Colombia aguarda con expectativa este martes la anunciada liberación de dos militares en poder de las FARC, en la primera de dos entregas prometidas de cautivos, entre ellos un general del Ejército, condición del gobierno para reanudar el proceso de paz con esa guerrilla comunista.
Alina Diesta/AFP
La Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) deben entregar a los soldados profesionales Paulo César Rivera, de 24 años, y Jonathan Andrés Díaz, de 23, retenidos el 9 de noviembre tras combates en una zona rural de la localidad de Tame, en el departamento de Arauca (este, fronterizo con Venezuela).
Los familiares de los militares, miembros de la Brigada Móvil No.34, adscrita a la Fuerza de Tarea Quirón, una unidad especial de combate a grupos ilegales, confían en que las FARC cumplan su promesa de devolverlos sanos y salvos.
“Hemos estado orando y pidiéndole a Dios por un pronto regreso de él y de todos los demás secuestrados”, dijo César Rivera, padre de uno de los cautivos desde El Carmen de Bolívar, en el caribeño departamento de Bolívar (norte), a la cadena Caracol Televisión.
En La Virginia, Risaralda (centro-oeste), los parientes del soldado Díaz sólo esperan la llamada de las autoridades para viajar a recibirlo. “Que vuelva pronto”, reclamó su tía, Marcela Franco.
Los operativos militares en la región de Arauca ya fueron suspendidos siguiendo el protocolo dispuesto para la liberación, pactado con mediación de Cuba y Noruega, garantes del proceso de paz, y facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La portavoz del CICR en Colombia, Laura Gómez, declinó dar detalles del procedimiento que busca garantizar la seguridad de todos los involucrados. “Cuando las personas estén en nuestro poder lo haremos público”, se limitó a decir a la AFP.
Las FARC también se comprometieron a entregar al brigadier general Rubén Alzate, el oficial de más alto rango capturado por este grupo insurgente en 50 años, así como el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, retenidos el domingo 16 en el remoto y selvático departamento de Chocó (oeste), en la costa del Pacífico.
– “Máxima tensión” –
La captura del general y sus acompañantes, ocurrida en confusas circunstancias durante un recorrido de civil y sin escoltas en el caserío Las Mercedes, cerca de la capital regional Quibdó, provocó la peor crisis en los dos años del proceso de paz que el gobierno y la guerrilla adelantan en Cuba.
Las negociaciones, sin un cese al fuego en el terreno, fueron suspendidas el mismo domingo 16 en la medianoche por el presidente Juan Manuel Santos, quien condicionó su reanudación a la liberación de estos cautivos.
La guerrilla accedió a devolverlos, pero en un duro mensaje publicado el lunes en su sitio web, su jefe máximo, alias Timoleón Jiménez, criticó la medida del gobierno, argumentando que “las reglas del juego” propugnadas por Santos siempre habían sido que “nada de lo que ocurriera en los campos de batalla tendría por qué afectar el curso de las conversaciones”.
“Las cosas no podrán reanudarse así no más, habrá que hacer diversas consideraciones”, escribió desde la clandestinidad.
Más allá de estas afirmaciones, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, destacó la incondicionalidad de la entrega por parte de las FARC, nacida en 1964 de un alzamiento campesino y actualmente con unos 8.000 combatientes.
“La decisión de no negociar con la vida de los retenidos es un gesto muy importante de paz que fortalece el proceso”, dijo a la AFP.
Sin embargo, el analista advirtió sobre el riesgo de que algo vulnere la integridad de los cautivos y amenace la continuidad de los diálogos, tras tres intentos fallidos de paz en las tres últimas décadas.
“Creo que hasta tanto no se produzcan las liberaciones seguimos estando en máxima tensión”, apuntó.
Las pláticas en Cuba han logrado el mayor avance para poner fin al conflicto más antiguo del continente, que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.