Activistas acusaron el viernes a las fuerzas de seguridad venezolanas de violar los derechos humanos al reprimir las manifestaciones callejeras que han dejado al menos 32 muertos en las últimas seis semanas en ese país.
Gremios periodísticos denunciaron también un deterioro significativo del derecho a la libertad de expresión debido a la autocensura de las televisoras locales, que significó que no cubrieran las protestas opositoras, agresiones a periodistas, restricciones a la información en internet y el riesgo de que diarios desaparezcan por la escasez de papel prensa.
Varias organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en la nación sudamericana.
Los siete integrantes de la Comisión evaluarán la solicitud durante la próxima semana.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 -conocidos como “Caracazo”-, dijo que numerosos detenidos en las protestas de las últimas semanas recibieron asesoría legal apenas minutos antes de comparecer ante un juez, lo que calificó como una “afectación importante al debido proceso”.
Ortega también denunció que en numerosos casos hubo un uso excesivo de la fuerza, amplia criminalización de los manifestantes, formulación de cargos criminales idénticos a personas que participaron en protestas diferentes, amenazas de muerte y abuso sexual. Además dijo haber documentado 54 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluyeron dos muertes y 14 ataques a residencias por grupos de civiles armados.
Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la cancillería venezolana, reconoció que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos pero acusó a los manifestantes de perpetrar actos terroristas para “provocar un estado de ingobernabilidad que propicie un golpe de Estado o una intervención extranjera”.
El funcionario venezolano señaló que solamente el 20% de los 1.529 detenidos hasta el 14 de marzo son estudiantes y que las protestas han tenido lugar en 17 de los 335 municipios del país.
Las manifestaciones “no son pacíficas, no son sólo de estudiantes, ni representan la mayoría”, agregó Saltrón tras aseverar que las protestas han incluido el uso de mercenarios colombianos y de francotiradores que desde azoteas disparan a quienes intentan despejar las barricadas en las vías públicas.
Al menos 300 personas murieron en el estallido violento conocido como “Caracazo” al inicio del segundo mandato del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-1993), desatado por un alza en los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público.
El abogado Carlos Ayala, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, atribuyó la presunta violación de derechos humanos en Venezuela a una falta estructural de independencia del Poder Judicial que atribuyó a que 70% de los 1.914 jueces del país gozan de nombramiento provisional y pueden ser suspendidos antes de ser investigados por supuestas faltas.
“La falta de independencia no sólo produce impunidad en el delito común, sino que permite la persecución judicial de disidentes políticos”, indicó.
Marco Ruiz, presidente de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señaló que durante las protestas han sido agredidos 116 periodistas en el cumplimiento de su deber, incluyendo a 31 corresponsales extranjeros. Agregó que 23 fueron detenidos ilícitamente y 28 sufrieron el robo de equipos y material a manos de funcionarios policiales.
Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, agregó que el gobierno venezolano ha cerrado durante las últimas seis semanas cerca de 500 páginas de internet “sin ningún tipo de procedimiento administrativo. No se dan las garantías a la neutralidad de internet”.
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, indicó que la lentitud de gobierno en aprobar divisas para la compra de papel prensa ha provocado el cierre de 10 diarios regionales y otros han reducido considerablemente su cantidad de páginas.
A nombre del Estado, el integrante del Consejo de Estado Luis Britto García respondió preguntándose en voz alta “¿Cómo pueden reclamar los medios de comunicación que no hay libertad de expresión cuando lo publican y lo dicen en Venezuela?”
Britto dijo a los peticionarios que no contestaría ninguna de las acusaciones porque no habrían agotado las instancias internas antes de plantear sus denuncias ante la Comisión.
Mientras la CIDH celebraba sus audiencias, la Guardia Nacional desalojaba el viernes barricadas en el estado Táchira y la alcaldía de Maracay era atacada con bombas molotov.
El Vaticano indicó el viernes que está dispuesto a actuar como facilitador en la crisis venezolana, un día después de que el presidente Nicolás Maduro aceptara un testigo de buena fe que podría contribuir al diálogo entre el gobierno y la oposición.
AP