El uruguayo Luis Almagro asume este martes la Secretaría General de la OEA en un momento de profunda división entre sus miembros sobre el papel que debe desempeñar la institución, debilitada y en crisis en un contexto de alianzas regionales en ascenso como UNASUR y CELAC.
Cristina García Casado/EFE
Avalado por su gestión como canciller del expresidente uruguayo José Mujica, Almagro busca “renovar” una Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionada por los propios países que la integran y que arrastra un problema crónico de falta de fondos por el retraso en los pagos de las cuotas.
El diplomático fue el único candidato que se postuló para relevar al frente del organismo al chileno José Miguel Insulza y en la elección por voto secreto obtuvo el apoyo de todos los países miembros, salvo una abstención cuya autoría nunca se confirmó.
“La OEA que recibió Insulza hace diez años no estaba tan hambrienta de cambio como la que toma ahora Almagro. Algunos hablan incluso de refundación, porque sienten que el organismo no responde a los problemas del hemisferio, cosa que en buena medida es cierta”, comentó a Efe el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, que lideró el grupo de trabajo para la reforma del organismo.
Almagro llega dispuesto a recoger esas peticiones de cambio y liderar la modernización de una organización que, como dijo durante su campaña, debe “dejar atrás la Guerra Fría”, en la que fue creada, y funcionar como un ente “del siglo XXI”.
En su más de medio siglo de existencia, la OEA no ha podido sacudirse la imagen que tiene en algunos países de América Latina de organismo dominado por Estados Unidos, a pesar de que este país ha perdido su antigua hegemonía y del peso que han obtenido en los últimos años las naciones de la Alianza Bolivariana (ALBA), con Venezuela a la cabeza.
Ese grupo de Estados es el más crítico con la OEA, a la que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, considera un organismo “insalvable” y de la que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que está “moribunda”.
“El origen del problema financiero de la OEA es el mismo que enfrenta en todos los ámbitos: la falta de compromiso de los países miembros con el organismo”, dijo a Efe el presidente del centro de estudios Inter-American Dialogue, Michael Shifter.
“En la medida en que los países no consideren que la OEA es un foro legítimo y útil para resolver problemas de alcance hemisférico, no van a asumir los costes de sostenerlo”, añadió el experto.
Estados Unidos aporta alrededor de un 60 por ciento de los fondos regulares del organismo, más que los 33 países restantes juntos, una anomalía que todos en la OEA señalan pero a la que hasta ahora no se ha encontrado solución.
Las cuotas de los países miembros se establecieron en función de una serie de criterios como el tamaño de la economía y el grado de desarrollo, pero no se han actualizado, de manera que la aportación recae fundamentalmente en cuatro estados: EE.UU, Canadá, México y Brasil.
“El sistema de cuotas es perverso, si uno de esos países no paga o si otros estados se retrasan, la OEA tiene que recurrir a créditos para pagar los sueldos, porque no tiene reservas”, explicó el embajador mexicano ante el organismo continental.
El 65 por ciento del presupuesto se destina a pagar sueldos, que suben cada año con el coste de la vida, mientras que las cuotas están congeladas, lo que ha llevado a la eliminación de empleos y su consiguiente repercusión en los programas del organismo.
Una de las incógnitas del relevo en la OEA es si Venezuela, Brasil y Argentina, que acumulan los mayores retrasos, pagarán las cuotas que deben como señal de apoyo a la nueva Secretaría General, como hicieron varias naciones cuando Insulza asumió el cargo.
En una OEA debilitada en lo político y lo económico, el sistema de derechos humanos y las misiones de observación electoral se mantienen como los pilares con mayor reconocimiento internacional y que históricamente han dado prestigio a la institución.
No obstante, el sistema ha vivido en los últimos años importantes rupturas: Venezuela abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2012 y Ecuador no acude a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ecuador lleva tres años conspirando contra el sistema de derechos humanos para restarle impacto a la Comisión, pero ha visto que se ha quedado solo en esa lucha”, dijo a Efe Carlos Ponce, director de programas de América Latina en la organización Freedom House.
“Los cuestionamientos al sistema no marcan su fin, sino que demuestran su relevancia en la región. El fin del sistema será el día que frente a graves vulneraciones de derechos se mantenga callado y al margen”, comentó a Efe Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La OEA, creada en los albores de la Guerra Fría derivada de la Unión Panamericana y ésta de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, tiene el reto de reivindicar su papel como único organismo que reúne a todo el continente, en un contexto de alianzas regionales en ascenso como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Sus defensores argumentan que ninguna de esas alianzas tiene el cuerpo jurídico, la estructura y los programas de la OEA, por lo que no podrán en ningún caso ocupar su lugar.
Almagro tiene por delante cinco años, ya que no optará a la reelección, para resolver los problemas de credibilidad y finanzas del organismo, una labor que podría redondear si logra convencer a Cuba de que se reintegre como miembro activo. EFE