Violaciones a la libertad de expresión en Venezuela recopiladas por la Cidh (Informe)

abril 18 2013, 1:38 pm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por las agresiones reportadas contra medios y periodistas en Venezuela durante el año 2012, así como por la falta de investigaciones y sanciones a los responsables. La Cidh redactó el informe con datos proporcionados tanto por la sociedad civil como por el Estado de Venezuela. La Comisión no sólo recopiló agresiones físicas contra medios y periodistas, sino los continuos ataques a los portales informativos, entre los que se encuentra  lapatilla.1eye.us.

La comisión especifica que entre las páginas Web que habrían sido bloqueadas en 2012 se encuentran: Laclase.info, el 3 de mayo; el portal informativo La Patilla, el 17 de mayo y el 6 de octubre; la página oficial de campaña del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, el 14 de agosto; el portal del semanario Sexto Poder y el Noticiero Digital, ambos el 7 de octubre.

Esta situación se vio acentuada en los días anteriores y posteriores a la elección presidencial del 7 de octubre, cuando fueron reportados múltiples ataques a portales de Internet y a cuentas de Twitter de personalidades públicas. En este sentido, según la información recibida, el 6 de octubre, el portal informativo La Patilla habría sufrido un ataque cibernético que impidió a los administradores actualizar la página y el 7 de octubre, cuando se esperaba la publicación de los resultados de la elección, se habrían presentado fallos en los portales de Globovisión, 6to Poder, Noticiero Digital, Radio Nacional de Venezuela (RNV) y La Iguana TV.

Informe sobre Venezuela

27.       Venezuela[1]

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información relativa a la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y para ello ha contado con datos proporcionados tanto por la sociedad civil como por el Estado de Venezuela. En este último sentido, el 22 de febrero de 2013, el Estado de Venezuela dirigió a la CIDH el oficio AGEV/000039 de la Dirección de Asuntos Multilaterales y de Integración de la Agencia del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, en el cual hizo referencia a la situación de la libertad de expresión en Venezuela y aportó información respecto de los casos particulares que han sido reportados a la CIDH y que se presentan en este informe.

1.         Agresiones y Amenazas contra Medios y Periodistas

1. La CIDH expresa su preocupación por las agresiones reportadas contra medios y periodistas en Venezuela, así como por la falta de investigaciones y sanciones a los responsables[2]. En este sentido, la CIDH fue informada de las amenazas que habría recibido el comunicador Luis Carlos Díaz en noviembre de 2011 y en enero de 2012 mediante su cuenta en la red social Twitter y en su teléfono móvil. Las amenazas habrían sido motivadas por su actividad en redes sociales y sus comentarios acerca de los ataques informáticos que habrían recibido diversas personalidades venezolanas. De acuerdo con lo informado, el 7 de enero un supuesto grupo de hackers que se hace llamar N33 habría anunciado en la cuenta de Díaz en Twitter que lo llamarían, y cuando lo hicieron le dejaron un mensaje de voz con tono intimidatorio en el cual aseguraban que “lo iban a reventar”. El 20 de noviembre, desde una supuesta cuenta de un canal estatal, Díaz habría recibido mensajes en los que le decían “estás fichado” y ”¿Te gustó la sorpresita?”, seguidas por una llamada telefónica en la que le insultaron. Díaz es el coordinador del Área de Comunicación y Redes del Centro Gumilla, una institución de investigación y acción social de la orden de los jesuitas^[3]. El 28 de enero, las cuentas en Twitter del director de la versión digital del semanario Sexto Poder, Alberto Rodríguez (@AlbertoRoPa), y el periodista Orian Brito (@OrianTV) habrían sido intervenidas por el grupo N33 y los periodistas perdieron el acceso a las mismas. El 31 de enero, habrían comenzado a aparecer archivos personales de Brito en la misma cuenta, así como mensajes agresivos contra periodistas que han sido críticos del presidente Hugo Chávez. Los hechos habrían ocurrido después de que los comunicadores denunciaran que el Gobierno venezolano estaría reclutando menores de edad para actividades armadas^[4]. El grupo de hackers N33 habría intervenido el 7 de marzo la cuenta en la red social Twitter del director del diario El Nuevo País, Edgar C. Otálvora (@ecotalvora), y desde allí enviaron imágenes y mensajes insultantes contra el candidato presidencial opositor Henrique Capriles[5].

