La disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana por las aguas de la costa de Esequibo, donde en mayo Exxon Mobil descubrió un yacimiento petrolífero, debe resolverse de manera jurídica y no política, porque implica una delimitación marítima, según coinciden en apuntar a Efe diversos expertos.
“El conflicto entre Guyana y Venezuela es por una delimitación marítima, no es un conflicto político”, dijo a Efe Paz Zarate, especialista chilena en Derecho Internacional, vía telefónica desde Oxford, Inglaterra.
Según Zarate, hay factores “históricos, geográficos y energéticos” que dificultan la vía diplomática para solucionar esta disputa de más de un siglo de antigüedad sobre este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, muy rico en recursos naturales.
El litigio se remonta a la época en que Guyana era colonia británica y está bajo mediación constante por Naciones Unidas desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 por ambos Estados.
El pasado 20 de mayo, la petrolera Exxon Mobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en el área tras un proyecto de exploración valorado en 200 millones de dólares que fue acordado con el Gobierno de Guyana, lo que ha revivido el conflicto.
Una semana después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un decreto que establecía como venezolanas todas las aguas del Atlántico frente a la costa del Esequibo, lo que aumentó las tensiones.
El pasado 6 de julio, enmendó el decreto y firmó una ley sobre asuntos limítrofes para crear “zonas de defensa integral” para los espacios marítimos.
“Maduro ha dado un paso muy importante porque en ese nuevo decreto reconoce que tiene limitaciones pendientes”, dijo Zarate, quien interpretó que eso significa que “se está preparando para una controversia jurídica”.
Según la experta, que ha llevado seis casos de materia fronteriza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), “esta no es una disputa que pueda resolverse de manera política por su complejidad técnica” y advirtió que el proceso puede ser “muy largo (de cinco a diez años) y costoso”.
Lajos Szászdi, experto en relaciones internacionales, aseguró igualmente a Efe que recurrir a la CIJ “sería lo ideal”, pero advirtió que “no es una garantía de que se haga justicia” porque Guyana estaría apoyada por Reino Unido y la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros organismos internacionales, y eso “ejercería influencia” en la decisión.
En su opinión, Venezuela “explotará todos los recursos diplomáticos a su alcance” antes de acudir a la CIJ y no descartó que realice “medidas de demostración de fuerzas militares” si Guyana “sigue ignorando sus protestas”.
El director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Larry Birns, explicó a Efe que aunque la tensión ha aumentado, a corto plazo esta situación “no es preocupante” porque tanto Venezuela como Guyana “tienen otros asuntos importantes que atender”.
Szászdi recordó que fue el acuerdo de 1899 el que inicialmente establecía la región del Esequibo como parte de la Guyana Británica pero defendió que “carece de legitimidad” porque el área era parte de la Venezuela colonizada por España desde antes de que declarara su independencia en 1811.
“Fue un acuerdo político, no basado en el derecho internacional, por ende, no fue imparcial”, dijo Szászdi.
En 1899 un tribunal parisino emitió el conocido como Laudo Arbitral de París, dando la razón a Reino Unido, que basaba su reclamo en un mapa de 1840 cuya línea fronteriza con la antigua colonia española llegaba hasta las bocas del río Orinoco.
Venezuela argumentaba en cambio que la frontera debía pasar por la línea media del río Esequibo, por lo que protestó el laudo durante décadas hasta que fue admitida su protesta por la ONU, lo que llevó a la firma del Acuerdo de Ginebra.
Ese acuerdo está vigente aún, pese a que era transitorio y básicamente instaba a las partes a llegar a un acuerdo final satisfactorio para ambas, contando con que el secretario general de la ONU podía mediar si las partes “fallaban en las negociaciones”.
“Esto va más allá de Exxon Mobil, porque se trata de un área muy grande”, dijo Zarate, quien añadió que si la disputa llegara a un foro judicial internacional, “es muy posible que la exploración o explotación se paralizara hasta que se resuelva”.
A su juicio, es poco probable que este conflicto por delimitación marítima alcance proporciones bélicas porque “en América Latina, desde los 80 la gran mayoría de los conflictos de delimitación marítima o territorial no escalan a nivel armado”.
Natalia Bonilla/EFE