Ante la contundencia de las pruebas del Ministerio Público y la admisión de los hechos, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión Fidias José Hernández Iriarte (41) por su vinculación en el forjamiento de documentos públicos en la Notaría 42º de Caracas, con el fin de facilitar la venta de dos aeronaves que se utilizaron para el tráfico de drogas, así lo publicó el Ministerio Público.
La irregularidad fue denunciada el 18 de febrero de 2009 ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el notario de entonces en la mencionada dependencia, ubicada en Montalbán, parroquia La Vega del Distrito Capital.
Los fiscales 70º nacional y auxiliar, y 120º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Gustavo González, Javier Quintero y Jorge Sayegh, respectivamente, ratificaron la acusación contra Hernández por los delitos de cooperador inmediato en el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte; coautor en la falsificación de documento público y asociación para delinquir.
Tales delitos están contemplados en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente para el momento en que ocurrieron los hechos), el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Frente a la admisión de los hechos, el Tribunal 16º de Juicio del AMC dictó la condena de 5 años y 10 meses para el hombre que será recluido en el Centro Penitenciario Metropolitano Yare II, situado en el municipio Bolívar del estado Miranda.
La investigación por este caso se inició el citado día de febrero de 2009, luego de una denuncia ante la subdelegación del Cicpc en la parroquia La Vega, por parte del notario de la época, que detectó anomalías en algunos documentos.
Después de una inspección técnica coordinada por el Ministerio Público, se pudo determinar que varios documentos de propiedad que reposaban en la Notaría 42º de Caracas, poseían otra copia, lo cual es ilícito.
También se determinó que Fidias José Hernández Iriarte, quien era un gestor de la zona, habría colocado sus huellas dactilares y firma para forjar un documento de venta de dos aeronaves que fueron utilizadas para el tráfico de drogas.
En virtud de la orden de captura en su contra, funcionarios de la policía científica dieron con su paradero el 29 de abril de 2011. Desde entonces, quedó a las órdenes del Ministerio Público.