 

1. El 18 de enero de 2012 un equipo periodístico de RCTV habría sido encañonado con armas de fuego por desconocidos y despojado de sus equipos mientras cubría la publicación de los resultados de las elecciones estudiantiles en dos escuelas de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo con lo informado, los comunicadores habrían grabado a dos encapuchados que lanzaron bombas lacrimógenas a la salida de un auditorio donde se anunció el resultado de la votación. Antes de escapar, los sujetos armados habrían disparado al aire^[6].

 

1. De acuerdo con información recibida, desde febrero de 2012 el columnista Omar Arévalo, del diario La Prensa de Barinas, habría recibido amenazas y sería objeto de una campaña de descrédito después de publicar denuncias de presuntas irregularidades en la alcaldía de Barinas^[7].

 

1. De acuerdo con información recibida, un grupo, conocido como “Brigadas Integrales Comunitarias”, habría agredido el 8 de febrero de 2012 a la corresponsal de Globovisión en el estado Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, cuando cubría la visita de una comisión de la Fiscalía General de la República que investigaba las muertes de varios recién nacidos en un hospital de Maracay^[8].

 

1. La CIDH tuvo conocimiento de que el 19 de febrero de 2012 el periodista del diario Visión Apureña, Mario Castillo, habría sido agredido por un presunto miembro de la Guardia Nacional en un hospital de la ciudad de San Fernando de Apure. Según la información recibida, el periodista habría intentado fotografiar el ingreso al hospital de un militar herido de bala en un pie de manera accidental, cuando el efectivo de la Guardia Nacional le habría insultado y amenazado^[9].

 

1. El 5 de marzo de 2012, varias decenas de presuntos funcionarios del Estado y miembros de un grupo llamado Los Motilones, se habrían presentado a la emisora La Barinesa 92.7 FM, de Barinas mientras se transmitía el programa Punto y Coma, conducido por el periodista y candidato a la Alcaldía de Bolívar, Adolfo Superlano. De acuerdo con lo informado, la presencia del grupo en la emisora habría tenido la finalidad de amedrentar al director de la emisora, después de que durante varios días un programa transmitiera información relacionada con la posible contaminación del acueducto de Barinitas. Superlano habría denunciado la situación ante el Ministerio Público y solicitado protección[10].

 

1. El 11 de marzo de 2012 desconocidos habrían incendiado la casa del periodista José Ramón González, secretario general de la seccional Apure-Amazonas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). De acuerdo con la información recibida, durante la madrugada los perpetradores habrían entrado violentamente a la casa, rociado gasolina en el interior y prendido fuego. Días antes del incidente, González habría recibido amenazas e intentos de extorsión[11].

 

1. Asimismo, el 11 de marzo de 2012, presuntos integrantes del Colectivo La Piedrita, grupo armado ilegal que opera en un sector popular de Caracas, habrían llevado a las instalaciones del canal Globovisión dos carrozas fúnebres con los ataúdes que contenían los restos de dos miembros de dicho grupo asesinados recientemente. De acuerdo con lo informado, el Colectivo La Piedrita habría responsabilizado a Globovisión por la muerte de sus compañeros, que según ellos habrían sido asesinados por un grupo paramilitar. El 10 de marzo, otro grupo llamado Secretariado Revolucionario de Venezuela también se habría manifestado frente a las instalaciones de Globovisión y habría atribuido a la emisora crear “violencia a nivel mediático” y “magnificar” la violencia que ocurre en barrios de Caracas[12]. Desde 2004 Globovisión cuenta con medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se ordenó al Estado, inter alia, “que adopte, sin dilación, las medidas que [fueran] necesarias para resguardar y proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión, y de las otras personas que se encuentren en las instalaciones de dicho medio de comunicación o que estén directamente vinculadas a la operación periodística de este medio”, así como “las medidas que [fueran] necesarias para brindar protección perimetral a la sede del medio de comunicación social Globovisión”[13].

