El viernes pasado, luego de una semana de discusión centrada en el Decreto de Emergencia Económica, producto de un Estado de Excepción decidido por el Presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, con una mayoría de 108 de los 167 diputados, rechazó el decreto en cuestión, lo cual, por disposición constitucional, produjo la inmediata pérdida de vigencia del mencionado instrumento jurídico. Estoy convencido de que tomamos la mejor decisión para Venezuela. Lo que dejó ver ese decreto es que ni el presidente, ni el gobierno, ni el PSUV, terminan de aceptar el origen de la grave crisis que vive Venezuela y esa es la razón por la cual no lucen dispuestos a asumir medidas coherentes, adecuadas, para enfrentar y resolver esta situación que afecta a todas las familias de nuestra Patria.
No se resuelve el profundo problema que nos agobia, con poderes especiales para el Presidente de la República. Poderes que lo llevarían a tomar medidas cambiarias, monetarias y fiscales, a realizar modificaciones presupuestarias, a decretar límites excesivos al derecho de propiedad, a contratar obras y servicios o a adquirir productos, sin contar con más nada que su discrecionalidad. Pero no sólo eso, es que serían medidas que no resuelven nada. Desde la Asamblea le hemos dicho que cuando presente propuestas adecuadas que realmente busquen dinamizar el aparato productivo, disminuir controles que generan corrupción, impulsar a los emprendedores, generar confianza que empuje la producción, empleo y bienestar, en ese momento lo respaldaremos con los brazos abiertos. Veo en casi todos los diputados de la Unidad Democrática esa actitud positiva, pero no vemos madurez en el gobierno de Maduro.
Cuando escuchaba los discursos de los diputados oficialistas en defensa del decreto, no dejaban de asombrarme expresiones como: “No vamos a entregarnos a la oligarquía para que destruya los logros de la revolución de nuestro comandante eterno”. “Si ustedes creen que vamos a tomar medidas neoliberales para dañar a nuestro pueblo, ¡se equivocan!” Y yo me pregunto: ¿Es que no han tomado ya demasiadas medidas que lo que han hecho es dañar a nuestro pueblo? ¿Es que por un asunto ideológico, por tozudez, van a seguir llevándonos al barranco? ¿No se dan cuenta de que las medidas que deben ser tomadas tienen que ver con el sentido común, con lo que es adecuado hacer frente a lo que está pasando? ¿No entienden que el asunto se refiere a cuestiones lógicas y no a malcriadeces ideológicas? ¿Van a llevarnos al colapso en espera de que se produzca una explosión social que nadie en este país quiere, pero que nadie puede sacar de las predicciones?
Y pregunto más ¿Están realmente dispuestos quienes nos gobiernan a un diálogo sincero a favor de la oportuna atención a esta crisis? Porque no hay forma de que haya dialogo si la intención es seguir imponiendo un modelo económico totalmente fracasado. No existe diálogo si la intención es convencer al país de que lo que se ha hecho está bien y de que hay que profundizar el Socialismo del Siglo XXI. Ya en eso no creen ni los mismos teóricos conocidos de la “revolución”. Así que es necesario que se actúe con rapidez. No se puede perder más tiempo. Esta es una especie de último llamado. Si el gobierno está realmente dispuesto a aceptar, a cambiar y a actuar en el camino adecuado, aquí estamos para acompañarlo. Pero si no termina de entender la urgencia en la que nos encontramos, si no asume su responsabilidad en los errores que ha cometido, si no se toman las medidas que todos los economistas sensatos saben que se deben tomar, antes de que ocurra una tragedia, debemos dedicarnos a buscar un pronunciamiento electoral del pueblo venezolano que acabe constitucionalmente con este gobierno y se abran las puertas de la reconstrucción nacional. Pocas horas tiene el gobierno para tomar una decisión.