Diputados y concejales del área metropolitana de Caracas miembros de Voluntad Popular, VP, acudieron esta mañana a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, DEM, ubicada en Chacao, para entregar un documento donde exigen al organismo público que investigue los tribunales y jueces que llevan las causas de los 75 presos políticos que existen actualmente en el país.
El concejal Rafael Del Rosario, coordinador de VP en Chacao, explicó que “los presos políticos, aceptados como tal, inclusive por miembros del gobierno o sus partidarios, son venezolanos que merecen, como mínimo, gozar de los derechos previstos para cualquier persona detenida o apresada por los organismos judiciales, sin distingo de raza, color, género, religión o ideología política”.
Del Rosario, en compañía de los concejales Alfredo Jimeno (Chacao), Luis Somaza (Baruta), Edmundo Rada (Sucre) y el candidato a diputado por el circuito #4 del estado Miranda Gilber Caro, entregó un documento en la DEM en el cual reclaman respeto al Debido Proceso y sus garantías judiciales, tal como los ordena la Constitución y los tratados internacionales a los cuales Venezuela está suscrita.
En el documento solicitan a la DEM puntualmente: El cese al secuestro del poder judicial; que sean debidamente procesados los jueces que incurran en dilación procesal, y en cualquier omisión a los principios procesales, puesto que la justicia debe ser expedita tal y como lo establecen la Constitución y las leyes de la República, incluyendo el Código de ética del Juez; y el cese a la persecución y hostigamiento a los defensores de los Derechos humanos.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, tiene como finalidad ejercer por delegación las funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia del Poder Judicial”.
“Hemos evidenciado durante todo este tiempo que los jueces y los tribunales en los cuales están las causas de más de 75 presos políticos en el país, presentan retardo procesal, violación al debido proceso, obstrucción a la justicia, falta de celeridad y violación de derechos humanos, entre otras”, aseguró Del Rosario.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla la protección y garantías judiciales que deberían ofrecer a estos presos políticos juicios justos y respeto al debido proceso. En este sentido, el Artículo 23 señala que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno”.
Casos emblemáticos Del Rosario acotó que en el caso de Leopoldo López se ha violado flagrante y públicamente el derecho a la defensa. “La juez Susana Barreiro no le ha permitido a la defensa presentar testigos”.
Igualmente, hizo mención de la situación del dirigente de la parroquia San Agustín, Gilberto Sojo, el cual, argumentó, fue secuestrado de una manera baja y humillante, se le engañó con el reclamo de un premio de un teléfono celular.
“Hoy, Sojo se encuentra abandonado, depositado en una celda de la cárcel política como lo es el Helicoide. Por otro lado, Rosmit Montilla, es un joven venezolano que está preso desde hace un año, sin que el Estado tenga alguna evidencia en su contra”.
Dijo también que estos son casos emblemáticos, pero “existen más de 75 casos más por lo que exigimos a los responsables de abrir los expedientes administrativos y de investigación en la sede de Magistratura que cumplan con su deber. Respeto al debido proceso, a la defensa y a las garantías judiciales. No exigimos más de lo que la misma ley y la Constitución establecen”.
De igual forma, agregó que “estamos acá para ratificar nuestro petitorio que comenzó el 11 de junio con la solicitud de la fecha de las elecciones parlamentarias”.