 

1. De acuerdo con información recibida, la periodista Sara Vargas García, del canal Órbita TV de Anzoátegui, habría recibido amenazas, en llamadas telefónicas a su programa de televisión y mediante una nota escrita, el 15 y el 16 de marzo de 2012. Las advertencias coincidirían con informaciones que la periodista habría divulgado acerca de dos secuestros ocurridos recientemente[14].

 

1. La CIDH tuvo conocimiento de que la caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, habría recibido una serie de mensajes denigrantes e intimidatorios después de que el 14 de marzo de 2012 el conductor del programa “La Hojilla”, de la televisión estatal, Mario Silva, la habría calificado como “racista” y “clasista”. El 20 de marzo la caricaturista habría denunciado las ofensas y agresiones ante el Ministerio Público[15]. El programa “La Hojilla” es transmitido en un canal de televisión público, y se ha caracterizado por cuestionar a críticos u opositores del Gobierno Nacional.

 

1. La CIDH fue informada de los ataques que habrían sufrido cinco medios de comunicación. Según lo informado, el 19 de marzo de 2012 en la noche, desconocidos habrían hecho varios disparos contra el diario Nuevo Día, en Coro, estado Falcón, sin causar víctimas. Autoridades policiales que investigan el hecho determinaron que proyectiles penetraron la puerta principal del periódico[16]. El 5 de octubre, desconocidos habría lanzado un artefacto explosivo contra el Nuevo Día y una persona que caminaba por el lugar habría sido herida. Este sería el tercer ataque realizado contra el diario desde junio de 2010[17].

 

1. Asimismo, el 28 de mayo una persona habría lanzado una granada contra el periódico Qué Pasa, el 29 de mayo sujetos desconocidos habrían disparado contra la emisora estatal Catatumbo Televisión y el 3 de junio hombres armados habrían disparado varias veces contra el diario Versión Final. Ninguno de los atentados causó víctimas[18]. El 10 de julio, desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo a un vehículo del diario La Costa, de Carabobo[19].

 

1. De acuerdo con información recibida, a inicios de junio los periodistas del diario El Universal, María Isoliett Iglesias, Deivis Ramírez, Tomás Ramírez González y Luis García habrían presentado una denuncia al Ministerio Público debido a un mensaje anónimo amenazante recibido en el periódico que advertía acerca de un ataque contra los periodistas que han reportado la crisis carcelaria que se produjo en el centro penal de La Planta[20].

 

1. La CIDH fue informada de que el 1 de agosto presuntos agentes de la Guardia Nacional habrían despojado de su cámara fotográfica al reportero gráfico del Diario De Frente, Huanis Alfaro, y le habrían borrado las imágenes. Al parecer, el comunicador habría registrado hechos violentos que ocurrían en un lugar público, en la ciudad de Barinas[21].

 

1. De acuerdo con información recibida, la periodista Delvalle Canelón y un camarógrafo que la acompañaba, ambos de Globovisión, habrían sido agredidos el 22 de agosto, por particulares, cuando intentaban informar acerca de hechos violentos que ocurrían en esa prisión[22].

 

1. Asimismo, presuntos efectivos militares habrían agredido el 12 de septiembre a la periodista Haydeluz Cardozo y al fotógrafo Jairo Nieto, ambos del diario El Impulso, cuando buscaban información acerca de un decomiso de camiones de alimentos de la gobernación del estado Lara. Según lo informado, los comunicadores habrían sido golpeados, y su equipo fotográfico dañado, cuando forcejeaban para intentar ingresar a las instalaciones donde se efectuaba la diligencia[23].

 

1. Según información recibida, supuestos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana habrían agredido y despojado de sus equipos de trabajo a camarógrafos de los canales Gobovisión y DAT TV, cuando intentaban filmar una acción de los guardias contra participantes en una protesta estudiantil relacionada con el mal estado del viaducto La Cabrera, estado Carabobo[24].

 

1. Asimismo, el 20 de septiembre, presuntos agentes de la Guardia Nacional habrían hostigado al reportero gráfico del periódico Notitarde, Raúl Araque, cuando intentaba cubrir el incendio en la refinería El Palito, estado Carabobo. Según lo informado, el fotógrafo hacía su trabajo cuando habría sido abordado por un grupo de guardias que le encañonaron y le obligaron a entregar su equipo[25].

