Esta entrega va dirigida al flamante Ministro del Interior, Justicia y ¿Paz? ciudadano Miguel Rodríguez Torres. Por si acaso, y por aquello de la muy frágil “sensibilidad de piel” que muestran los funcionarios públicos de nuestro país ante cualquier cuestionamiento, le adelanto que me amparo en varios artículos de la Bolivariana para escribirle lo que acá le dejo. Empiezo por el artículo 2º de la Constitución, que señala como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, entre otros, la “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Esto quiere decir básicamente, que en cualquiera de sus desempeños como Ministro usted debe comportarse no sólo de manera ética y cabal – y la “trampa” que le tendió usted al General Rivero, desde el punto de vista ético, deja mucho que desear- además debe respetar los DDHH y especialmente a quienes no piensen como usted ni estén, como quien suscribe, con este gobierno. Por otro lado, el artículo 3º de nuestra Carta Magna, nos dice que el primer y más importante fin esencial del Estado es “la defensa de la persona y el respeto a su dignidad”.
Esto ciudadano Ministro, implica que nuestra Constitución recoge una concepción de las relaciones entre el poder y la ciudadanía humanista y antropocéntrica, según la cual el Estado y todas sus instituciones, especialmente las que deben ocuparse del resguardo de nuestra seguridad, están al servicio de los personas que no al revés, de manera que si algún ente público, so pretexto del mantenimiento de la “paz”, se ocupa más de proteger al poder que a la ciudadanía, está desvirtuando su esencia y está desconociendo una orden, que no es una simple sugerencia, constitucional.
Si ya de entrada le parecen altisonantes o “desestabilizadoras” –esta última como que es la palabra de moda en el gobierno- mis palabras, le recuerdo también dos cosas: Primero, que soy tan pueblo como el que más y la soberanía reside intransferiblemente (así lo dice el artículo 5º de la Constitución) en el pueblo; y no sólo eso, también llamo su atención, respetuosamente pero con firmeza, sobre el hecho de que como ciudadano tengo pleno derecho a ejercer sobre el poder público y sobre sus desempeños la denominada “contraloría social”.
Como lo dicta el artículo 141 de la CRBV, usted como Ministro está sujeto no sólo a la Constitución y a la ley (lo ordena de antemano el Art. 7 de la CRBV) sino a los principios de “rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Por último, aunque podría seguir en este análisis hasta agotar el espacio con la revisión de otras normas, especialmente internacionales, también vigentes en Venezuela, le destaco que a tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución, tengo pleno derecho a expresar mis pensamientos y opiniones, siempre que con ello no ofenda ni cometa delito, caso en el cual, como ahora las asumo porque estoy seguro de la corrección de mi proceder, deberé asumir mis responsabilidades.
Así las cosas, empecemos por lo elemental: No es con militares en la calle que se enfrenta la inseguridad. No vea mi previa afirmación como una suerte de incomodidad preconcebida hacia las FAN, sino como una impresión objetiva que nace además de muchos años de estudio del tema criminológico. Tampoco se trata de un menosprecio hacia nuestros militares, ni mucho menos. Mi aserto tiene que ver con una verdad incontestable: Los militares no están preparados ni formados para atender a las necesidades de la seguridad ciudadana.
Saber disparar un FAL, o estar entrenado en las artes de la guerra, no es lo mismo que estar preparado para manejar la criminalidad. De la misma manera en que yo no estoy capacitado para ordenar un tratamiento médico si a mí, como abogado, se me presenta una persona con determinada sintomatología que no estoy en condiciones de evaluar, un militar tampoco está capacitado para controlar delincuentes.
Una cosa es que los militares estén entrenados para defender nuestra soberanía y para proteger nuestra integridad territorial, y que deban cooperar –sujetos por supuesto a las autoridades civiles- en lo que atañe al mantenimiento del orden interno, y otra muy diferente, es que se les coloque en funciones de prevención o de patrullaje que sencillamente no están preparados para realizar. El cuestionamiento anterior, evaluando sus propias palabras, viene avalado por el sentido que usted mismo quiso darle a esta presencia militar en nuestras calles.
Usted expresó textualmente en una alocución reciente que “A quienes no quieran entrar en el modelo de la paz, les aplicaremos todo el peso de la ley” ¿A qué “modelo de paz” se refiere usted? ¿Al que encarceló a más de quinientas personas a nivel nacional, sólo por haberse atrevido a demandar la auditoría de la totalidad de los votos del pasado 14A? ¿Al que se ha dado a la tarea de amenazar con investigaciones penales a todo el que se pronuncie a favor de la lucha no violenta contra aquel desempeño del poder con el que no esté de acuerdo? Presentar o dirigir peticiones a cualquier órgano del poder público, digamos el CNE o el TSJ, es un derecho que todos tenemos (Arts. 26 y 51, CRBV); también lo son asociarnos con fines lícitos, para formar si así nos place por ejemplo, una ONG tutelar de los DDHH o un partido político opositor al gobierno (Art. 52, CRBV); reunirnos pacíficamente, sin armas y sin permiso previo (Art. 53, CRBV) y también tenemos derecho a manifestar pacíficamente lo que nuestra conciencia nos imponga (Art. 61, CRBV). Siendo así, le reitero la pregunta ¿Qué es lo que usted entiende por “paz”?
Parece que la única “paz” que hasta ahora le ha interesado al poder, es la que pasa por el desconocimiento de que al menos la mitad del país siente que las cuentas electorales recientes no son las correctas, o la que parte de la base de que todo el que no esté con el oficialismo es un criminal, lo cual no sólo no es cierto, sino además es una grave abuso del que pueden nacer, para quienes lo ejecuten, graves responsabilidades que no prescriben.
Siguiendo la línea, tampoco se garantiza el control de la delincuencia metiendo presos, en burdas celadas, además con base a falsos supuestos, a los líderes opositores, espiando a los disidentes ni dando paseítos mediáticos por las zonas populares de nuestra nación, todo para hacer creer al pueblo que se está “haciendo algo”, cuando en realidad de lo que se trata es de un ejercicio simbólico dirigido más a la personalista autopromoción que a otra cosa.
Del tema de la inseguridad, que nos afecta a todos por igual sin distinciones políticas de ningún tipo, lo que hay es que ocuparse tomando en cuenta las opiniones de los que saben de estos temas, que en Venezuela hay muchos y muy bien preparados, que no persiguiendo a quienes no creen en Maduro ni en su proyecto. Está usted a tiempo, deje los sesgos y las cegueras y ocúpese Miguel, ocúpese.
@HimiobSantome