Niños que cambian libros o juguetes por armas o que dejan la formación escolar por el aprendizaje con las mafias se han vuelto un panorama común en México, donde estudios de organizaciones civiles aseguran que alrededor de 30.000 menores cooperan con grupos criminales.
Sandra Parra/AFP
La problemática representa un reto para el Gobierno y la sociedad mexicana, que poco a poco se acostumbra a ver en titulares de prensa capturas o muertes de menores involucrados con estos grupos.
Uno de los casos más crudos y sonados en el país fue el del “niño sicario” Edgar Jiménez Lugo, alías “El Ponchis”, quien al momento de su captura a los 14 años era acusado de varios asesinatos, entre ellos decapitaciones de sus víctimas.
El joven, que tenía nacionalidad estadounidense, cumplió en noviembre del año pasado una condena de tres años, la máxima que se le podía aplicar por su edad, por los delitos de delincuencia organizada, homicidio, secuestro y posesión de drogas.
Jiménez fue repatriado a Estados Unidos ese mismo mes pero las personas que trataron con él aseguran que no se arrepintió de sus delitos y que es probable que vuelva a delinquir.
Su caso refleja la realidad de un sinnúmero de menores en México que tras abandonar su escuela o por motivos económicos se involucran con las redes del crimen.
“Generalmente estos jóvenes tienen un liderazgo innato y un nivel de inteligencia alto”, aseguró a Efe Consuelo Bañuelos, presidenta de la organización Promoción de Paz, que realiza trabajo comunitario en barrios vulnerables y centros penitenciarios del norteño estado de Nuevo León.
“Otro punto (de captación) es cuando se empiezan a involucrar en el consumo de drogas y no tienen ya luego forma de estar pagando la misma adicción y empiezan a formar parte de estos grupos”, anotó Bañuelos.
Según informes de las autoridades de la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, los menores asesinan en esta área limítrofe con Estados Unidos por 500 pesos (unos 37 dólares).
“Los grupos delictivos causan una influencia en la comunidad porque traen vehículos muy ostentosos y visten a veces muy ostentosos y tienen algunas cosas que no pueden tener los chicos”, afirma Bañuelos.
Las estadísticas sobre el tema son escasas. Una de las pocas entidades que se atreve a manejar una cifra es la Red por los Derechos de la Infancia, que documenta unos 30.000 menores involucrados en la delincuencia.
La cifra data de una investigación realizada por la Red en 2010, aunque según el director ejecutivo de la organización, Juan Martín Pérez García, es “muy conservadora” y “no ha cambiado radicalmente”.
Pérez afirma que el crimen organizado está encontrando en ese grupo “un segmento de población vulnerable y desprotegida que se convierten en presa fácil”.
“La mayor parte de los chicos que identificamos están involucrados como informantes, esto que le llaman en el lenguaje del narco ‘halcones'”, aunque otros, sobre todo adolescentes, “son empleados para el procesamiento de las drogas”, añadió.
En la mayoría de los casos los menores son reclutados sólo para “resolver temas de momento” y no para obtener una formación criminal.
“No pretenden crear líderes criminales ni formarles, ni transmitirles experiencia”, precisó.
Otro blanco de estas mafias son los niños migrantes centroamericanos que cruzan el país hacia EEUU, un panorama que relató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”.
Del fenómeno tampoco escapan las mujeres, quienes, según cuenta Bañuelos, caen en las redes del crimen después de involucrarse sentimentalmente con muchachos que ya están en ellas.
Las chicas acaban como esclavas sociales para obtener información y también son víctimas de abuso y explotación sexual.
Desde hace un año organismos internacionales como Naciones Unidas han instado al Gobierno mexicano a crear un sistema de información sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de asesinatos, heridas o detenciones por el accionar del crimen.
“Se deben crear programas de desvinculación, es decir, en lugar de detenerlos como ya participes de un delito, darles un salvoconducto para que sean atendidos como víctimas”, indicó.
En la actualidad el Gobierno, a través de su Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, impulsa diversas estrategias para alejar de esas actividades a jóvenes de áreas vulnerables.
Una de ellas es el programa “Glorias del Deporte; Fútbol Escuela de Vida”, que cuenta con exfiguras del balompié mexicano como Luis Hernández, Missael Espinoza o Eduardo Rergis. EFE