 

1. De acuerdo con información recibida, el periodista del canal público ANTV, César Aponte, habría sido agredido el 24 de octubre por miembros de la seguridad de la Universidad Central de Venezuela, cuando intentaba cubrir información del Consejo Universitario[26].

 

1. La CIDH fue informada de que el 1 de noviembre desconocidos habrían disparado contra las oficinas del diario El Regional del Zulia, en Maracaibo. Según lo informado, las autoridades realizaron investigaciones en el lugar de los hechos y habrían indicado que se trataba de un hecho aislado[27].

 

1. Por otra parte, en las audiencias públicas sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, celebradas el 27 de marzo y el 1 de noviembre de 2012 en la CIDH, los peticionarios plantearon el efecto inhibitorio que surge de las agresiones e intimidaciones, atribuibles en su criterio, de manera preponderante, a servidores públicos o personas afines al Gobierno. Asimismo, resaltaron la impunidad existente respecto de estas violaciones. Manifestaron también su preocupación por la descalificación que sufren los medios en el país, la desestimación de las investigaciones sobre agresiones, la intimidación que produce la falta de justicia y la gran cantidad de ataques informáticos registrados en 2012. Al respecto, el Estado indicó que las denuncias que se presenten sobre estas violaciones tienen que estar debidamente sustentadas y contar con suficientes elementos probatorios, y añadió que las restricciones a la libertad de expresión en el país no provienen del Estado sino del poder de los medios privados[28].

 

1. Por otra parte, en sus observaciones al presente informe, el Estado indicó que, la información reportada sobre agresiones y amenazas contra medios y periodistas se encuentra sustentada en “publicaciones de medios de comunicación venezolanos y de ONG’s venezolanas”, cuando “los únicos medios de prueba, según la legislación venezolana, en caso de agresiones son las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, única forma para que se inicie una investigación penal”. El Estado resaltó que el país cuenta con “un centenar de medios de comunicación y en un noventa por ciento, todos tienen un sesgo político contra el gobierno del Presidente Chávez, y sus informaciones son en las mayorías (sic) falsas, incumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que en su artículo 58, [dispone] “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial […]”[29].

 

1. El Principio 9 de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH en el año 2000 establece que: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 

2.         Agresiones en el Contexto Electoral

 

1. Por otra parte, la CIDH recibió información sobre el aumento de las agresiones a periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante el proceso electoral. En este sentido, la CIDH continúa advirtiendo un agudo clima de polarización que dificulta, y en muchos casos impide, que los periodistas puedan realizar su trabajo de informar adecuadamente a la sociedad. De esta manera, el 14 de febrero de 2012 presuntos oficiales de la Policía de Aragua habrían sometido físicamente y despojado de su equipo de trabajo al reportero gráfico Luis Rivas, del diario El Aragüeño, cuando cubría los disturbios relacionados con la incautación de actas de votación de las elecciones internas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, en el municipio Mario Briceño Iragorry. Posteriormente, los oficiales le habrían devuelto los equipos pero sin la tarjeta de memoria^[30].

 

1. De acuerdo con información recibida, el 3 de marzo de 2012, presuntos simpatizantes oficialistas del estado Táchira habrían agredido a la periodista Luz Dary Depablos de Globovisión, único canal de televisión que mantiene una posición crítica del Gobierno, cuando en un acto político intentó acercarse a varios ministros de Gobierno[31]. El 4 de marzo, en el barrio San José de Cotiza, en Caracas, hombres vestidos con camisas rojas rodearon y robaron los equipos y las imágenes grabadas por la periodista Sasha Ackerman y el camarógrafo Frank Fernández, ambos de Globovisión, después de haber filmado un incidente en el que desconocidos dispararon al aire durante una caminata que realizaba el candidato presidencial de oposición, Henrique Capriles. Una persona que acompañaba al político habría sido herida en el antebrazo[32].

