A través de un comunicado, Fedecámaras califica de “burocrático” la obligatoriedad del Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas (Rupdae) y considera que dificulta la actividad productiva en el país.
“La Federación rechaza el carácter forzoso y coaccionado con el que se está obligando a personas naturales y jurídicas a registrarse. Quienes no lo hagan pueden ser sancionados con multas desde Bs. 127 mil a Bs. 2 millones 540 mil”, destaca el documento.
A continuación el comunicado:
El pasado mes de abril, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECAMARAS, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, una demanda de nulidad contra la Ley Orgánica de Precios Justos por considerar que atenta contra las libertades económicas garantizadas en la Constitución. Para el sector empresarial, la ley acentuará la inflación y el desabastecimiento que tanto afecta a la población venezolana. Seis meses después de la solicitud, aún no hay respuesta por parte del TSJ.
FEDECAMARAS no puede estar de acuerdo con una ley que viola los derechos económicos y que eliminó de un plumazo los derechos de los consumidores, razón por la cual tampoco puede estar de acuerdo con la inscripción en el Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas (RUPDAE) que busca instalar un sistema que permita establecer los costos y las ganancias de las empresas. La Federación rechaza el carácter forzoso y coaccionado con el que se está obligando a personas naturales y jurídicas a registrarse. Quienes no lo hagan pueden ser sancionados con multas desde Bs. 127 mil a Bs. 2 millones 540 mil.
El gremio empresarial considera que este nuevo registro pasa a engrosar la lista de miles de trámites burocráticos que hace cada vez más engorrosa la actividad productiva nacional. Recordemos que hace poco más de un mes, se designó a Dante Rivas, como Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, con el objetivo de darle “un golpe a la burocracia y a la ineficacia”.
Para FEDECAMARAS La Ley Orgánica de Precios Justos solo contribuirá a desestimular la producción nacional y el emprendimiento. “Exhortamos al TSJ a pronunciarse ante la solicitud de nulidad de la Ley de Precios Justos” solicitada el pasado mes de abril.
El conglomerado empresarial ratifica su compromiso de impulsar y mantener un diálogo que contribuya en la reactivación de la economía nacional.
Las distorsiones del mercado solo desaparecerán cuando logremos aumentar la producción nacional, disminuyamos la hostilidad del entorno, la inestabilidad de las regulaciones y las distorsiones macroeconómicas. Necesitamos un país donde sus autoridades impulsen el crecimiento y la inversión. El trabajo unido, sector público y sector privado, permitirá avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra economía.