Si estar en la cárcel por un delito que no cometiste es una violación a tus Derechos Humanos, imagina por un segundo estar encerrado codo a codo con el autor del crimen por el que te acusan. Compartir espacios, comida y tiempo con esta persona, hasta ver el momento cuando llega su boleta de excarcelación.
Él se va, queda libre y sin medidas cautelares o juicios. Sin embargo, allí sigues tú. Te dejan rodeado por audiencias diferidas y acusaciones infundadas, aquellas que expelen un hedor a banderas políticas que sirven para congraciarse con el mundo. Esa es la historia de Carlos Ramos, el falso positivo del Gobierno nacional, quien hoy se encuentra preso y por él hablan sus hermanos.
Carlos Ramos Herrera, un funcionario del Cicpc adscrito al bloque de búsqueda del Sebin, fue el escogido para ser acusado por el Estado como el autor material de la muerte del joven Jesús Acosta Matute, de 22 años, quien murió en las protestas de 2014. Las circunstancias no jugaron a su favor.
Según la investigación preliminar, Acosta Matute falleció tras resultar herido por una esquirla de bala durante una manifestación en la urbanización La Isabelica, ubicada en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia en Carabobo, tal como lo reseñaron en esa oportunidad los diarios Notitarde y El Carabobeño.
Ramos Herrera fue aprehendido el 08 de abril de ese año, toda vez que fuese llamado al despacho del entonces jefe del Cicpc Carabobo, Víctor Matheus, tras una orden solicitada por el Ministerio Público, por su presunta vinculación con el hecho.
Se presume que entre las pruebas para detenerlo, está el hecho de que su residencia está dos o tres kilómetros cerca de donde sucedió el hecho. Asimismo, tienen su arma de reglamento bajo investigación.
Actualmente ese caso lo llevan Samuel Alfonso Acuña Lara, fiscal 61° nacional en competencia plena, famoso por haber llevado la causa de la Casa de Bolsa Econoinvest, al igual que Ollantay de Jesús González Serga, fiscal 27° de Carabobo.
Las fichas que no encajan en el caso de Carlos Ramos
Sus hermanos Luis y Nauman Ramos relataron el calvario que ha sido para la familia esta detención, que a su juicio fue forjada. El pase a juicio de este caso ocurrió en noviembre de 2014. Sin embargo, es en enero de 2015 cuando se fija la primera audiencia.
Como es usual, el retardo procesal que devora la justicia en el país llegó hasta este juicio. De acuerdo a las denuncias de los hermanos Ramos, hubo dos diferimientos por falta de testigos y uno por no haber despacho.
Asimismo, se conoció que de la lista de casi 60 testigos que había, la Fiscalía solo ha presentado uno, que en este caso sirvió para la defensa, pues alegó no conocer ni haber visto en el sitio del suceso a Ramos.
“Las audiencias se han diferido porque la Fiscalía no lleva las pruebas, ni testigos. Ni siquiera hay material para enviar las citaciones”, aseguró Luis Ramos.
Mientras tanto, la defensa ha ofrecido una serie de alegatos a la espera que Fiscalía actúe, pero no se presenta nada concreto para continuar el juicio, solo se argumenta que hay investigaciones.
Entre otras curiosidades que relatan los hermanos Ramos está el hecho de que hubo testigos que dieron nombre de una persona que estaba a una distancia comprometedora ese día. Ante este indicio abren las investigaciones por el homicidio de Acosta y queda solicitado por el Cicpc.
Al continuar con las averiguaciones, en la casa del nuevo implicado, a quien conocen con el apodo de “Jhon Basuco”, consiguen balas del mismo calibre a la que mató al joven y su esposa lo ubicó en la manifestación ese día.
Tras siete meses de la liberación de la orden de captura, detuvieron a “Basuco” en una alcabala en Falcón. Luego de presentarlo, lo privan de libertad y pese a que se fijó como sitio de reclusión en la cárcel de Tocuyito, fue transferido a la sede del Sebin en Carabobo, donde se encuentra Carlos Ramos.
Durante el tiempo que convivieron presos en el Sebin, la única frase perenne de “Basuco” era: “Yo voy a salir, voy a salir. Me van a sacar”. Casi como un mantra que repetía a diario y que siete meses después se materializaría, al llegar la boleta de excarcelación.
A pesar de las pruebas gráficas que lo posicionan en el sitio del suceso y de estar plenamente identificado, este hombre salió libre y no hubo una nueva noticia de su paradero.
Por otra parte, a Ramos no hay una sola persona que lo ubique en el sitio del suceso, pero sí hay testigos de que estaba en la casa, así como pruebas electrónicas que lo posicionan en su hogar.
Tarek William Saab, el defensor impasible ante estas denuncias
Recientemente, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, sostuvo una entrevista con Telesur en la que habló de este caso y lo tomó como una lección de justicia que también aplica en las mismas filas del Gobierno. Lo curioso radica en que sobre este caso las fichas siguen sin encajar.
Hace pocos días los hermanos Ramos entregaron una petición al despacho de Saab para concertar una reunión y revisar el caso. Albergan esperanzas hacer justicia y se acuerde la liberación de una persona que quedó atrapada en medio de intereses y protestas.
Amnistía, la carta que entra en el juego
Por la naturaleza del caso y tras varias reuniones con una serie de abogados que han estudiado la situación, sobra recalca que Carlos Ramos Herrera es un falso positivo para apaciguar las aguas, en materia de DD HH.
De hecho, la familia Acosta al conocer de la detención escribió un comunicado al juez tercero de control, Toredit Alfredo Rojas Acevedo, cuyas líneas expresan lo siguiente: “La persona que se encuentra detenida por la muerte de Jesús Acosta no es el responsable de su muerte, no fue el que accionó el arma que le causó su muerte, no es quien nos causó tan grande dolor y tan irreparable pérdida. Es nuestro deber hacer de su conocimiento que nadie nos quiere escuchar. No entendemos por qué el Ministerio Público se empeña en acusar a un inocente, no entendemos por qué quieren responsabilizar a quien no tiene nada que ver en este hecho”.
Basados en este precepto, los hermanos Ramos se entrevistaron con Lilian Tintori y la diputada Delsa Solórzano, quien funge como la encargada de llevar la comisión que trabaja con la Ley de Amnistía.
Se espera una evaluación más a fondo por parte del Foro Penal Venezolano, para que así se termine de incluir a Ramos entre los acusados por alegatos viciados, que en conjunto con los detenidos por los “patriotas cooperantes”, forman parte de los presos del Gobierno nacional. (lapatilla.1eye.us)