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La escasez de productos esenciales y la elevada inflación que agobia a los venezolanos no es otra cosa que el producto de las desacertadas políticas que ha venido aplicando el gobierno nacional en materia económica. Y la única manera de solucionar este problema es que el Ejecutivo tome los correctivos necesarios y de manera urgente, mediante la aplicación de una política económica que corrija todas estas distorsiones que mantienen en zozobra a la ciudadanía y genere confianza para realizar las inversiones necesarias para incrementar la producción nacional.
La Confederación Venezolana de Industriales, CONINDUSTRIA, organismo que representa al 90% de la industria nacional, advierte que este fenómeno no es nuevo, sólo que se ha profundizado en las últimas semanas como consecuencia de la falta de decisiones por parte del gobierno nacional. Desde hace unos dos años, Conindustria ha venido señalando reiteradamente que era impostergable un cambio en el modelo económico que se ha venido aplicando en el país, caracterizado por controles de cambio, de precios, expropiaciones, normativas laborales que afectan la productividad, incremento de tributos fiscales y parafiscales, excesivas fiscalizaciones y una incertidumbre jurídica que –lejos de incentivar el incremento de la producción- ha llevado a la disminución de la producción en la industria manufacturera e incluso, generó el cierre o desaparición de empresas.
De hecho, las dos últimas encuestas de Coyuntura Industrial de Conindustria del 2014 revelaron una disminución alarmante en los niveles de inventario de las empresas, situación que se produjo como consecuencia de la dificultad en el acceso a las materias primas, fundamentalmente producidas por empresas del gobierno (acero, cemento, energía, aluminio, petroquímica, etc.) y las divisas necesarias para la adquisición de materias primas, insumos, repuestos y maquinarias.
Asimismo, dichas encuestas confirmaron una tendencia negativa en el comportamiento del sector industrial venezolano, lo cual se evidencia en que para el tercer trimestre del año la capacidad utilizada del sector se ubicó en 48,67%, a pesar de que muchos sectores están trabajando al tope de la capacidad que le permiten los insumos disponibles.
Además de la falta de divisas y el aumento de la deuda de los industriales con sus proveedores, hay otros problemas como la Ley Orgánica del Trabajo, que impide la creación de nuevos empleos y no permite la sustitución de trabajadores que no cumplen con sus obligaciones laborales, por personal que sí asume su compromiso con la producción como lo hace la mayoría de los trabajadores.
Adicionalmente, la Ley de Precios Justos se ha convertido en una traba más para el abastecimiento por cuanto el gobierno obliga a vender los productos por debajo del costo de producción y ha mantenido controles de precios durante años sin tomar en cuenta la inflación existente en el país.
Esta política, mal llamada de “precios justos”, ha incentivado la aparición de revendedores, así como el contrabando de extracción. Esto ha agravado las largas colas de personas en los supermercados, abastos, farmacias y otros expendios de bienes esenciales, lo que perjudica sensiblemente a las amas de casas y demás ciudadanos que se ven obligados a permanecer durante horas para satisfacer sus necesidades básicas en estos centros de abastecimiento.
A todo esto se suman las graves fallas energéticas en muchas partes del país que comprometen la producción y la inversión; y la falta de seguridad que incrementa costos y pone en peligro la vida de trabajadores y empresarios.
A pesar de todo esto, el gobierno ha venido postergando inexplicablemente la toma de decisiones que permita corregir el rumbo de la economía. Hemos señalado insistentemente durante los últimos años que el modelo económico socialista fracasó. Las consecuencias de estos controles están a la vista de todos. Por eso, hoy proponemos que, de forma responsable, el gobierno adopte medidas que permitan reactivar la producción nacional para abastecer el mercado y generar empleos en el país.
Pero no basta con medidas puntuales como ajustes cambiarios. El país requiere de un cambio estructural profundo que permita reactivar la economía, que auspicie el crecimiento de la producción para que los ciudadanos puedan recuperar el bienestar, la paz y la confianza, y que puedan adquirir los bienes y servicios que necesitan sin tener que abandonar sus trabajos o su familia porque tienen que hacer horas y horas de colas.
La industria nacional siempre ha estado dispuesta a aportar soluciones. En los Congresos de Conindustria de 2013 y de 2014 se planteó una Visión Venezuela Industrial 2025, donde están formuladas una serie de propuestas para desarrollar la economía e impulsar la producción nacional, lo que permitiría abastecer el mercado local y generar excedentes para la exportación. Ese documento público fue entregado a los funcionarios del alto gobierno y aun esperamos respuestas.
Acabar con la escasez y la inflación, así como devolver el bienestar, la paz y la confianza a los consumidores, necesariamente requiere de respeto a la propiedad privada y a la libre empresa, pues de esa manera habrá más producción y empleo. Reforzar la propiedad privada implica rechazar las expropiaciones que no han incrementado la producción nacional y, por el contrario, han contribuido a empeorar el abastecimiento. Solo así estaremos frente a una economía capaz de enfrentar los retos del crecimiento y el desarrollo que el país requiere. Los países con empresas privadas sólidas son las que logran economías prósperas y estables.
Venezuela está exigiendo que el gobierno adopte medidas urgentes que permitan restituir la capacidad productiva y devolverle a la moneda nacional su capacidad de compra. Una vez más los industriales, solicitamos un diálogo nacional en búsqueda de soluciones que incrementen la producción nacional y mejoren el abastecimiento. Los industriales estamos para producir más y mejor, ésa es nuestra misión. La del gobierno es ejecutar las políticas adecuadas, de eso dependerá que el país retome la senda del crecimiento.