La relatividad de las cifras y su presentación pública no nos deben llevar a restarle importancia a los fenómenos sociales preocupantes y dañinos. Tal es el caso de la baja incidencia de delitos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que presentó el Ministerio Interior de Cuba.
Según la información que publicó el martes la agencia Prensa Latina, durante el 2012 se reportaron en el país 2.117 denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes, lo cual arroja una incidencia de 0,09%, en relación con una población de 2.260.751 habitantes de hasta 16 años.
Los datos que ofreció la coronela Idaís Borges, jefa de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior (Minint), vendrían a corroborar que, efectivamente, tales manifestaciones no constituyen un problema social en Cuba.
Pero, ¡ojo!, una simple división aritmética nos da un promedio de 5,8 denuncias diarias por esta causa. O sea, cada día hay al menos cinco menores de edad envueltos en presuntos actos de abuso que llegan a manos de la justicia. Y, de cualquier forma, un solo caso ya debería ser demasiado.
Si bien podríamos estar de acuerdo con que “en la nación caribeña no existen redes dedicadas a la trata y abuso de menores, y que las autoridades aplican una política de cero tolerancia hacia los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, de la familia y de la infancia y la juventud”, según expresó la funcionaria, yo personalmente no me conformo con ese enfoque triunfalista.
Los casos que llegan a denunciarse distan de ser la totalidad. Además, hay múltiples formas de atentar contra los derechos de la infancia y la adolescencia que no necesariamente toman la forma de abusos sexuales. Por ejemplo, hoy por hoy, no veo una enérgica intervención de la policía frente a la utilización de menores en actividades lucrativas informales o en labores particulares.
Recuerdo una ocasión, hace ya algunos años, en que un individuo representaba su espectáculo callejero en compañía de un niño muy pequeño en el Malecón, a altas horas de la noche. Este tipo de empleo de los infantes en actos o conductas que los denigran o los apartan de su descanso, el estudio u otras actividades propias de su edad, también tenemos que repudiarlo. Si es preciso, también habría que denunciarlo ante las autoridades policiales, las cuales, por cierto, tienen bastante presencia en estos sitios públicos. Y de paso, podrían estar más alerta en este sentido, en lugar quizás de concentrar tanto su atención en los sitios y la manera en que comparten las personas homosexuales, bisexuales y trans.
Otro elemento que no podemos desconocer es que los instrumentos legales a los que hace referencia la funcionaria del Minint, como mecanismos para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular, “los códigos de Familia, de la Niñez y la Juventud, y un decreto sobre la Adopción”, hace rato que requieren una revisión y actualización. Es un reclamo de muchos activistas por los derechos humanos y expertos en cuestiones de familia en la actualidad.
Resulta muy congruente y lógico con nuestro proyecto social que “el Estado cubano esté entre los 10 primeros que ratificó la Convención de Palermo sobre los derechos de los niños”, y me parece genial que “la Dirección de Menores del Minint y sus centros de protección trabajen para prevenir y detectar los delitos cometidos contra ese sector de la población, así como para evaluar y dar tratamiento educativo y especializado a las víctimas y sus familias”.
Pero, por favor, no nos quedemos en la simpleza de los porcentajes matemáticos y en el acomodamiento de las cifras para edulcorar nuestra realidad.