Las llamadas zonas de paz en Venezuela surgieron como iniciativa para disminuir la cifra de homicidios y bandas criminales en las zonas populares, recordó el sociólogo Luis Cedeño, quien puntualizó que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz habla de 62 muertes violentas por cada 100 mil habitantes “cuando antes se hablaban de 52 ó 54, es decir, no se cumplieron los objetivos de las zonas de paz”.
El Gobierno de Nicolás Maduro activó el 13 de julio un nuevo “mecanismo especial seguridad” llamado Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), el cual es calificado por el defensor de los derechos humanos de Provea, Inti Rodríguez, como una medida que lejos de reducir la inseguridad en el país, generará más problemas.
“Por la ausencia de poderes en Venezuela, la impunidad se convierte en el modelo de esta sociedad y desde luego los altos índices de violencia jamás podrán ser combatidos así”, opinó Rodríguez, quien aconsejó al Ejecutivo que busque reducir la criminalidad con respeto a los derechos humanos de los delincuentes.
Rodríguez habla de considerar los derechos humanos de los antisociales porque, en el operativo realizado en la Cota 905, en Caracas, “apenas 12 armas fueron decomisadas. Entonces un Ejército de ocupación, lejos de atrapar a los delincuentes, terminó siendo una violación a los derechos”, por la manera abrupta en la que irrumpieron a los hogares, señaló.
Para Cedeño, estas nuevas medidas del Gobierno venezolano para erradicar la inseguridad son electorales, porque da créditos en la opinión pública “Esto es básicamente reactivo. Las zonas de paz se le fueron de las manos al gobierno”.
Nota de prensa