 

1. De acuerdo con información recibida, el 12 de marzo de 2012 en el municipio de Cabimas presuntos simpatizantes de la oposición política habrían agredido al periodista del canal Catatumbo TV, Fidel Madroñero y a su camarógrafo, Ricardo Carrillo, cuando intentaban grabar imágenes de personas que apoyan al presidente Hugo Chávez. De acuerdo con lo informado, los presuntos agresores habrían intentado arrebatar los equipos de grabación y habrían tomado objetos personales del periodista[33]. El 17 de marzo, presuntos integrantes del Consejo Comunal de San Agustín de Maracay, estado Aragua, habrían agredido a la periodista Julie Arévalo y al camarógrafo Fernando Peña, de la televisora TVS, y a la periodista Lourdes Maldonado y al fotógrafo Javier Troconiz, del diario El Siglo, cuando intentaban cubrir una manifestación de un partido político opositor. Los perpetradores habrían agredido a Troconiz y lanzado piedras hacia el equipo de TVS, obligando a ambos equipos a retirarse[34].

 

1. De acuerdo con lo informado, el 19 de marzo de 2012, la periodista del canal Ávila TV, Llafrancis Carolina Colina Petit habría presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el diputado de la oposición y candidato a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, por una supuesta agresión física en su contra sucedida durante un acto proselitista en La Victoria, Aragua^[35]. El 21 de marzo, presuntos seguidores del candidato presidencial Henrique Capriles, habrían agredido a la periodista de la emisora estatal Venezolana de Televisión, Carolina Zapata, que grababa las declaraciones del candidato durante una caminata en San Cristóbal, Táchira^[36]. El 17 de abril, el camarógrafo de Televén, Oneiver Rojas, habría sido golpeado por un dirigente de la oposición, que también habría intentado agredir al presentador Jorge Amorim, del programa ’La Hojilla’ de Venezolana de Televisión, mientras cubrían un acto político de Henrique Capriles en Anzoátegui^[37]. El 10 de mayo, el camarógrafo de Venezolana de Televisión, Danny Vargas, habría sido golpeado y despojado de su equipo de trabajo cuando filmaba una actividad proselitista convocada por el candidato a la alcaldía del municipio de Pedraza en Barinas^[38]. Asimismo, el 26 de julio, participantes en una reunión política de la oposición en Guárico habrían empujado a la periodista del canal público Venezolana de Televisión (VTV), Giovanina Guillén, e intentado arrebatar el equipo de filmación al camarógrafo que la acompañaba[39].

 

1. Por otra parte, el 4 de septiembre, miembros del equipo de prensa y seguridad del candidato Henrique Capriles habrían agredido a las periodistas Carolina Zapata y Blanca Castejón, corresponsales de Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela, cuando intentaban entrevistar al aspirante presidencial en un acto político en Ureña, estado Táchira[40]. Asimismo, el 9 de septiembre, presuntos miembros de la oposición habrían agredido a la periodista Lorena Benítez, del Sistema Nacional de Medios Públicos. De acuerdo con lo informado, la periodista cubría una actividad proselitista del candidato opositor en un barrio de Caracas cuando los agresores la habrían insultado y arrojado un líquido al cuerpo. Al intentar fotografiar el hecho, la periodista habría sido golpeada[41].

 

1. De acuerdo con información recibida, presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez habrían agredido el 12 de septiembre al fotógrafo de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Geraldo Caso Bizama, cuando intentaba fotografiar la llegada del candidato opositor Henrique Capriles al aeropuerto de Puerto Cabello. Según lo informado, un grupo de personas con camisetas rojas y emblemas oficialistas se le habría acercado al reportero gráfico para intentar arrebatarle sus credenciales y equipo, y amenazarlo con piedras[42]. De igual manera, el 30 de septiembre, el reportero gráfico Cristian Hernández, del diario Tal Cual de Caracas, habría sido agredido verbal y físicamente por unas 30 personas con camisetas rojas, cuando regresaba a su casa después de cubrir la marcha de cierre de campaña del candidato de la oposición[43].

 

1. Según la información disponible, los días 4 y 7 de octubre, grupos de personas identificadas con los colores e insignias del partido oficialista se habrían acercado a la sede del canal Globovisión, de línea editorial crítica del Gobierno, en actitud intimidante[44]. En este contexto, el periodista estadounidense Kelvin Charles, de Martí TV y Mega TV de Miami, habría sido golpeado en una pierna el 4 de octubre, mientras grababa el conglomerado frente a la sede de Globovisión[45].

