El impugnado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene previsto solicitar el martes poderes especiales para emitir leyes por su propia cuenta –sin el visto bueno del Congreso– argumentando que los necesita para luchar contra la corrupción. Pero líderes de la oposición advierten que la iniciativa le otorgaría al régimen un cheque en blanco para terminar de sellar un régimen socialista de corte cubano, publica El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
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El régimen tiene previsto solicitar los poderes cuando la mayoría de los expertos señala que son innecesarios para emprender la cruzada contra la corrupción, que incidentemente es causada en su mayor parte por los propios líderes y actores del chavismo.
“Es la receta que quieren aplicar, el gobierno huye para adelante porque tiene una grave crisis en sus manos; tiene ya dos devaluaciones, está produciendo dinero inorgánico, no tiene dólares y ha sobreendeudado al país”, comentó el diputado de la oposición William Barrientos en una entrevista.
“[Con la ley habilitante], ellos intentan ganar tiempo en función de aplicar el paquete de medidas cubanas”, señaló.
De introducirla el martes como tiene previsto, Maduro estaría siguiendo los pasos dados por el fallecido presidente Hugo Chávez en el 2010, cuando solicitó los mismos poderes especiales para enfrentar las graves inundaciones que dejaron miles de damnificados ese año.
Solo un par de las 54 leyes emitidas a través de esos poderes tuvieron alguna relación con los desastres naturales, mientras que las restantes sirvieron para introducir , en el orden jurídico del país, leyes para adelantar la instauración de un régimen socialista con características similares al que existe en Cuba.
Barrientos dijo que en esta ocasión Maduro pretende hacer lo mismo para instaurar los mecanismos que ellos creen que les ayudarán a acrecentar su ya vasto poder sobre la sociedad venezolana, lo que se traduce en que la población se haría más dependiente aún del Estado.
Esa dependencia es vital para las labores de control social de cara al esperado incremento de la crisis económica.
Pero también es necesario para desarticular todo rasgo de fiscalización en el manejo inmediato de los cada vez más escasos recursos del Estado.
“Ellos quieren esa ley habilitante para poder manejar a manos llenas, sin control, sin fiscalización de parte del primer poder público, que es la Asamblea Nacional, el dinero que por concepto de la renta petrolera entra al país”, dijo Barrientos.
El régimen dijo que pretende introducir el próximo martes el proyecto de ley habilitante, para cuya aprobación necesitaría 99 votos, uno más de los 98 que actualmente tiene.
Y el voto faltante solo podría ser conseguido a través de la corrupción, advirtió recientemente el líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles.
El reportaje completo en El Nuevo Herald