“Soy abogada con posgrado y doce años de carrera en la administración pública y me pagan salario mínimo”, contó. La funcionaria es parte de 3,6 millones de profesionales universitarios y técnicos superiores y medios que laboran en el sector formal de la economía y ganan un sueldo básico, que desde el 1° de noviembre está en 9.648,18 bolívares mensuales, publica El Nacional.
ANA DÍAZ
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Sara Levy, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, indicó que la alta inflación ha depreciado mucho el salario, que no cubre las necesidades básicas del trabajador y su familia. “Un profesional recién graduado debe ganar en este momento 100.000 bolívares mensuales para adquirir la canasta básica”, destacó.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que la cesta básica familiar alcanzó en septiembre 97.291,86 bolívares, equivalentes a 13 salarios mínimos que para esa fecha estaba en 7.421,68 bolívares.
Levy insistió en que el salario debe ser suficiente y que no se gaste mayoritariamente en comida y otras necesidades fundamentales que dejan de lado la recreación y la adquisición de una vivienda, electrodomésticos o un automóvil.
La caída del poder adquisitivo, que según economistas se sitúa en 40% este año frente a 2014, precariza el salario. La situación, a juicio de la docente de la UCV, se debe a que “el gobierno no cumple su obligación de lograr la estabilidad macroeconómica para la población al empeñarse en imponer un modelo socialista que fracasó”.
La abogada consultada, que prefirió no dar su nombre, indicó que el ministerio donde trabaja vende de vez en cuando alimentos de la cesta básica como “una ayuda”, pero no le pagan horas extras y las primas de profesionalización y antigüedad representan solo 2.000 bolívares adicionales al mes. Agregó que tiene HCM, pero no le cubre las consultas: “Eliminé las citas médica anual ginecológica y la del dentista porque no puedo costearlas”.
Una profesional de otro organismo público, que también se acogió al anonimato, refirió que su ingreso mensual es de 22.000 bolívares incluido sueldo, bono de alimentación y primas de antigüedad y profesionalización. “Tenemos HCM y un monto mensual para medicinas, pero el dinero no alcanza por lo cara que está la comida. Además, debo pagar los gastos de mi hija que estudia en el interior del país… Gracias a Dios tengo casa propia. Este año no renové el seguro del carro porque no puedo pagarlo. Al auto debo reponerle los cauchos y no sé cómo lo haré porque agoté la tarjeta de crédito”, dijo.
Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, citó cálculos nada alentadores proporcionados por economistas y asesores laborales: “De los 7,5 millones de trabajadores del sector formal público y privado, 70% (5,25 millones de personas) gana salario mínimo o un poco más”.
El sindicalista añadió que de la población laboral mencionada, 3,6 millones son profesionales universitarios, técnicos superiores y técnicos medios que “en otros países están en el tope de las escalas salariales”.
Destacó que el gobierno incumple el mandato de la Constitución en su artículo 91, el cual establece que el Estado garantizará a los trabajadores del sector público y privado un sueldo mínimo vital que será ajustado cada año y tomará como referencia el costo de la canasta básica.
“Cuando hace cuatro meses me llamó la empresa con un sueldo de 22.000 bolívares mensuales más el ticket alimentación me pareció un salto importante luego de ganar salario mínimo”, expresó Jesús Rodríguez, técnico en computación egresado en 2013. Ese ingreso más el de su pareja (que trabaja por contrato porque no ha conseguido empleo fijo) es prácticamente para comprar comida porque ya cancelaron las idas al cine y comer en un centro comercial. “Vivimos con nuestros padres. Comprar una vivienda es imposible y tener un hijo ni siquiera nos lo planteamos”, agregó.
Buscar fórmulas conjuntas
El desabastecimiento y el alza de precios de los alimentos y productos de primera necesidad afectan fuertemente el poder de compra de los trabajadores, lo cual implica buscar fórmulas que contengan la depreciación del ingreso, señalaron fuentes del sector laboral.
Pedro Ramos, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que con los niveles de inflación trabajadores han planteado a los empleadores mejoras económicas para poder adquirir los bienes y servicios elementales: “Los contratos colectivos en discusión o ya firmados son la vía para concertar esos acuerdos mediante la revisión de las cláusulas salariales y de beneficios socioeconómicos”.
Maryolga Girán, asesora de Conindustria, afirmó: “Las empresas están preocupadas por la inflación y su impacto en los salarios, y buscan mecanismos compensatorios, dentro de sus posibilidades, para los trabajadores”.
Agregó que las soluciones no son fáciles con el control de precios y la restricción de divisas para que el sector privado pueda importar la materia prima necesaria y mantener la producción.
LAS CIFRAS
179,5%
es la inflación acumulada anual registrada en septiembre pasado, según fuentes allegadas al BCV
283,3%
aumentó el costo de la canasta básica familiar entre septiembre de 2014 e igual mes de 2015, de acuerdo con el Cendas