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La primera semana con un Parlamento de mayoría opositora en Venezuela puso de manifiesto dificultades que se vislumbra seguirán horadando la cohabitación política en este país caribeño, gobernado desde 1999 por la Revolución Bolivariana.
Por Aldo Rodríguez Villouta / EFE
Esa mayoría comenzará esta semana a debatir una ley de amnistía para sacar de prisión a unos setenta llamados “presos políticos” de la Revolución, y otra para convertir en propietarios a un millón de jefes de familia beneficiados gratuitamente con casa propia y que son supuestamente chantajeados por el presidente, Nicolás Maduro.
El jefe de Estado ya ha anunciado que vetará la amnistía y se ha reído de lo segundo, recordando que hasta hace poco se le acusó de “las maquetas” de casas inexistentes en la realidad.
También, según anunció el jefe de la bancada antichavista, Julio Borges, principal denunciante de “las maquetas”, se debatirá una ley para que unos tres millones de jubilados reciban beneficios sociales y económicos reservados ahora a los asalariados.
El diputado Tomás Guanipa anunció a su vez que también debatirán leyes en busca de combatir la escasez de productos, principalmente alimentos, el alto coste de la vida y la inseguridad ciudadana.
Se trata de “leyes sociales para comenzar su discusión” en el Parlamento, una vez explicadas “en la calle”, dijo Guanipa sin aludir a la acogida que tuvieron estas asambleas populares.
También se prevé que la mayoría opositora derogue el decreto de Maduro que quitó al Legislativo la facultad de designar directores del Banco Central, que promulgó tras las parlamentarias que el 6 de diciembre eligieron a 112 diputados opositores y 55 oficialistas.
Henry Ramos Allup, el nuevo presidente del Parlamento, acérrimo opositor de Maduro y su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, se juramentó él mismo el martes y a todos los demás, pese a que el Judicial había acogido una impugnación y reducido las representaciones a 109 y 54 diputados.
El chavismo denunció el desacato ante el Supremo y le reclamó que oficialice que cualquier decisión parlamentaria sea desconocida.
El antecesor de Ramos Allup en la Presidencia del Parlamento, el chavista Diosdado Cabello, incluso advirtió del bloqueo del dinero público que financia las labores legislativas.
La mayoría opositora contraatacó abriendo una investigación a Cabello y al proceso de designación de jueces del Supremo a su cargo en una de las últimas actuaciones de los diputados cesados el lunes.
La Constitución del país no prevé que el Parlamento pueda elegir jueces, lo que sí le faculta la ley Judicial, inconsistencia que los nuevos diputados analizan subsanar promulgando una nueva ley.
Cada vez que ha sido consultado sobre la posibilidad de que esta nueva norma aumente el número de jueces y así queden en inferioridad numérica los actuales magistrados, Ramos Allup optó por el silencio.
Prefirió ser locuaz en otra área y mantiene movilizado al chavismo en la calles desde que el mismo martes ordenó retirar los retratos “falsificados” de Bolívar y los de Chávez, dárselos a su viuda e hijas o arrojarlos a la basura.
Esto desató la furia chavista y el jefe de la alianza partidista opositora, Jesús Torrealba, se disculpó en nombre de Ramos Allup.
“Aclaración: cuando deba pedir excusas por algo mal hecho lo haré personalmente. Mientras no lo haga es porque no tengo por qué pedirlas”, escribió no obstante Ramos Allup en Twitter.
Torrealba insistió hoy y dijo que lo hacía porque “lo cortés no quita lo valiente”.
“A los millones de venezolanos que aún admiran al fallecido presidente Chávez y que el pasado 6 de diciembre votaron por nosotros (y a los que admiran al presidente Chávez y que no votaron por nosotros, pero lo harán en el futuro) les decimos: Sepan que en nuestra intención jamás ha estado ofenderlos en sus sentimientos, creencias y opiniones”, subrayó.
Ramos Allup se hizo filmar mientras impartía su orden a un grupo de obreros a quienes advirtió que no quiere ver en el Palacio Legislativo sino “el retrato clásico” del prócer independentista.
El repudiado es obra del diseñador francés Philippe Froesch, residente en España, quien ideó “una falsificación mediante el uso de un software inadecuado” que “ubica a Bolívar como un afrodescendiente, cuando en realidad era un eurodescendiente”, dijo hoy el historiador Walter Márquez.
El historiador anunció una tarea parlamentaria adicional para que reforme la Ley Sobre el Uso del Nombre, la Efigie y los Títulos de Bolívar” y que así la “imagen falsificada”, obtenida tras ser exhumado de su tumba, sea descolgada en todos los despachos.
“Tengo amplia documentación que voy a demostrar ante la Asamblea Nacional que el autor intelectual, quien dirigió esa reconstrucción del rostro del Libertador que es falsa, fue Elías Jáua cuando era vicepresidente” de Chávez, dijo Márquez sobre quien ahora se cuenta entre los 55 diputados oficialistas. EFE