El Gobierno de Perú promulgó la ley, aprobada la semana pasada por el Congreso, que autoriza el derribo de avionetas usadas por el narcotráfico, según la publicación de la norma hoy en la gaceta oficial.
EFE
La interceptación y derribo de aeronaves en territorio peruano fue suspendida en 2001, tras los errores cometidos en un operativo contra una avioneta de misioneros estadounidenses que causó la muerte de una mujer y su bebé.
La nueva Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional establece los principios y normas para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo, de conformidad con la Constitución, la legislación peruana, los tratados de los que el Perú es parte y otras normas de derecho internacional.
Según la ley, es considerado un acto hostil la violación del espacio aéreo peruano con fines ilícitos, la amenaza contra instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos esenciales, la población, sus recursos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
La nueva ley autoriza a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a derribar las aeronaves sobre las que exista evidencia o sospecha razonable de estar siendo empleadas para el tráfico ilícito de drogas o transporten bombas, armas de fuego, materiales explosivos, armas biológicas o artefactos explosivos biológicos.
La norma establece declarar “aeronave hostil” a la que desacate las instrucciones o no ejecute las medidas de persuasión emitidas por las aeronaves interceptoras de la FAP.
Además, será considerada “hostil” la aeronave que no respete los corredores establecidos por las autoridades aeronáuticas o esté volando a una altura no menor de 3.000 pies, en un radio de 40 millas náuticas, entre un listado de situaciones, que incluyen la sospecha de estar siendo empleadas para el narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Emiliano Apaza, explicó, el pasado 20 de agosto, que las fuerzas armadas detectaron entre mayo y agosto de este año el ingreso de 222 vuelos irregulares en territorio peruano y que cada una de esas naves transportó unos 350 kilos de droga.
Apaza añadió que el Estado peruano invierte cada año 27 millones de soles (8,4 millones de dólares) en los operativos de destrucción de las pistas clandestinas y que, con la nueva ley, esos recursos podrán ser destinados a ayudar a las fuerzas armadas.
De los 320.000 kilos de cocaína que se presume se producen en Perú, citando informes de Naciones Unidas, 180.000 kilos son llevados al exterior por vía aérea a través de Bolivia, otros 120.000 salen por barco y 20.000 kilos van por tierra, según explicó, por su parte, el legislador Carlos Tubino, autor de la ley promulgada.