La CIDH expresó hoy su preocupación por las señales de que México no le permitirá interrogar a los soldados que estaban destacados en la zona cuando desaparecieron 43 estudiantes en Ayotzinapa (Guerrero), y aseguró que quienes deben tomar esa decisión son “las autoridades civiles” y no las militares.
EFE
El secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, dijo este lunes que los soldados que estuvieron en la zona cuando se produjo la desaparición en septiembre de 2014 “no tienen por qué declarar” ante el grupo de expertos de la CIDH que investiga los hechos, porque solo responden ante “las autoridades mexicanas”.
Preguntado al respecto, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, aseguró hoy que esa posición mostrada por Cienfuegos “no es usual” y que le “llamó la atención”.
“Por supuesto que preocupa que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso” a los militares, afirmó Álvarez Icaza en una conferencia de prensa en Washington.
Añadió que la Comisión “va a insistir en que el grupo tenga acceso al batallón de Iguala” porque “considera que es una entrevista que se tiene que hacer, y así lo ha respaldado el alto comisionado” de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Entiendo que quienes mandan son las autoridades civiles en México, en su caso tendría que ser el presidente de la República quien tome la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen de que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos que entonces las palabras del secretario de Defensa son las últimas”, sostuvo Álvarez Icaza.
La CIDH tendrá en cuenta ese tipo de “garantías para que el grupo de expertos pueda ejercer su trabajo” a la hora de decidir si extiende o no el mandato de ese colectivo dedicado al caso de Ayotzinapa, que expira el próximo 31 de octubre, añadió.
Durante su próximo periodo de sesiones, que se celebra del 17 al 28 de octubre, la Comisión decidirá si extiende ese mandato y por cuánto tiempo, según Álvarez Icaza, que recordó que el Gobierno mexicano ha planteado que se amplíe por seis meses y los familiares de las víctimas quieren que se prolongue indefinidamente.
Álvarez Icaza valoró también las conclusiones que ha aportado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos respecto al caso de Ayotzinapa, y afirmó que están “en la misma frecuencia” que la CIDH.
“Queda muy claro que las instancias internacionales tienen un diagnóstico compartido sobre lo que ha pasado en México. Lo que esperamos del Gobierno de México es que encabece la indignación ante una situación grave de violaciones de derechos humanos”, agregó.
El próximo 20 de octubre, la CIDH celebrará una audiencia pública en Washington para dar seguimiento al informe presentado en septiembre por el grupo de expertos.
Ese informe denuncia irregularidades en la investigación y cuestiona la versión oficial del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en un basurero.
A la audiencia asistirán los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, además de representantes de los familiares de las víctimas y funcionarios del Estado de México, según Álvarez Icaza.