En detalle: La ONU alienta al Defensor del Pueblo a que hable “alto y claro” y sin prejuicios

En detalle: La ONU alienta al Defensor del Pueblo a que hable “alto y claro” y sin prejuicios

RedInstituciones NacionalesdeDDHH

 

El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,  recomendó, en el “Informe y recomendaciones del período de sesiones del Subcomité de Acreditación” realizadas en Ginebra (Suiza) del 16 a 20 de marzo de 2015 y que fuera difundido ayer, rebajarle a la Defensoría del Pueblo la acreditación como institución a “clase B” sin en el plazo de un año no demuestra su “continua conformidad con los Principios de París”.  El subcomité alega para proponer la rebaja de la calificación que la Defensoría, tanto su acción como omisión “repercute en la imparcialidad e independencia” de ese organismo y, por ende, “ha visto comprometida” su misión de “promoción y protección de los Derechos Humanos”.





De conformidad con el Reglamento del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (CIC), el Subcomité de Acreditación (el Subcomité) tiene el mandato de examinar y revisar las solicitudes de acreditación, de renovación de la acreditación y de revisiones especiales y de otra índole recibidas por la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales (SINMR) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en calidad de Secretaría del CIC, y de formular recomendaciones a los miembros de la Oficina del CIC sobre la conformidad de las instituciones solicitantes con los Principios de París . El Subcomité evalúa el cumplimiento de los Principios de París en la teoría y en la práctica.

De conformidad con los Principios de París y las Normas de Procedimiento del Subcomité del CIC, las distintas clases de acreditación que utiliza el Subcomité son:

  • A: Conforme con los Principios de París;
  • B: No guarda plena conformidad con los Principios de París o la información presentada es insuficiente para tomar una decisión;
  • C: Sin estatus – No conforme con los Principios de París.

 

En su informe sobre Venezuela, Subcomité de Acreditación “alienta al actual Defensor a que hable alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela de un modo equilibrado, sin prejuicios, objetivo e imparcial para demostrar que la Defensoría del Pueblo es independiente y se preocupa por la promoción y protección de los derechos de todas las personas en Venezuela

Lea a continuación, en detalle, lo que escribió  Subcomité de Acreditación sobre la Defensoría del Pueblo de Venezuela

 

4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS – Revisiones con arreglo al artículo 16.2 del Reglamento del CIC 4.1

Venezuela: Defensoría del Pueblo Recomendación: El Subcomité recomienda que se rebaje la categoría de la acreditación de la institución a clase B. De conformidad con el artículo 18.1 del Reglamento del CIC, la recomendación de rebajar la clase de acreditación no tiene efecto durante un plazo de un año. El Subcomité señala que la Defensoría del Pueblo mantendrá su acreditación de clase A hasta su primer período de sesiones de 2016. Esto da una oportunidad a la Defensoría para que facilite la prueba documental necesaria para establecer su continua conformidad con los Principios de París.

El Subcomité recibió información, tras la renovación de la acreditación de la Defensoría en mayo de 2013, en la que se suscitaban preocupaciones acerca de que esta no estuviera operando en plena conformidad con los Principios de París.

En marzo de 2014 el Subcomité decidió realizar una revisión especial de la clase de acreditación de la Defensoría del Pueblo en su segundo período de sesiones en octubre de 2014.

Entre esas preocupaciones se mencionaban las siguientes: – medidas adoptadas o ausencia de estas, y declaraciones hechas o ausencia de estas de la Defensoría durante la actual situación de inestabilidad y las protestas que tuvieron lugar en Venezuela; y – tweets enviados desde la cuenta de la Defensoría y la cuenta personal de Twitter de la Defensora.

El Subcomité decidió además en marzo de 2014 que consideraría únicamente sucesos ocurridos y cuestiones que hubieran surgido desde el examen de la renovación de la acreditación de la Defensoría en mayo de 2013.

El Subcomité informó a la Defensoría de que en caso de que recibiera más información, esta se comunicaría a la Defensoría. La revisión especial de la Defensoría se programó para el período de sesiones del Subcomité de octubre de 2014. Sin embargo, sobre la base de la correspondencia recibida del Presidente del CIC, el Subcomité recomendó que la revisión especial se aplazara hasta su primer período de sesiones en marzo de 2015.

