Mañana, viernes 22 de enero, vence el plazo para que la Asamblea Nacional (AN) apruebe, modifique o impugne el Decreto 20.184 que aplica el Estado de Emergencia Económica en todo el país por un lapso de 60 días -prorrogable por dos meses más. Con el cual Maduro y su equipo económico pretenden salir del grave escenario económico que atraviesa Venezuela, tanto externo como interno.
Un escenario que amenaza la continuación del proyecto político y social implantado durante casi dos décadas de “revolución”.
Hasta ahora el proyecto del socialismo del siglo xxi, Plan de la Patria, no había tenido que enfrentar las consecuencias de sus políticas económicas internas (2007-08) con la caída sostenida del precio del petróleo durante 18 meses (2014-15).
La presente gestión del gobierno de Maduro se caracteriza por tener insuficientes divisas para pagar la deuda soberana e importar los bienes y servicios necesarios para asegurar los inventarios de mercancías (alimentos y medicinas). Además, por el financiamiento del déficit fiscal con bolívares inorgánicos que ha alcanzado niveles descomunales. A tal punto que el FMI (Alejandro Werner) estima para Venezuela una inflación de más de 500% este año.
El modelo económico rentista de la “revolución” no ha logrado traducirse en un flujo virtuoso productivo. Porque los dólares fruto de las exportaciones petroleras han servido para financiar la expansión del socialismo del siglo xxi en Latinoamérica (Petrocaribe, Alba, etc.). Las divisas de los préstamos chinos (Fondo Chino) para los “proyectos de infraestructura” han alimentado la corrupción. Y, el endeudamiento externo con bonos de la República y PDVSA ha facilitado el blanqueo de los capitales provenientes de la corrupción administrativa y el narcotráfico. Mientras que la demanda interna ha sido satisfecha con la monetización masiva del déficit fiscal.
Lo que a dado origen a un estado rentista-importador con notables desequilibrios estructurales en la economía.
Por lo tanto, el Decreto de Maduro que aplica el Estado de Emergencia Económica no busca resolver los problemas de escasez de alimentos y medicinas, ni la hiperinflación, ni el mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura. No crea las bases para un circulo virtuoso productivo.
Lo que busca es inhibir el rol auditor y contralor de la nueva Asamblea Nacional en las decisiones económicas del país. Porque Maduro ante la crisis externa de dólares necesita manejar a su discreción los recursos en bolívares reflejados en el presupuesto y créditos adicionales, que hasta ahora la Asamblea controlada por el PSUV los aprobaban sin ninguna discusión y contraloría.
En los últimos tres ejercicios presupuestarios, el Estado ha dispuesto de créditos adicionales equivalentes al presupuesto anual. Para el 2013 representaron 70%, en el 2014 el 92% y 2015 el 101%.
Precisamente para este año, el presupuesto aprobado por el PSUV es Bsf 1,549 billones, casi equivalente a la suma del presupuesto y créditos adicionales de 2015.
Otro aspecto fundamental en el Decreto es la capacidad del ejecutivo de disponer de bienes privados a discreción con la excusa de garantizar el abastecimiento mediante el apoderamiento de las principales cadenas de producción y distribución del país. Bajo ésta figura legal plasmada en los puntos 8 y 9 del Decreto, la intención de Maduro es, finalmente, tomar el control de las Empresas Polar. Porque la gran crisis de desabastecimiento de alimentos que se aproxima se lo permitiría.
Adicionalmente, el Decreto a través de los artículos 4, 5, 6 y 7 eliminaría las leyes que regulan las contrataciones públicas, las importaciones de bienes de consumo masivo, el manejo de los puertos y las aduanas, y la aprobación de divisas a tasas preferenciales.
Por último, el Decreto reforzaría el rol del poder comunal que según Alfredo Serrano, asesor del nuevo vicepresidente del área económica, “ha de ser pivote esencial en el nuevo orden económico, tanto en lo productivo, como en el tema distributivo y comercializador. La comuna ha de dejar de ser marginal en lo económico; la salida no neoliberal es indudablemente la salida comunal”.
Estos son los argumentos para rechazar el Decreto 20.184 publicado en Gaceta el pasado viernes, 15 de enero, y entregado a la AN para su aprobación. Porque de lo contrario significaría la autodestrucción económica de Venezuela -etapa final del modelo rentista de la “revolución”. Y sería la estrategia militar de tierra arrasada en la supuesta guerra económica de Maduro.
Director Ejecutivo de Inter American Trends @iatrends