En Venezuela, persiste un discurso gubernamental que busca “atemorizar a trabajadores para que no exijan sus derechos”. Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en la audiencia sobre la situación de los DDHH y los conflictos laborales, que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 150° periodo de sesiones.
En representación de la sociedad civil, el OVCS participó en esta reunión junto a las organizaciones ConflictoVe, el Programa Venezolano de Educación Acción en DDH (Provea), y Alianza Sindical.
Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, explicó a los comisionados de la CIDH que los conflictos laborales han estado entre las principales motivaciones las protestas en el país, que ascendieron a 5.984, entre 2009 y 2013. “Es decir, 37% de la protesta venezolana, en los últimos 5 años, ha sido de naturaleza laboral”, resaltó Ponce.
“Al menos 21.493 protestas” por motivaciones sociales y políticas se han registrado en Venezuela en los últimos 5 años.
Entre repertorio de lucha de los trabajadores se han empleado protestas pacíficas como “marchas, paros, huelgas, concentraciones. Incluso con medidas extremas, ajenas a la historia de la protesta laboral a nivel mundial, como las huelgas de hambre, cocerse la boca y huelgas de sangre”, dijo el coordinador del OVCS.
La respuesta del Estado frente al descontento de la fuerza laboral del país, “ha sido crear un marco jurídico violador del derecho humano a la manifestación pacífica y a la huelga”.
Esta política oficial ha recurrido al inicio “de procesos judiciales penales y procesos administrativos de despido”, argumentó Marino Alvarado, coordinador general de Provea. Describió que las autoridades del poder ejecutivo intimidan a los trabajadores para que no exijan sus derechos laborales. “Por lo menos, hacer una huelga en las industrias básicas estatales, hoy, es un riesgo de perder la libertad”, para los trabajadores, dijo.
Según Alvarado, persisten “trabas burocráticas que obstaculizan los procesos de discusión de las convenciones colectivas en tiempos razonables”. De igual manera, explicó que existen casos en los que a pesar de la suscripción de este derecho laboral, se desconocen sus garantías, como en el caso de los trabajadores del INCES.
Carlos Patiño, representante de la Alianza Sindical, explicó que a sus trabajadores del Estado les ha prohibido el derecho a la libertad sindical y el derecho a huelga. “Se desarrollan prácticas discriminatorias contra sindicalistas que mantienen posiciones firmes en defensa de sus derechos”.
Además, dijo Patiño que el gobierno ha incumplido varias de sus obligaciones relacionadas a las convenciones colectivas, lo cual se ha convertido en una política de Estado. Refirió, que desde el año 2004, en la administración pública no se discute el contrato colectivo.
Patiño agregó que desde 2005, se han iniciado 130 “procesos penales contra sindicalistas que ejercen el derecho a la huelga o realizan protestas pacíficas” por sus reivindicaciones laborales.
Reacción del Estado
Por su parte, Germán Saltrón, representante del Estado ante la CIDH desconoció las denuncias que formularon las ONG sobre restricciones al derecho a la protesta y reivindicaciones laborales. Igualmente, negó la afirmación del OVCS que refirió que son los trabajadores del sector público quienes más protestan en Venezuela.
El agente del Estado aceptó que en Venezuela sí existen conflictos laborales, pero calificó a los sindicatos como grupos de “mafia”, al referirse principalmente a las agrupaciones laborales del sector construcción.
Desconociendo las disposiciones internacionales, Saltrón justificó que en el Estado haya determinado zonas de seguridad en las que se impiden la realización de protestas pacíficas. De igual forma, Germán Saltrón dijo que Venezuela no puede estar bajo supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, instancia que ha hecho reiteradas observaciones a Venezuela sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos laborales. Este argumento fue cuestionado por los comisionados del CIDH, quienes resaltaron la labor de promoción y observancia de estas instancias internacionales.