La fundación neerlandesa Rechters voor Rechters (Jueces para Jueces) que opera desde Países Bajos remitió una carta a la Asamblea Nacional para fijar posición respecto al caso de la jueza María Lourdes Afiuni.
En la misiva, la organización solicita al parlamento mayor atención al caso además de instarla a investigar de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial las alegaciones de tortura y malos tratos mediante agresión sexual presuntamente cometidos contra Afiuni durante su detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof).
A continuación el contenido completo del texto:
1 de Marzo, La Haya, Países Bajos
Estimados miembros de la Asamblea Nacional de República Bolivariana de Venezuela:
Somos la Fundación neerlandesa Jueces para Jueces que opera desde Países Bajos. Es una Fundación que se esfuerza por sus colegas jueces en el extranjero que se encuentran en dificultades o que amenazan con meterse en problemas por el ejercicio de su profesión. Esto puede ser el caso por ejemplo porque se viola o se amenaza su independencia o porque se ejerce presión sobre ellos. La fundación se creó en 1999. Desde 2010 la fundación ha estado involucrada activamente en las situaciones de sus colegas jueces y vigila de cerca la situación en un número de países. Si la fundación se percata de que un juez tiene problemas o corre el riesgo de tener problemas, nos ponemos en contacto con él o ella. También ocurre que los mismos jueces se ponen en contacto con la Fundación. De acuerdo con el juez implicado, se considera qué acción de la Fundación pueda contribuir a mejorar su situación. En un número de casos la Fundación se pone en contacto con las autoridades del país implicado, con los órganos parlamentarios nacionales o europeos o busca la colaboración con las autoridades holandesas o internacionales. En un número de casos buscamos publicidad, en otros casos practicamos la diplomacia silenciosa.
Con esta carta le pedimos su seria atención para el caso de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, así y todo con el respeto debido por la organización judicial en Venezuela.
Puntos de primordial atención son las bases de su detención preventiva teniendo en cuenta el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso “Eligio Cedeño vs. República Bolivariana de Venezuela”, a través del cual condenó al estado Venezolano por la violación de los derechos a ser juzgado en libertad y en un plazo prudencial por jueces independientes, reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A través de este pronunciamiento el Comité difundió las conclusiones del caso, una de las cuales fue que la detención preventiva de Eligio Cedeño no tuvo justificación y fue prolongada; además, determinó que los fiscales y jueces que intervinieron en su caso actuaron apegados a los dictámenes del Poder Ejecutivo. En este sentido, el organismo concluyó que no se le garantizó la presunción de inocencia y que en definitiva, no se le garantizó el debido proceso.
La jueza Afiuni fue la persona que liberó a Eligio Cedeño.
Por tanto es áspero que la jueza Afiuni haya sido acusada (entre otras cosas) de corrupción por haber puesto en libertad a Eligio Cedeño.
Ademas queremos señalar la duración del proceso (más de 6 años) contra la jueza Afiuni. Ella fue detenida en prisión desde dicíembre de 2009 hasta febrero de 2011, bajo arresto domiciliario hasta junio de 2013 y desde entonces se le han impuesto medidas cautelares. Estas medidas pesan sobre la Jueza Afiuni todos estos años.
También queremos señalar la Opinión Nº 20/2010 relativa a María Lourdes Afiuni Mora, aprobada el 1 de septiembre de 2010 en la cual se pide la liberación de la detención arbitraria de la jueza Afiuni. Esta opinión ustedes también la citan en su Acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos.
Queremos también llevar a su atención la recomendación del Comité contra la tortura de la ONU (noviembre de 2014) que recomienda que Venezuela debe:
Investigar de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial las alegaciones de tortura y malos tratos mediante agresión sexual presuntamente cometidos contra María Lourdes Afiuni durante su detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina;
Garantizar un juicio justo e independiente a la Sra. Afiuni así como una compensación adecuada por los daños físicos y mentales sufridos durante su detención.
Concluimos señalando que después de 3 años desde que se inició el proceso disciplinario en contra de la Jueza Afiuni, el día martes 16 de febrero se dio inicio a uno de los 9 juicios pendientes que por razones disciplinarios se abrieron en contra de Afiuni. La Juez Afiuni teme que de esta forma en lugar de estar suspendida de su cargo de juez como ha sido hasta ahora, intenten destituirla de su cargo en vísperas de la Ley de Amnistía.
Gracias por su atención.
Les saludo atentamente,
Tamara Trotman,
presidente de la Fundación Jueces para Jueces