Dos abogados litigantes en materia contencioso tibutario se acercaron a la redacción de lapatilla.1eye.us para denunciar, en condición de anonimato, lo que califican como una sitiuación irregular de persecución a jueces tributarios que no se plieguen a la línea de actuación que pretende dictarle la Jueza Coordinadora (e) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Area Metropolitana de Caracas.
El sistema judicial no ha estado exento de la presencia de comisarios políticos que no solo buscan purgar a los que suponen disidentes sino que además quieren imponer como pauta una administración dilatada y distorsionada de las sentencias.
Este es el caso de los tribunales contenciosos tributarios que funcionan en El Rosal. Una juez vinculada al ex gobernador del Táchira Ronald Blanco LaCruz la ha emprendido contra sus colegas por exhibir mejores números en cuanto al procesamiento de casos. Con más de 800 casos sin resolver, esta juez se permite descalificar e insultar a sus colegas porque no se puede ser tan eficiente.
En los corrillos del tribunal no sorprende la incapacidad de la jueza para dictar sentencias. Según dicen, es la última en llegar a media mañana y la primera en irse. Su falta de disciplina y arrogancia la apoya en su supuesta amistad con la presidenta del TSJ.
La jueza viene acompañada de antecedentes de tráfico de influencias a favor de su hermano cuando era encargada del tribunal superior administrativo del estado Táchira. Esta señora intentó que el constructor, su hermano, no fuera encausado penalmente por irregularidades cometidas en los avances de obra.
La jueza ha intentado desatar un régimen de terror en los juzgados tributarios y ha amenazado a jueces con su destitución. Los acusa de ser muy eficientes en la resolución de casos y dictado de sentencias.
Lo cierto es que reina un ambiente de desconcierto. Los abogados litigantes y los administrados de justicia sienten que la situación no es propicia para esperar justicia de unos organismos a los que se les quiere hacer actuar como guillotinas políticas del régimen.
Los tribunales superiores en lo contencioso tributario manejan materias muy delicadas que tienen que ver con los actos que el fisco pudiera realizar al investigar a los contribuyentes. Cuando un contribuyente no está de acuerdo con un acto del fisco que le afecte, tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales superiores de lo contencioso tributario según está previsto en el Código Orgánico Tributario.
Ante el estado actual de cosas, los ciudadanos y las empresas quedan en un indeseado e inconstitucional estado de indefensión ante el sentimiento de que no vale la pena introducir recursos de consideración ante un tribunal que más bien luce como un comisariato del partido de gobierno.