El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el jueves que ordenó una revisión de procedimientos para verificar si la política de deportación de inmigrantes ilegales puede ser conducida de forma “más humana”, luego de fuertes críticas por las expulsiones en masa.
El mandatario dijo a legisladores de origen hispano que solicitó al secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, que se revisen “las actuales prácticas para ver si se puede conducir la aplicación de la ley de forma más humana dentro de los límites de la ley”, informó la Casa Blanca.
Por el momento no se informó si la orden de Obama representará una disminución inmediata de las deportaciones.
Hace apenas una semana uno de los más influyentes movimientos de defensa de los inmigrantes calificó a Obama de “Deportador en Jefe” a raíz de las cotidianas expulsiones en masa.
El mandatario se defendió responsabilizando al Congreso por el elevado número de deportaciones, y alegó que él no tenía otra opción que hacer aplicar la ley mientras el Poder Legislativo no aprobara una amplia reforma migratoria.
Este jueves, Obama repitió el argumento ante los legisladores de origen hispano. “No puedo ignorar estas leyes, como no puedo ignorar ninguna otra ley”, dijo, según la Casa Blanca.
Obama recordó también que ordenó a las agencias gubernamentales que den prioridad a las deportaciones de personas involucradas en actividades ilegales, y usó sus poderes para proteger de la deportación a jóvenes indocumentados pero que nunca han vivido en otro país fuera de Estados Unidos.
El más influyente grupo de defensa de los inmigrantes, el Consejo Nacional de La Raza, informó que bajo el gobierno de Obama se deportó a casi dos millones de personas.
El Senado estadounidense aprobó el año pasado un ambicioso proyecto de reforma migratoria, que incluye la posibilidad de que 11 millones de inmigrantes ilegales obtengan la ciudadanía.
El proyecto prevé también un refuerzo de la vigilancia de la frontera y una revisión completa del sistema de otorgamiento de visas, entre otras iniciativas.
No obstante, el proyecto permanece estancado en un cajón en la Cámara de Representantes, y analistas coinciden en estimar que difícilmente será sometido a votación antes de las elecciones legislativas de noviembre de este año.
AFP