 

1. La CIDH fue informada de que el día de las elecciones presidenciales, 7 de octubre de 2012, habría sido agredido el reportero gráfico Demetrio Caraindro, del diario Correo del Caroní. Según lo informado, presuntos efectivos militares habrían insultado e intentado golpear y arrebatar el equipo fotográfico al reportero, mientras este registraba un conflicto durante el cierre de las mesas de votación en Puerto Ordaz, estado Bolívar[46].

 

1. El 7 de octubre, un equipo del diario Últimas Noticias habría sido agredido y amenazado con un arma de fuego por personas que se habrían identificado como “comunicadores comunitarios”, cuando intentaban cubrir información acerca de un hecho de violencia ocurrido afuera de un centro de votación en la urbanización Kennedy, en Macarao[47].

 

1. La CIDH fue informada de que el 8 de octubre habrían sido retenidos temporalmente, cuando se disponían a abandonar el país tras cubrir las elecciones presidenciales, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el periodista argentino Jorge Lanata y su equipo periodístico de Canal 13. Según lo informado, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) habrían dejado incomunicado al periodista y a su equipo por varias horas y le habrían decomisado su material periodístico. Según Lanata, los agentes le habrían interrogado individualmente y acusado de “espionaje”. A su ingreso al país, tanto el periodista como su equipo reporteril habrían reportado una situación similar de retención e interrogatorios, el día 3 de octubre[48].

 

1. De conformidad con la información recibida, el director de la organización de la sociedad civil Convite, Luis Alfonso Cabezas, habría recibido amenazas telefónicas el 11 de octubre, tras publicar el 7 de octubre en el diario El Nacional, un artículo sobre la calidad de la atención hospitalaria en el país. Según lo informado, en el fondo de las amenazas telefónicas recibidas, se escuchaba música de la campaña electoral del PSUV[49].

 

1. Por otra parte, durante la audiencia celebrada el 1 de noviembre de 2012, la CIDH recibió información respecto a la presunta suplantación de las identidades de defensores de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, instituciones estatales, políticos y otras personalidades públicas en sus cuentas de correo electrónico y de redes sociales (Facebook y Twitter), así como sus sitios Web. En la mayoría de los casos, las cuentas usurpadas habrían sido utilizadas para emitir mensajes que cuestionaban la labor de sus titulares y de otras personas públicas de la sociedad venezolana[50]. Dichas declaraciones habrían tenido, principalmente, connotaciones políticas, apoyando las acciones de precandidatos o candidatos oficialistas a las elecciones presidenciales. Sin embargo, otras declaraciones habrían anunciado la muerte de personalidades públicas, realizado declaraciones homofóbicas y antisemitas, o proferido insultos[51]. Según la información recibida, estas acciones tendrían como principal responsable al grupo N33. En otros casos, no se conoce la identidad de los perpetradores. Por su parte, el Estado alegó que páginas Web pertenecientes al Gobierno también harían sido víctimas de hackeos[52].

 

1. Esta situación se vio acentuada en los días anteriores y posteriores a la elección presidencial, cuando fueron reportados múltiples ataques a portales de Internet y a cuentas de Twitter de personalidades públicas. En este sentido, según la información recibida, el 6 de octubre, el portal informativo La Patilla habría sufrido un ataque cibernético que impidió a los administradores actualizar la página y el 7 de octubre, cuando se esperaba la publicación de los resultados de la elección, se habrían presentado fallos en los portales de Globovisión, 6to Poder, Noticiero Digital, Radio Nacional de Venezuela (RNV) y La Iguana TV[53].

 

1. Sobre las agresiones en el contexto electoral, el Estado reiteró en sus observaciones al presente informe que, estas “denuncias basadas en informaciones de prensa no comprometen al Estado venezolano”. A su juicio, “[s]i las mismas no fueron denuncias ante el Ministerio Público no constituyen prueba alguna por las razones expuestas en el capítulo anterior”[54].

