La nueva Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones no incorporó ninguna disposición específica para prevenir la creación de grupos armados o colectivos ni para desarmar a los ya existentes.
Javier Ignacio Mayorca/El Nacional
El texto de 126 artículos, 6 disposiciones transitorias y 2 derogatorias, publicado en Gaceta Oficial el lunes pasado, no toma en cuenta la existencia de estas organizaciones en el país. Sus proyectistas generalmente eludieron el asunto o disminuyeron su importancia. Por ejemplo, el secretario técnico de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, Pablo Fernández, en un foro equiparó a estas organizaciones con las personas que según él han ultimado a los campesinos que toman fundos en supuesta ejecución de la Ley de Tierras.
“Llama la atención el silencio de los medios frente al hecho objetivo de 300 campesinos asesinados por defender la Ley de Tierras. Creemos en el desarme para todos los sectores. No podemos reducir esto a un colectivo”, afirmó.
El diputado Juan Carlos Alemán, integrante de la comisión que elabora el reglamento a la ley, afirmó que los colectivos no fueron mencionados porque la norma “aplica para todos los sectores”.
“Lo que nos interesa es que los sujetos entreguen las armas, no si pertenecen o no a un colectivo. Por eso, la ley está hecha en los términos más amplios posibles”, dijo.
Reglamento necesario. La ley vigente establece que el Ejecutivo contará con 180 días para elaborar los reglamentos que permitan poner en práctica iniciativas como la entrega voluntaria y anónima de las armas, prevista en los artículos 84 al 88 del texto. El plazo vencerá el 17 de diciembre y no será prorrogable. De acuerdo con el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, los reglamentos estarán listos en la mitad de ese tiempo.
El grupo que los elabora está encabezado por la viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, María Wendolay. Esta semana comenzó a sesionar.
El criminólogo y profesor de la ULA Freddy Crespo señaló que el Ejecutivo ha convencido a individuos para que entreguen sus armas en forma voluntaria. En cambio, indicó que los colectivos “difícilmente lo harán porque para ellos el arma tiene otra connotación”.
“Muchos jóvenes entregarán sus armas precisamente porque quieren deslastrarse de estos grupos. Piden escolaridad, trabajo y que el Estado les garantice salir del barrio”, aseguró.
En evaluación. La norma abrirá la posibilidad de que tanto particulares como agrupaciones o colectivos entreguen sus armas al Estado de forma anónima y voluntaria.
A este proceso se le llamó “amnistía”, y es visto como un requisito indispensable para que el desarme tenga éxito. El artículo 88 de la ley establece que no se iniciaría ninguna persecución penal hacia la persona que consigne el armamento.
Los colectivos que operan en la parroquia 23 de Enero aún no han llegado a un consenso sobre la actitud que tendrán frente a la iniciativa.
El representante de la Coordinadora Simón Bolívar, diputado suplente Juan Contreras, indicó que el tema sería analizado durante una reunión el miércoles en la sede de esa entidad, en La Cañada. Dijo que el asunto es “delicado” y que por lo tanto cualquier posición debe ser producto del debate entre los colectivos que participan en ese conglomerado. Los contactos posteriores fueron infructuosos.
El único que adelantó opinión al respecto fue el secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro José Pinto. Anunció que su organización inició contactos con la Comisión para el Desarme para participar en las iniciativas del Ejecutivo.
Advirtió que ese problema no se resolverá de la noche a la mañana debido a la existencia de “deformaciones estructurales” en la sociedad, que fomentan la violencia armada.
Considera que el Gobierno debe “diseñar una política de participación” para superar las condiciones de exclusión que llevan a ciertas personas a incorporarse a grupos violentos.
“En la medida en que se sientan incluidos, entregarán las armas. No se puede entregar un balón de 1.200 bolívares a cambio de una pistola que cuesta 20.000 bolívares en la calle. Eso no es un incentivo real sino la participación. Nosotros hemos hecho un trabajo en esa dirección con sectores armados”, dijo.