En lo que respecta a la revisión especial, el Subcomité preguntó a la Defensoría sobre las medidas adoptadas o la ausencia de estas, las declaraciones hechas o la ausencia de estas durante la situación inestable y las protestas que tuvieron lugar en Venezuela, así como sobre los tweets enviados desde la cuenta de la Defensoría y la cuenta personal de Twitter de la Defensora. Los mencionados tweets contienen lo siguiente:

– el 27 de julio de 2013 la Defensora dijo en su cuenta personal de Twitter que la Defensoría es “hija del Comandante Chávez”;

– en agosto de 2013 la Defensora asistió a la presentación del informe de Venezuela al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como parte de la delegación del Gobierno y comentó en su cuenta de Twitter: “Nuestra delegación para presentar el Informe contra la Discriminación ante Naciones Unidas la preside el Ministro Héctor Rodríguez” y “Participan también en Naciones Unidas Viceministerio de Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores. Sólida delegación gubernamental!”;

– el 9 de octubre de 2013 la Defensora envió un tweet en el que dijo “Nuestra Institución de Derechos Humanos respalda la defensa que emprende Nicolás Maduro de nuestras conquistas”.

El Subcomité también tuvo en consideración las siguientes acciones:

– en una entrevista realizada en septiembre de 2013, se preguntó a la Defensora “¿es usted Chavista?”, a lo que respondió: “Sí. Yo, tal vez, estaría en una universidad dando clases, si no hubiese escuchado al presidente Chávez haciéndonos ese llamado a transformar la sociedad, convocarnos a una nueva Carta (constitucional) (…) me considero parte de este pueblo, y este pueblo amó a ese líder que vino a cambiar el orden de las cosas, que vino a darnos lecciones con hechos, con su ejemplo, con su proceder”; en la misma entrevista, tras referirse a sus sentimientos tras la muerte del Presidente y a sus enseñanzas, concluyó: “y por esa razón, digo ¡soy chavista!”;

– durante una entrevista realizada el 8 de marzo de 2014 que tuvo amplia difusión por distintos periódicos como El Nacional y El Universal, la Defensora dio una definición de la tortura y declaró que la tortura se utilizaba con la única finalidad de obtener información;

– el representante de la Defensoría del Pueblo en el estado de Guárico, refiriéndose a una conferencia cívico-militar convocada por el Gobernador de ese estado, dijo: “La Gobernación del estado (Guárico) siempre ha estado presta a colaborar en tan importantes jornadas, como lo son esas de tipo cívico militar, donde el principal beneficiado es el pueblo soberano, tal y como lo quieren Nicolás Maduro, Rodríguez Chacín (Gobernador de Guárico) y el Gigante Hugo Chávez expresó”

– tras las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de febrero de 2014, en las que instaron al Gobierno de Venezuela a velar por el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica y garantizar que los agentes del orden público actuaran de forma acorde con las normas internacionales, la Defensoría declaró que había motivos razonables para creer que la mayoría de las detenciones se habían realizado en situaciones de violencia y que los detenidos habían sido sorprendidos en flagrante delito.

– en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo en relación con la libertad de expresión y de reunión pacífica en Venezuela, la Defensoría declaró que esas preocupaciones no se basaban en información verificada y que las declaraciones realizadas reflejaban una aparente mala interpretación de la situación en Venezuela.

El Subcomité también observó que la Defensoría no hizo declaración alguna sobre cuestiones críticas de derechos humanos en el país, entre ellas las siguientes:

– juicios de civiles en tribunales militares;

– juicios penales de líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de huelga y protesta;

– amenazas del Presidente Nicolás Maduro de incoar procedimientos penales contra líderes sindicales;

– la retirada de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

– el incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana en nombre de víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela;

– la detención continua de la juez María Lourdes Afiuni;

– la detención continua de Leopoldo López y sus denuncias de haber sido torturado;

– la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de febrero de 2014, en la que instó al Gobierno de Venezuela a velar por el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica y garantizar que los agentes del orden público actuaran de forma acorde con las normas internacionales, declaración que estaba en sintonía con la que había realizado el Secretario General unos días antes;

– las preocupaciones expresadas por el actual Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 2014 respecto de la detención de manifestantes, entre ellos Leopoldo López, cuya detención fue considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

En respuesta a las preocupaciones manifestadas por el Subcomité, la Defensoría respondió lo siguiente:

– En marzo de 2014 la Defensoría publicó el informe Febrero 2014: Golpe a la Paz, en el que se describía la situación de los derechos humanos en el país, especialmente tras las manifestaciones de febrero de 2014.

