María Corina: El régimen es el responsable del asesinato de Mónica Spear (Comunicado)

Caracas, 8 de eneroIntegrantes del Alto Gobierno quisieron ayer evadir la responsabilidad en el horrendo crimen cometido contra Mónica Spear, su esposo y su hija. Además, pidieron al país no “politizar” el caso; es decir, no atribuirles la culpa de lo ocurrido. Sin embargo, eso es imposible.El Gobierno es directamente responsable de la muerte de Mónica Spear, porque durante 15 años ha venido destruyendo al sistema judicial y a los cuerpos policiales. En lugar de luchar contra el hampa, el Gobierno ha ordenado a jueces, fiscales y policías; perseguir opositores; fabricar casos; sembrar pruebas; inventar falsos testigos y mantener presa a gente inocente.

Todo el sistema de seguridad se ha venido abajo, porque para el Gobierno la prioridad no es acabar con la criminalidad, sino espiar y desprestigiar a los dirigentes de oposición, destituir diputados y neutralizar las supuestas maniobras del imperio. Los funcionarios oficiales han sido crueles e inmisericordes con Franklin Brito, María Afiuni e Iván Simonovis, pero blandos y permisivos con las bandas de delincuentes, con los pranes y con los presos comunes, a quienes liberan sin cumplir con los mínimos requisitos y a quienes, además, han cedido el control del sistema penitenciario. Las 10 millones de armas ilegales, que circulan con su halo de muerte por las calles de nuestras ciudades y pueblos; los colectivos armados y  la percepción, emanada desde el corazón del alto gobierno, de que en Venezuela el crimen sí paga, son responsabilidad de un régimen malandro, que desde hace más de una década se reparte el país como si fuera un botín. Porque llevan años intentando someternos y hacernos creer que en Venezuela lo malo no es ser delincuente, sino oponerse al modelo cubano.

Desde el Alto Gobierno se incentiva la impunidad, porque los malandros, junto con el resto del país, ven televisión y observan cómo los matones del PSUV golpean en pleno hemiciclo a diputados opositores y luego son premiados con cargos públicos. También observan cómo los chavistas y sus hijos se hacen ricos, sin recibir castigo alguno, a menos que se aparten de la línea del partido. Y han aprendido, a través de años del modelaje, el lenguaje del odio, la agresión, la violencia y el resentimiento. Los delincuentes concluyen que pueden matar y robar impunemente, siempre y cuando griten “Uh, Ah” y “¡No volverán!”.

Como resultado de esta visión monstruosa, el año pasado murieron 25 mil venezolanos a manos del hampa y más de 200 mil durante estos 15 años de gobierno chavista. Mónica Spear y su familia  no son un hecho aislado. Son consecuencia directa e ineludible de una política de Estado que está acabando con nuestro país.

Ayer presenciamos cómo altos dirigentes del régimen pretendieron disolver su responsabilidad directa ante la tragedia que vive a diario el venezolano común y que ellos se han encargado expresamente de ocultar, entorpeciendo la labor informativa de los medios de comunicación privados a través de todo tipo de censuras y sometiendo al sistema de medios públicos a una servidumbre comunicacional sin precedentes en nuestra historia democrática. La verdad que son incapaces de asumir es que el caso Spear, por su resonancia internacional, se les fue de las manos. No han podido, como hacen a diario con los cientos de crímenes de ciudadanos “anónimos” , mantenerse indiferentes; no han podido silenciarlo, obviarlo, minimizarlo. La crueldad, la violencia absurda de este caso con resonancia pública ha traspasado nuestras fronteras y le ha quitado la careta a un régimen que está muy consiente de esta realidad y que, sin embargo, se ha rehusado de manera sistemática a ejercer su rol de gobierno y a cumplir con su obligación de proteger la vida de los ciudadanos.

Por eso, no nos engañemos: no es que Maduro no pueda acabar con la violencia. La realidad es que no quiere hacerlo, porque la violencia ha sido y es para este régimen una política de Estado, que persigue el control físico, social y espiritual de la sociedad.

Si en verdad los voceros del Gobierno estuviesen interesados en combatir el hampa, como ofrecieron ayer en rueda de prensa, entonces darían muestras de voluntad de cambio, haciendo un viraje drástico en su fallido Plan Patria Segura. En ese caso, se comprometerían a despolitizar el sistema judicial y las policías, removiendo de sus cargos a la actual directiva e incorporando figuras de prestigio nacional; se suspendería el uso de las fuerzas policiales y los organismos de seguridad para perseguir opositores y para nutrir sus numerosísimas unidades de escoltas y avocarlos con un objetivo superior: combatir la criminalidad.Y como señal de buena voluntad, liberarían esta misma semana a Iván Simonovis, al promulgar una ley de amnistía que garantice la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados y el cese de la persecución a la disidencia.