El caso de la jueza María Lourdes Afiuni y los supuestos malos tratos que sufrió en prisión enfrentaron hoy a la delegación venezolana que compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con los expertos que la forman.
Venezuela se sometió ayer y hoy al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Durante su intervención de hoy, el experto Nigel Rodley, reconocido jurista, criticó “la clara negación de la jefa de la delegación sobre los malos tratos sufridos por la juez Afiuni”.
“Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de fiscal general ni con las normas de la ONU”, agregó Rodley.
El experto se refería a los comentarios la víspera de la fiscal general de Venezuela, y jefa de la delegación, Luisa Ortega Díaz, quien negó que Afiuni hubiera padecido abusos durante el tiempo que pasó en prisión.
María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido en prisión preventiva.
La magistrada fue acusada después de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) la llamara “bandida” y pidiera para ella la máxima pena de prisión.
Hasta ahora su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de Naciones Unidas.
Afiuni ha denunciado en reiteradas ocasiones que durante el tiempo de reclusión fue violada y abusada sexualmente.
“Ella misma, a través de sus abogados, confirmó ayer mismo, que sufrió abusos psicológicos y físicos, incluido violación y asalto sexual, estoy sorprendido porque la delegación lo niegue”, agregó Rodley.
Cuando fue el turno de respuesta, Ortega lamentó “el modo en el que algunos miembros han abordado el diálogo” y acusó al Comité de “ser un tribunal”.
“Lamentamos que este foro se convierta en un espacio para difundir sus verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida”, acusó Ortega.
Dicho esto, la fiscal general indicó que la juez fue “procesada por corrupción, abuso de autoridad, y fomento a la evasión”, e insistió en que en Venezuela se respetan los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.
Ante esta acusación, el presidente del Comité, Favián Omar Salvioli, tuvo que intervenir y recordar que los miembros del Comité tienen el mismo respeto por Venezuela que por el resto de países que se someten a su escrutinio.
“Tal vez como hace 15 años que no participan en el examen han perdido la habitualidad de cómo es el diálogo con todos los países”, afirmó Salvioli.
Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciando las irregularidades del caso de Afiuni, y las nefastas repercusiones que ha tenido, dado el miedo de fiscales y magistrado a acusar o sentenciar en contra de los deseos del Gobierno por temor a las represalias contra su persona.
El experto Konstantine Vardzekashivi denunció la alta tasa de eventualidad entre fiscales y jueces, lo que hace cuestionarse sobre su independencia.
Por otra parte, el experto Yuval Shany pidió explicaciones a la delegación sobre la libertad de expresión en el país, sobre la norma que permite retirar concesiones de radio y televisión bajo el argumento de que las emisiones son contrarias al interés público, y sobre la multa a Globovisión.
El encargado de responder fue el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, quien dijo que la multa a Globovisión estuvo justificada por su “manipulación de la realidad”, y que este era el único caso en que se ha impuesto una multa a un medio de los 26 expedientes abiertos en la última década.
“En Venezuela nunca antes ha habido tanta libertad de expresión”, concluyó Castillo.
Tras acusaciones de parcialidad y politización del Comité, Salvioli tuvo que intervenir de nuevo y dijo “que de ninguna manera este Comité está politizado ni nado que se le parezca”.
Por su parte, Olivier de Frouville indicó: “Si se nos acusa de complot al Comité no quiero pensar lo que les pasa a los nacionales que critican al Gobierno”. EFE