Si algo le ha hecho profundo daño a nuestro país es la actitud centralista de este Gobierno, la cual lamentablemente ha sido asumida por muchos gobiernos anteriores. En general, quienes alcanzan la presidencia de la república, aunque en su mayoría provengan de la provinciay sean testigos y víctimas de los procesos centralistas, se niegan a asumir la descentralización como política de Estado. No importa que laConstitución la promueva o la institucionalice. Lo que a ellos importa y ha importado es que no están ganados a transferir competencias y recursos porque sienten que eso constituye una pérdida de poder que no están dispuestos a asumir. Caen entonces en ese error que los degrada como gobernantes. Porque los gobernantes se deben al pueblo, a la sociedad. Y una gestión pública lo que debe hacer es lograr que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Si la descentralización se basa en poner la solución de los problemas donde éstos se producen, es obvio que debe ser respetada por todos.
Desde la Asamblea Nacional es mucho lo que se puede hacer para respetar la Constitución y profundizar un proceso de descentralización que tanta falta le hace a Venezuela. Debemos comenzar por sancionar una ley de transferencia de competencias del poder público nacional hacia estados, municipios y comunidades organizadas. Este es un país con un Estado federal descentralizado. Entonces es imprescindible que eso se concrete con una ley que dé a esas entidades estadales, municipales y vecinales las competencias y recursos que les corresponden. Para esto deben ser revisadas también las leyes del Poder Popular, las cuales pisotean los principios de ese estado federal que estableció el constituyente. El parlamento debe adecuar la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno a lo que sobre su funcionamiento prevé la Constitución Nacional. En la actualidad, esa ley ha desnaturalizado a una institución que se creó para la descentralización y que hoy es sumisa al Presidente de la República. Hay que sancionar de nuevo la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para estados Mineros y Petroleros. Esa fue una reivindicación por la que luchó Arias Cárdenas antes de su repudiable metamorfosis. Otra ley que ha pasado por diversas vicisitudes y que debió entrar en vigencia durante el año 2000, es la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal. Tenemos que concentrarnos en la discusión de ese proyecto de ley que logrará nuevas fuentes de financiamiento y fortalecimiento de las entidades estadales. Debemos, además, revisar el concepto de situado constitucional y legislar para que el 20% previsto en la constitución sea aplicado a todos los ingresos de la república. Este Gobierno nacional ha robado gran parte de ese situado a través de fondos inconstitucionales administrados discrecionalmente por el Presidente de la República y a través de evasiones como las que operan desde PDVSA.
Estas son algunas de las actuaciones que, en materia legislativa, debemos desarrollar desde la nueva Asamblea Nacional con la finalidad de cumplir la Constitución Nacional y de lograr el objetivo de cualquier instancia de Gobierno: pensar en la gente, trabajar para la sociedad, ofrecer oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento a los integrantes de las diversas comunidades. La Venezuela que tenemos sólo tiene futuro si todos logramos asumir que vamos por mal camino y que tenemos que producir los cambios necesarios para enrumbarnos al progreso de todos y de la nación en su conjunto. Mantener las políticas centralistas de este Gobierno es sucumbir a la ineficiencia y a la corrupción. En Caracas, ojos que no ven corazón que no siente. Así que debemos tener un Gobierno nacional que diseñe políticas públicas, que dirija las relaciones internacionales, la seguridad y defensa de la nación, que edifique las grandes obras públicas. Pero debemos tener gobernaciones y alcaldías que tengan el control de las competencias que les da la Constitución, así como comunidades organizadas comprometidas con su propio desarrollo. Todos somos responsables de la construcción de este gran país.