De acuerdo con el informe, la Defensoría había:

  • realizado alrededor de 600 intervenciones, incluidas visitas diarias a centros de salud, centros de detención, tribunales e instituciones dañadas por los disturbios;
  • entrevistado a personas heridas;
  • solicitado información de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del ministerio público;
  • acompañado a familiares de víctimas;
  • formulado recomendaciones a los poderes públicos (Presidente de la República, poder judicial, ministerio público, autoridades locales, fuerzas de seguridad, sociedad civil y medios de comunicación);
  • realizado un seguimiento de la situación de personas detenidas; o entrevistado personalmente a 1.908 presos para obtener información sobre su situación; y
  • llevado a cabo un programa de vigilancia para comprobar si las actuaciones de las fuerzas de seguridad se habían ajustado al marco jurídico vigente, con las debidas garantías.

– La Defensoría del Pueblo consideró que los informes de las ONG y los comunicados de prensa eran exagerados y estaban motivados por intenciones políticas contra el Presidente y el Gobierno, y también con un propósito de incitación al odio.

El Subcomité reconoce que las medidas adoptadas o la ausencia de estas, que motivaron su decisión de realizar una revisión especial, fueron resultado de actuaciones y declaraciones hechas o la ausencia de estas por la antigua Defensora. Sin embargo, el Subcomité es de la opinión de que la gravedad de tales acciones e inacciones repercute en la imparcialidad e independencia reales o percibidas de la Defensoría del Pueblo como institución, Como resultado, el Subcomité es de la opinión de que la capacidad de la Defensoría para llevar a cabo su mandato de promoción y protección de los derechos humanos, en conformidad con los Principios de París, se ha visto comprometida.

El Subcomité opina asimismo que las actuaciones y omisiones de la Defensoría son reflejo de una cultura institucional que puede afectar tanto a su credibilidad como al grado de confianza del público en ella, lo que hace que las personas se desanimen a dirigirse a la institución. Esa cultura también puede menoscabar la confianza de su propio personal, y como resultado de la conducta de la Defensoría, la institución puede no percibirse como independiente del Presidente y del Gobierno y sí percibirse como demasiado tolerante en relación con las cuestiones de derechos humanos que han suscitado preocupaciones por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos humanos y el Parlamento Europeo. Informe del Subcomité de Acreditación del CIC

El Subcomité admite que en diciembre de 2014 se nombró un nuevo Defensor. Sin embargo, el Subcomité es de la opinión de que la Defensoría en calidad de institución continúa siendo responsable de las acciones e inacciones de la antigua Defensora.

El Subcomité dio al nuevo Defensor la oportunidad de responder a las cuestiones de preocupación que propiciaron la decisión de realizar una revisión especial.

Además, el Subcomité invitó al Defensor a aportar sus opiniones, en su capacidad de jefe de la Defensoría del Pueblo, respecto de las siguientes cuestiones: el contenido de la Resolución 0086104 (que regula las actuaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en relación con la vigilancia el orden público y la paz social en las reuniones y manifestaciones públicas); la detención continua de la juez María Lourdes Afiuni; la detención continua de Leopoldo López y sus denuncias de haber sido torturado; la detención del alcalde Ledezma; el asesinato de Kluiver Roa, de 14 años de edad; el programa de televisión del líder parlamentario; y las medidas adoptadas por la Defensoría del Pueblo para restaurar una relación positiva de cooperación con la sociedad civil.

El Subcomité reconoce que la Defensoría del Pueblo ha aportado declaraciones orales y escritas durante todo el período de sesiones actual, y que estas reflejan que el Defensor ha adoptado algunas medidas desde su nombramiento. Sin embargo, la información aportada no es suficiente para responder a las preocupaciones del Subcomité en lo que respecta a la imparcialidad e independencia de la Defensoría del Pueblo y de que está preparada para hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela.

El Subcomité observa que el actual Defensor tendrá la oportunidad, durante el año que tiene por delante para demostrar que la Defensoría es independiente y está preparada para hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela.

El Subcomité alienta al actual Defensor a que hable alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela de un modo equilibrado, sin prejuicios, objetivo e imparcial para demostrar que la Defensoría del Pueblo es independiente y se preocupa por la promoción y protección de los derechos de todas las personas en Venezuela.

 

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