Durante las últimas semanas el Colegio Nacional de Periodistas ha estado vigilante ante las recurrentes violaciones a la libertad de expresión que se han registrado en nuestro país a raíz del clima de conflictividad política que afecta a Venezuela en los actuales momentos.
Por diferentes medios y mecanismos hemos alzado nuestra voz para que cesen las agresiones a los trabajadores de la prensa, mediante nuestras diferentes seccionales y nuestra junta directiva nacional, así como por los entes que integran a la alianza por la libertad de expresión. Aunado a esta situación vemos con suma preocupación el comportamiento reprochable de algunos medios de comunicación que se han autocensurado al momento de denunciar las agresiones proferidas por terceras personas a sus propios trabajadores.
Más aún, es lamentable, el sentimiento cada vez en ascenso, por parte de la un sector de la población venezolana que se siente defraudada ante el silencio informativo sobre los eventos que han venido suscitándose en nuestro país dejando un triste saldo de 29 personas fallecidas.
Dicho escenario ha traído como consecuencia un clima de intolerancia por parte de los manifestantes de ese sector del pueblo venezolano que ha sido víctima del silencio informativo, hacia los comunicadores sociales que laboran para esos medios, quienes a la postre, no tienen responsabilidad alguna de lo que se publica o no en los mismos.
Ante todo lo antes expuesto, el Colegio Nacional de Periodistas reitera:
El acceso a la información es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en acuerdos internacionales suscritos por nuestro gobierno. Los medios de comunicación públicos y privados están, dentro de un estado democrático, obligados a acatar este principio.
Los comunicadores sociales y demás trabajadores de los medios de comunicación deben contar con el respaldo de sus empleadores al momento de enfrentar una situación de agresión, mediante el acompañamiento y denuncia de dichas agresiones. Esto no solo se circunscribe a acompañarlos ante una agresión, sino también a proveerles de equipos necesarios para evitar cualquier tipo de agresión física y de asegurarles la máxima protección a la hora de salir a reportar desde la calle.
El silencio, contrario a toda la normativa vigente con respecto a la Libertad de Expresión, solo contribuye a justificar las agresiones, por lo que los medios de comunicación que, por exceso de prudencia o por alineación ideológica con los prepetradores, se arrogan de esa manera la condición de cómplices.
Por lo tanto, exhortamos a nuestros agremiados y a los dueños de medios a asumir la actitud que exige nuestro código de ética, que dice en el Artículo 29. El periodista está obligado a prestar apoyo a los colegas que sufran persecuciones o que sean víctimas de acciones violatorias de las leyes establecidas o de cualquier tipo de represión provocada por el ejercicio o defensa de la libertad de expresión y el derecho de todo ciudadano a la información.