La muerte de 16 reclusos en el internado judicial de Sabaneta, en Maracaibo, reabre el debate sobre la crisis del sistema penitenciario en Venezuela, reseña El País de España.
Alfredo Meza / Caracas/El País de España
Una pelea en la cárcel nacional de Maracaibo, al oeste de Venezuela, dejó 16 muertos y un nuevo líder: Edwin Ramón Soto Nava alias El mocho Edwin quien, según la prensa local, con tomar el control del centro penitenciario. La prisión, rodeada de casas llenas de huecos por las balas, no debería alojar a más de 700 presos. El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG, calcula que allí viven casi 3.700.
La noticia conmovió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. No destaca por sus gestos delicados, pero al confirmar el parte de fallecidos lucía afectada. “Me erizo al observar cómo se quitan la vida unos a otros. No hay el más mínimo respeto. Conozco los motivos fútiles e innobles que provocaron este suceso”, dijo tras la masacre. Horas antes de la matanza había denunciado que funcionarios del ministerio habían recibido amenazas de muerte desde teléfonos con identificación restringida o desde el extranjero.
Este nuevo actode violencia en las cárceles venezolanas no sorprende a los venezolanos, quienes parecen acostumbrados a que, de vez en cuando, los presos se maten entre sí. Ocurrió en 2011 y 2012 con los desalojos de los penales de Yare y La Planta y más recientemente en 2013 con la requisa del internado de Uribana (murieron 58 personas e hirieron a más de 100).
Tantas muertes reflejan que la violencia se ha naturalizado como modo de resolver las diferencias debido a la incapacidad del Estado de mediar a tiempo para solucionarlas. Nueve de cada 10 asesinatos quedan sin castigo. El año pasado, según cifras oficiales, mataron a 16.030 personas. 44 por día. Un 14,4% más que el año anterior, 2011, cuando murieron 14.007. Todo indica que en 2013 la cifra se incrementará en un porcentaje similar.
“Nunca fue tan pertinente el uso del término ‘anomia’ [ausencia de ley] para describir la situación de la actual Venezuela”, afirma el sociólogo Tulio Hernández en una conversación con este diario. El país ha llegado a este estado de cosas en buena medida por el agotamiento de un sistema político-económico instaurado a la caída de la dictadura en 1958, que captaba y distribuía la renta proveniente de la venta de petróleo. Ese modelo en esencia podría resumirse en esta sentencia: El Estado se ocupaba del bienestar de sus ciudadanos, pero éstos no tenían ninguna obligación con el Estado.
“Ese modelo se hizo inviable en la medida que se fue consolidando”, afirma la socióloga Isabel Pereira. Con la falta de respuestas a las demandas de las audiencias surgió la anarquía. Eso ocurrió con las cárceles locales. En la era chavista se ha renunciado al control interno del penal y los reos han fundado su gobierno de leyes medievales. Ahora el gobierno está haciendo esfuerzos por recuperar el control con pobres resultados.
En el penal de Sabaneta, al menos hasta 2008, había una piscina donde se bañaban los hijos de los prisioneros. El líder del penal había contratado a un DJ que ponía música en un salón oscuro que se asemejaba a una discoteca. El sonido proveniente de grandes cornetas aturdía. Varios de los presos estaban armados con armas caseras, cuchillos y fumaban marihuana. El Gobierno es consciente de esa situación pero no interviene porque apenas custodia el perímetro. El resultado ha sido un incremento anual de la cifra de asesinatos entre internos, la formación de bandas que luchan a muerte por el control del penal, que es un jugoso negocio, y la planificación de delitos.
Una explicación extendida entre la oposición indica que Hugo Chávez es el principal responsable de esta degradación del valor de la vida, pero esa es una verdad a medias. Antes de que él llegara al Gobierno había evidentes muestras de ineficiencia y corrupción en el sistema carcelario, jefes que controlaban a la población penal y guardias corruptos que les proporcionaban armas y drogas. Chávez y su gobierno sí fueron responsables de la profundización de ese drama. La lectura de Isabel Pereira sugiere que el Presidente heredó el excesivo poder que ya concentraba el Estado venezolano y no quiso utilizarlo para un fin distinto que el de imponer una revolución socialista. La contribución de Chávez a la profundización de la violencia puede medirse en dos aspectos: limitar la represión policial para no perder votos entre su electorado y en la justificación ética del robo. Quien tiene hambre, dijo el mandatario en 1999, está habilitado para delinquir. “El apoyo a los invasores de tierras contribuyó a reforzar esa ética delincuencial, que está tan naturalizada que todos los venezolanos, en mayor o menor medida, ya consideran las normas como injustas y se sienten con el deber de romperlas”, opina Tulio Hernández. Isabel Pereira ha definido toda esta situación en un libro de próxima aparición como la quiebra moral de un país.
Las cárceles venezolanas son el sótano del país. Allí hay un 44% mayor de morir según Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones. Sin sumar a los caídos en Sabaneta, hasta julio habían fallecido 289 reos en reyertas. Los penales locales sólo pueden recibir a 16.539 personas, pero hay 52.933 presos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, pagando condenas o esperando sentencia. La ministra Iris Varela ha confesado que el Estado controla solo siete de las 30 cárceles del país. Esta situación es una paradoja dentro de un Estado que hace gala de su poder, pero que en realidad está a merced de las mafias.