Las protestas en Venezuela no cesan, a pesar de que el Gobierno ha logrado reducir sus focos más violentos en todo el territorio. Sólo en Caracas el viernes estaban pautadas dos manifestaciones que en buena medida retratan lo que hoy es este país: por un lado los autoconvocados caminaron desde el sureste de Caracas, en la urbanización El Cigarral —un sector de clase media profesional muy antichavista donde se levantan grandes edificios de apartamentos— hasta el distribuidor Santa Fe, en la autopista de Prados del Este, convertida por estos días en el nuevo punto de encuentro de la oposición. Por el otro, en la tarde el partido Voluntad Popular, casi proscrito, marcharía hacia el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, para exigir la liberación de su líder, Leopoldo López —preso desde hace mes y medio en una cárcel militar— y el cese de la persecución contra sus miembros, publica El País.
La coincidencia de esas convocatorias no sugiere desavenencias, pero sí indica que el liderazgo político opositor ya no está a la cabeza del descontento de la ciudadanía. Mientras caminaban, los autoconvocados de la vanguardia exhibían una gran pancarta con un mensaje: “Resistencia civil”. En esa frase se resume quizá todo el rechazo que sienten por la precaria situación económica del país, por la inexistencia de medios audiovisuales independientes o por el apogeo de la delincuencia.
El antichavismo siente que está haciendo un profundo acto de catarsis con estos actos. En ocasiones las caminatas son dispersadas sin motivo aparente o terminan en disturbios que merecen la intervención de los equipos antimotines. En un informe publicado a mediados de semana,Amnistía Internacional documentó 10 casos de torturas y tratos cruelespropinados por miembros de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Son muchas las denuncias que no han llegado a sustanciarse ante las autoridades oficiales por miedo a las represalias. La forma en que son reprimidos —que ha provocado duros cuestionamientos de la Iglesia esta semana— se ha convertido en una razón más para que no claudiquen en la idea de provocar un cambio de Administración, esbozada por un ala de la opositora Mesa de la Unidad, liderada por Leopoldo López, la defenestrada diputada María Corina Machado y Antonio Ledezma.
A esto se suma la prohibición de mostrar el descontento en el municipio Libertador por órdenes de su alcalde chavista, Jorge Rodríguez. La última traba a la libre manifestación ocurrió el jueves. Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela pretendía caminar desde el rectorado hasta la sede de la vicepresidencia económica, en territorio chavista, para entregar un documento con propuestas para enfrentar el desempleo y el desabastecimiento.
La Policía Nacional Bolivariana impidió la salida del recinto universitario y, de acuerdo con los testimonios recogidos en la prensa local, abrió el paso a un grupo de choque chavista que golpeó a los estudiantes, ocasionó destrozos en la escuela de Trabajo Social y ridiculizó a un estudiante al quitarle la ropa y obligarlo a huir desnudo. La jornada terminó con siete heridos. El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, informó de la presencia de encapuchados armados que amedrentaron a estudiantes y robaron a dos fotógrafos.
Mientras todo eso ocurría en la principal universidad del país, en el palacio de Miraflores el presidente Nicolás Maduro anunciaba la creación del Consejo Presidencial de Derechos Humanos. Muy distinto a su predecesor Hugo Chávez, quien no dudaba en polemizar con quienes cuestionaban su compromiso con las garantías ciudadanas, Maduro ha optado por la cautela frente a los señalamientos y ha preferido responder con un hecho. La semana pasada había mencionado que la misión de cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que visitó Venezuela para intentar acercar a las partes enfrentadas, le había sugerido crear una dependencia que supervisara de cerca el respeto a los derechos de los manifestantes.
Adscrito a la vicepresidencia de la República, el Consejo Presidencial de Derechos Humanos estará al mando del vicepresidente Jorge Arreaza y tendrá la participación de los ministros de Interiores, Defensa y Comunas; de la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; de dos diputados y tres representantes de organizaciones civiles con recorrido en la defensa de los derechos humanos. Serán 15 personas que tendrán la asesoría de lo que Maduro llamó “un conjunto de expertos” designados por Unasur.
El Gobierno no ha podido ocultar la preocupación que le genera el varapalo que ha recibido su imagen en el exterior. Este anuncio de Maduro se suma al parte semanal de los disturbios ofrecido por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Este viernes la fiscal informó que hasta la fecha han fallecido 39 personas y otras 608 han resultado heridas en las refriegas. La Fiscalía ha presentado a 2.285 personas en tribunales, de las que 904 son estudiantes. Con esta aclaratoria, la fiscal pretende reforzar la impresión de que las protestas no son lideradas solo por universitarios. Y tiene razón. La protesta cruza transversalmente a toda la sociedad.