Los 10 trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre ellos el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futepv), José Bodas, fueron imputados anoche por los delitos de resistencia a la autoridad y restricción de la vía pública por el Tribunal Quinto de Control de Barcelona, estado Anzoátegui.
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El dirigente Héctor Rincón informó a las 10:00 de la noche de este martes que aún esperaban por la libertad de los trabajadores que resultaron detenidos tras protestar el lunes en el portón principal de la refinería de Puerto La Cruz, por la discusión y aprobación del nuevo contrato colectivo.
Los petroleros fueron puestos en libertad bajo régimen de presentación cada 30 días y, además, se les impuso prohibición de manifestar en el perímetro de la refinería mientras se desarrolla el juicio.
Los dirigentes de la Federación Unitaria exigen la discusión y aprobación del nuevo contrato tras el vencimiento de los beneficios en octubre de 2013 con la aprobación de 150 por ciento de incremento salarial.
Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marea Socialista, C-Cura y el Frente Amplio en Defensa del Empleo, el Salario y los Sindicatos (Fadess), entre otros, condenaron la actuación “antiobrera” ejercida por el Gobierno.
“Desde Marea Socialista condenamos firmemente esta actitud represiva, antiobrera y antisindical (…) Reclamamos el inmediato pronunciamiento de la Ftupv y su presidente Wills Rangel y de la Central Socialista de Trabajadores”, señaló Stalin Pérez a través de un comunicado publicado en Aporrea.org.
Para organizaciones como Unete la detención de los trabajadores reafirma las denuncias de terrorismo patronal, persecución, criminalización de la protesta, judicialización de la lucha laboral que el pasado miércoles expusieron ante la Comisión Tripartita de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó el país.
Provea ha documento más de 150 casos de trabajadores y dirigentes sindicales con expedientes penales abiertos por haber manifestado exigiendo mejores condiciones salariales y cumplimiento de acuerdos contractuales.