 

1. Como ya se ha expresado, el Principio 9 de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH en el año 2000 establece que: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 

3.         Agresiones, amenazas y condicionamientos previos en el contexto de las denuncias por contaminación del agua

 

1. La CIDH ha recibido información sobre las dificultades que enfrentan los medios de comunicación críticos o independientes para cubrir acontecimientos de interés público, como la presunta contaminación del agua en distintas localidades. En este sentido, la CIDH recibió información que indica que, el 21 de marzo de 2012, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas acogió una solicitud del Ministerio Público para exigir “a los medios de comunicación nacionales y regionales impresos; así como a los noticieros de radio, televisión y digitales que actúen con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”[55] (cursivas agregadas). La petición del Ministerio Público fue motivada por diversas informaciones acerca de un derrame de petróleo que habría ocurrido en el río Guarapiche, y denuncias de algunos medios de comunicación respecto de la calidad del agua en sectores de las ciudades de Caracas, Valencia y Maracay. El 20 de marzo de 2012, un día antes de que la decisión judicial fuese adoptada, el presidente Hugo Chávez habría instado al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia a investigar a quienes habían divulgado información acerca de la presunta contaminación. Al respecto, el presidente Hugo Chávez habría afirmado: “Yo no soy juez ni nada, pero soy jefe de Estado y tengo que hacer un llamado a los entes del Estado a asumir cada quien su responsabilidad. La Fiscal General de la República, yo la insto, la exhorto, a la doctora Luisa Ortega, a que asuma su responsabilidad; a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales, la exhorto, con todo respeto, a que asuma su responsabilidad. No podemos estar cruzados de brazos ante tales campañas”[56].

 

1. En este sentido, en sus observaciones al presente informe, el Estado de Venezuela sostuvo que “tenemos catorce años señalándoles que nuestro (sic) Constitución es más avanzada en derechos humanos que la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tal razón, en varias audiencias le hemos leído y explicado [que] el artículo 57 y 58 establece qu[é] se entiende por libertad de expresión y el derecho a la información. De acuerdo, a nuestra [C]onstitución es posible que para informaciones que causen alarma y consternación social, como fue [el] caso de publicaciones en todos los perioditos (sic) de Venezuela, que señalaban que el agua potable en el territorio nacional estaba contaminada, un Tribunal de la República puede exigirle a los medios […] que actúen con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el pa[í]s destinada al consumo humano, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”^[57].

 

1. La CIDH recibió información concerniente a la retención de la periodista Giselle Almarza, de Globovisión, ocurrida el 19 de enero de 2012, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De acuerdo con lo informado, Almarza y su camarógrafo, Dalí Gómez, habrían captado imágenes de un presunto derrame petrolero ocurrido en la localidad de La Pica, estado Monagas. Campesinos de la zona advirtieron a los comunicadores que efectivos de la GNB iban a detenerlos. La periodista habría sido retenida durante unos 40 minutos por la GNB y funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que le pedían la entrega del material grabado por carecer de autorización para realizarlas. Finalmente le permitieron continuar con su trabajo^[58].

 

1. La CIDH recibió información concerniente a la supuesta retención de la reportera Florantonia Singer y del fotógrafo Carlos E. Ramírez, del periódico Últimas Noticias, de Cadena Capriles, cuando buscaban información acerca de un derrame de petróleo en el río Guarapiche, el 14 de febrero de 2012, en el estado Monagas. De acuerdo con lo informado, efectivos militares habrían abordado a los comunicadores y los habrían retenido mientras llegaban a ese lugar funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)^[59].

 

1. El 15 de marzo de 2012, presuntos integrantes de un consejo comunal de la región de Isla de la Culebra, estado Carabobo, interrumpieron de manera agresiva una transmisión en vivo del programa ‘Radar de los Barrios’, de Globovisión, e intentaron arrebatar el micrófono al periodista, cuando vecinos denunciaban problemas con la calidad del agua en el lugar[60].

 

1. De acuerdo con información recibida, la Asamblea Nacional habría aprobado el 20 de marzo de 2012 una solicitud de uno de sus miembros, mediante la cual se requiere a la Defensoría del Pueblo realizar una investigación por la emisión de un supuesto mensaje racista en una caricatura publicada en el diario Tal Cual. En dicha caricatura, publicada en el contexto de las denuncias por el derrame de petróleo en varios sectores de Venezuela, un hombre con boina militar similar a la utilizada por el presidente Hugo Chávez, abre el grifo, del que sale agua oscura, y explica a dos niños: ”Basta de supremacía blanca… ahora tenemos aguas afrodescendientes”[61].

