Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaron hoy su preocupación ante lo que consideraron un intento de “golpe de Estado” en contra de su colega brasileña, Dilma Rousseff, y anunciaron que iniciarán un proceso de consultas. EFE
Los gobernantes hablaron del tema durante una reunión bilateral en el pueblo de Tiquipaya, en la región de Cochabamba (centro), donde el lunes ambos asistieron a la clausura de un foro social sobre cambio climático organizado por el Gobierno de Bolivia.
Tras el encuentro de hoy, Maduro señaló que ven “con mucha preocupación y alarma” la situación en Brasil.
“Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación y vamos a iniciar un conjunto de consultas porque parece anunciarse en Brasil con una nueva modalidad un golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular”, sostuvo el mandatario venezolano.
Ambos se referían a las numerosas solicitudes de juicio político de Rousseff presentadas por partidos opositores y particulares a la Cámara de Diputados, como establece la constitución brasileña.
Hasta ahora ninguna de esas solicitudes ha sido aceptada por el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, quien alegó que carecían de “fundamentos jurídicos”.
Según Maduro, ha costado mucho “que se levanten los movimientos populares y sean gobiernos del pueblo y para el pueblo” en los países latinoamericanos y ahora “hay una arremetida contra todos los procesos progresistas” en la región.
Agregó que los presidentes del bloque bolivariano ALBA no se quedarán callados “frente a un intento de golpe de Estado en Brasil ni en ningún lugar de América Latina y el Caribe”, sino que se manifestarán “con voz clara y abierta para apoyar al movimiento popular y al pueblo de Brasil”.
Brasil está inmerso en una crisis económica, agravada por grandes escándalos de corrupción como el que afecta a la petrolera estatal Petrobras, en el que las investigaciones implican políticos del oficialismo y fuerzas aliadas, además de funcionarios y empresarios.
En estos días se definirá en la Cámara de Diputados brasileña la posibilidad de enjuiciar a la presidenta Rousseff por unas supuestas maniobras realizadas por su Gobierno para maquillar los resultados fiscales correspondientes a 2014, cuando fue reelegida para el nuevo mandato que comenzó el pasado 1 de enero.