En la sesión de este martes, la Mesa de la Unidad (MUD), propuso un debate sobre el caso de la niñera de los hijos del ministro Elías Jaua, quien fue detenida en Sao Paulo, Brasil, y que ahora debe enfrentar un juicio, en libertad, por tráfico de armas.
Janet Yucra M.
La Unidad planteó este debate, desde el punto de vista del uso de los recursos públicos en asuntos personales de los funcionarios del Estado y en este caso específico, la utilización de los aviones de la estatal Pdvsa, para el traslado de los miembros del distintos organismos del Gobierno y de sus familiares. Para la oposición en el Parlamento, es “una muestra de corrupción este hecho”, por lo cual el debate no podía dejarse de lado.
El Psuv no tardó en responder y el diputado Modesto Ruiz, defendió “la ética moral y política del camarada Elías Jaua”. Ruiz argumentó que no era necesario “exponer al escarnio público” al Ministro, cuando éste ya había emitido un comunicado “donde expresaba que fue un error involuntario”, el asunto del arma. El diputado socialista dio por terminado el asunto y acusó a sus colegas de la MUD de querer “montar un show” a costa del ministro Jaua, quien para ellos no tenía que dar ninguna explicación, ni sobre el uso efectivo de los aviones de Pdvsa para trasladar a sus familiares, ni del detalle de que una empleada suya llevara un arma de su propiedad.
Comercio electrónico y calidad del agua
Y faltando unas semanas para el cierre del período legislativo, la Asamblea Nacional, acelera la redacción de leyes, entre ellas la de Comercio Exterior y la de Calidad de Agua y del Aire, las cuales fueron aprobadas ayer, en primera discusión. En ambos casos, oposición y gobierno dieron el visto bueno y se puede decir que casi coincidieron en sus motivos para estar de acuerdo.
En el caso de la Ley de Comercio Exterior, Claudio Farías, presidente de la comisión de Administración y Servicios, expresó que “el comercio electrónico no controlado promueve el mercado especulativo y nosotros como verdaderos revolucionarios e hijos de Chávez, debemos tomar las medidas necesarias para evitar que en el país siga promoviéndose la especulación (…) Se debe sancionar a quien o quienes incurran en esta falta, por el bienestar de la Patria de Bolívar”.
Adelantó que en la ley se establece que las personas dedicadas al comercio electrónico, deben inscribirse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae). Además, será obligatorio el pago de impuestos y la prohibición de la venta de productos con precios regulados. El proyecto también plantea que quien desee promocionar un producto o servicio tendrá que emitir una facturación electrónica que proporcione al comprador el beneficio del reclamo en caso de recibir mal servicio o defectos en el producto adquirido.
Por la oposición intervino Luis Barragán, quien manifestó que “si la comercialización por Internet presenta severos problemas en materia delictiva, es necesario abordarlos y subsanarlos, pero no aceptaremos que el legítimo y libre comercio desaparezca de la red de redes (…) no fue por casualidad que internet apareció y alcanzó un importante desarrollo en los países de libre mercado y no en los países del llamado socialismo real. Esto no significa caer en la provocación del discurso polarizador, sino de pretender y lograr un consenso sobre las verdades más concretas y ciertas que se exponen”.
Precisó que “todas las transacciones comerciales encuentran en el comercio electrónico una magnífica herramienta para proveer de bienes y de servicios a quienes legítimamente los demanden, superando los medios convencionales de compra y venta. Discrepamos de esta caracterización predominantemente punitiva del Proyecto de Ley de Regulación del Comercio Electrónico, pues hay instrumentos legales vigentes que muy bien pueden atacar el fenómeno delictivo como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas y la restante normativa relacionada con la telemática, la informática o el procesamiento de datos, amén de las precisiones que probablemente exhibimos en el ámbito jurisprudencial”.
Sobre la Ley de Calidad del Agua, el presidente de la comisión de Ambiente, Manuel Briceño, expresó que “tiene como objeto establecer las normas para la calidad del agua y del aire, los mecanismos de control de la contaminación hídrica y atmosférica, las molestias ambientales, las condiciones bajo las cuales se debe realizar el manejo de los residuos y desechos líquidos y gaseosos, para proteger la salud y el ambiente”.