Una década de explotación ilegal de las minas de oro ha transformado extensas áreas del bosque virgen peruano en páramos con socavones, inhabitados y envenenados con mercurio.
Las excavaciones para separar las pepitas de oro de toneladas de tierra han dejado enormes hoyos capaces de tragar hasta media decena de autobuses. El mercurio, una toxina utilizada para extraer el oro, penetra en la cadena alimenticia local y llega a los humanos a través del pescado que comen.
Las arruinadas tierras agrietan la región sureste de Madre de Dios, una meca de la biodiversidad cuyas maravillas naturales atraen a los ecoturistas y donde varias tribus viven bajo aislamiento voluntario.
Miles de personas se han ido de la región en meses recientes luego de que el gobierno emprendiera medidas contra la minería ilegal, dinamitando maquinaria, desmantelando prostíbulos y cortando el suministro de gasolina.
La minería ilegal es la segunda causa de deforestación en Perú después de la agricultura, dijo el ministro del Medioambiente Manuel Pulgar-Vidal en la víspera del inicio de la conferencia sobre cambio climático de la ONU que se realizará en este país del 1 al 12 de diciembre.
“Es terrible por la heridas casi irremediables que causa al bosque”, dijo.
Perú es más de 60% bosque y sólo Brasil tiene una mayor porción de la selva del Amazonas, cuya preservación es vital para mitigar el daño global causado por el calentamiento planetario.
La deforestación y conversión de tierras causa casi 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Perú. El país ha prometido frenar la deforestación para el año 2021 y en septiembre Noruega prometió 300 millones de dólares para alcanzar ese objetivo.
Sin embargo, los ambientalistas cuestionan el manejo ambiental de Perú y la deforestación parece ir en aumento.
Matthew Hansen, científico de la Universidad de Maryland y quien registra la deforestación global, dijo que datos preliminares indican que Perú perdió un promedio de 1.995 kilómetros cuadrados de bosque anualmente en los últimos dos años, comparado con 1.270 km cuadrados anuales en la década previa.
Como parte del acuerdo con Noruega para frenar la deforestación, Perú dijo que iba a otorgar a las comunidades indígenas la propiedad de hasta 5 millones de hectáreas. Los ecologistas argumentan que las comunidades indígenas custodian mejor los bosques del mundo que los gobiernos o los intereses privados, pero acusan que gobiernos peruanos consecutivos han sido mezquinos en la titulación de territorios comunales en las últimas dos décadas.
Otorgar todos esos terrenos a las más de 600 comunidades indígenas que buscan la titulación de territorios comunales no será fácil. Los gobiernos regionales, muchos de los cuales se han hecho de la vista gorda ante la corrupción y tala ilegal, están recibiendo jurisdicción sobre tierras entregadas en 2008. AP
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