
Por DANIEL LOZANO/CARACAS/@danilozanomadri
Nicolás Maduro tardó en reaccionar cuatro días tras la nueva tragedia venezolana, que se compara con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Tan lento como el criticado Enrique Peña Nieto, todo un golpe para el chavismo, que no ha dudado en reclamar una y otra vez Justicia para la masacre mexicana y que incluso la ha usado sin rubor en las disputas diplomáticas con el Gobierno del país norteamericano.
El grupo de familiares cortó el tráfico este miércoles en Tumeremo por quinto día consecutivo para exigir la búsqueda de 28 jóvenes mineros ilegales, desaparecidos desde el viernes. Angustiados, pero convencidos de que sólo podrán encontrar sus restos.
“Las investigaciones están siendo adelantadas por la policía, también los militares, pero sin resultados. La gente sigue en la calle trancando la vía. La aspiración del pueblo es que surja la verdad“, destacó el alcalde Carlos Chancellor a EL MUNDO. “Es unatragedia lamentable en nuestra principal actividad, la minería”, añadió el dirigente opositor, militante de La Causa Revolucionaria, que integra la Unidad Democrática. Fue su compañero de partido, el diputado Américo de Grazia, el primero en denunciar lo ocurrido. La Asamblea Nacional ha elegido a este último como jefe de la comisión investigadora tras la sesión ordinaria del martes en el Parlamento.
“Los familiares de los desaparecidos desde el viernes salieron a buscar y no hubo quien apoyara. A esta Asamblea la quieren invisibilizar, pero con el pueblo no podrán hacerlo”, repitió el parlamentario tras tomar posesión de su cargo. De Grazia, diputado por el estado de Bolívar, es buen conocedor de un territorio sin ley, disputado por garimpeiros [buscador de piedras preciosas], guyaneses, militares bolivarianos, incluso guerrilleros, en el que se han vivido varias tragedias. “(Los cuerpos) fueron picados con motosierra. Los descuartizaron para que fuera más fácil cargar los cadáveres al camión de volteo”, aseguró.
En 2006, un grupo de militares asesinó a siete mineros en La Paragua, una zona cercana. Sólo fueron condenados a cinco y tres años de cárcel. La “desaparición” del Estado, la participación de funcionarios públicos y la proliferación de mafias localesson otras de las características que unen este caso con el de Ayotzinapa.
“Todo parece indicar que fueron paramilitares“, adelantó sin embargo el primer mandatario, volviendo a la clásica retórica revolucionaria y desoyendo las denuncias de las familias, que implican a policías y militares. El presidente anunció la creación de una zona militar para “proteger” el territorio en conflicto.
“No tenemos ninguna información de que los agresores sean paramilitares colombianos”, respondió Chancellor. “Todo lo que se ve por aquí son venezolanos”, insistió tras las declaraciones presidenciales. La revolución suele achacar aparamilitares del país vecino y a golpes de Estado de la oposición y la “burguesía parasitaria” cualquier acontecimiento que suceda en el país.
Otros paralelismos son las actitudes de los familiares y el relato de cómo sucedieron los hechos. “No estoy pidiendo que hagan Justicia. Yo lo único que estoy exigiendo en este momento que por favor me entreguen el cuerpo de mi hijo para darle cristiana sepultura”, señaló a AP Juan José Coello, padre del desaparecido Ángel Trejo.