En las últimas dos semanas hemos asistido al recrudecimiento de la polarización de la que es víctima Venezuela desde hace casi dos décadas. La violencia durante las protestas contra y a favor del gobierno que han azotado el país en días recientes ha tenido el triste saldo de al menos seis personas muertas, entre opositores y partidarios del gobierno, y decenas de heridos y detenidos, muchos de los cuales habrían sido maltratados.
Por Guadalupe Marengo/ Amnistía Internacional
El mundo entero ha visto las imágenes del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de armas de fuego; la violencia con la que se han desarrollado algunas protestas y los ataques perpetrados impunemente por parte de grupos de civiles armados cercanos al gobierno (los llamados “colectivos”). Tanto periodistas como defensores de derechos humanos han sido víctimas de hostigamiento y abusos. Todos estos actos son violaciones de los derechos humanos y son por lo tanto intolerables.
Al menos tres miembros del partido de oposición Voluntad Popular habrían sido acusados de delitos en relación con su participación en las protestas, incluido su líder Leopoldo López. Un juez ya claramente ha determinado que no había indicios de la participación de López en el grave delito de homicidio calificado que se le imputaba.
Lamentablemente, esta no es la primera vez que el mundo entero ha sido testigo de hechos similares en suelo venezolano. Las palabras de llamado a la no violencia por parte del Presidente Maduro y de líderes opositores han sido alentadoras, al igual que la reciente prohibición de portar armas en el estado de Táchira. Pero no es suficiente.
Para salir de esta crisis la única respuesta es el respeto irrestricto, repito: irrestricto, a los derechos humanos de todos y todas sin discriminación y al estado de derecho. En este camino todos tienen responsabilidades y un rol importante que jugar:
El Estado debe de forma clara e inequívoca reafirmar su compromiso con el estado de derecho, incluidos el respeto a las normas internacionales en materia de uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad y el respeto a la separación de poderes.
Las autoridades deben abstenerse de realizar acciones o declaraciones que interfieran en la independencia del poder judicial, para evitar la percepción de que el sistema de justicia actúa con motivación política.
Es esencial que se tomen medidas para prevenir en el futuro que hechos similares se repitan. El desarme de los grupos de civiles armados (colectivos) es fundamental. Las fuerzas de seguridad, por su parte, tienen que cumplir con su deber de respetar los derechos humanos de la población, incluidos su derecho a la libre expresión, reunión y asociación.
La oposición también tiene la responsabilidad de mostrar de forma clara en las palabras y los hechos su respeto al estado de derecho y ejercer su derecho a la libre expresión, reunión y asociación de forma pacífica.
Sobre todo, se tiene que esclarecer lo que ha pasado en las calles de Venezuela en los últimos días. En ese sentido, las autoridades deben garantizar la investigación exhaustiva e imparcial de todos los casos de violaciones de los derechos humanos y el acceso a la justicia de todas las víctimas.
Sólo conociendo los hechos y teniendo la libertad necesaria para intercambiar los distintos puntos de vista sobre ellos y establecer un debate abierto de ideas y opiniones podrá la población venezolana decidir libremente sobre el rumbo que debe tomar su país.