 

1. La CIDH fue informada de la presunta retención de tres periodistas y un fotógrafo el 15 de agosto en el municipio Freites, por parte de presuntos efectivos del Ejército Bolivariano y del departamento de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA, cuando regresaban de cubrir un derrame de petróleo en esa comunidad. De acuerdo con lo informado, los presuntos agentes habrían detenido a los reporteros Argel Fernández, Sergio Salazar, del diario El Tiempo, así como a Susana Quijada y al fotógrafo José González, de Mundo Oriental, y habrían alegado que los comunicadores habrían “sustraído información de una zona petrolera privada” y por eso debían dar una declaración. Los comunicadores habrían sido liberados una hora y media después[62].

 

1. Como ya se ha expresado reiteradamente, el Principio 9 de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH en el año 2000 establece que: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 

4.         Retenciones e Incautación de Material Periodístico

 

1. El 8 de febrero de 2012, funcionarios de las Milicias Bolivarianas habrían retenido dentro de un hospital de Caracas a los periodistas Abrahán Carvajal y Jesús García, del diario Últimas Noticias, cuando obtenían información para una campaña preventiva de accidentes de tránsito. De acuerdo con la información recibida, los periodistas tenían autorización de un jefe de traumatología pero aún así los milicianos los habrían llevado a la oficina de seguridad del hospital, les habrían confiscado los equipos y notas, y los habrían obligado a quitarse parte de su ropa en busca de memorias de video. Después de mantenerlos incomunicados unas tres horas, los funcionarios de la milicia les habrían dejado salir con sus pertenencias^[63].

 

1. La información recibida por la CIDH indica que, el 30 de abril de 2012, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana habrían retenido a dos técnicos de la cadena Globovisión, y confiscado temporalmente sus equipos de transmisión. De acuerdo con la información recibida, la agresión ocurrió en el contexto de la cobertura de un conflicto en la penitenciaría La Planta, en Caracas. Antes de la retención, la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, habría declarado al canal del Estado VTV que Globovisión hacía un “show” e intentaba generar zozobra, además de advertir a esa emisora para que se retirara de las cercanías de la prisión y amenazar con confiscar los equipos^[64].

 

1. En este mismo sentido, la CIDH recibió información acerca de la presunta detención de Daniel Guillermo Colina, periodista de Globovisión, y de su camarógrafo y asistente, así como de la retención del material periodístico obtenido por el referido equipo. Según lo informado, en la mañana del 17 de mayo de 2012, el señor Colina y su equipo habrían sido retenidos por agentes de la Policía de Caracas mientras cubrían enfrentamientos ocurridos en el centro de internación judicial de La Planta. Asimismo, el material periodístico obtenido por dicho equipo habría sido incautado. Las autoridades habrían informado que la medida tenía como objetivo proteger a los periodistas alejándolos de la zona de la refriega.[65] De acuerdo con información recibida, incidentes de características similares que involucrarían al personal de Globovisión en cubrimiento de hechos noticiosos en el mismo centro penitenciario habrían ocurrido el 30 de abril y el 8 de mayo[66].

 

1. Asimismo, el 28 de agosto, supuestos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana habrían retenido durante al menos media hora a la periodista Adriana Rivera y al fotógrafo Raúl Romero, del periódico El Nacional, cuando intentaban informar acerca del incendio en el Complejo Refinador de Amuay, estado Falcón[67].

 

1. De acuerdo con información recibida, el 22 de octubre presuntos efectivos de la Guardia Nacional habrían detenido el vehículo que transportaba una parte del tiraje del periódico Extra de Monagas y habrían decomisado varios miles de ejemplares, lo que afectó seriamente la circulación del periódico en la región. Según lo informado, los militares habrían alegado que el vehículo estaba solicitado por organismos de seguridad, lo cual habría sido desmentido por los directivos del medio[68].

 

1. Sobre este tema, el Estado en sus observaciones reiteró que, se trataba de hechos “reseñados en artículos de prensa, sin que se haya presentado la debida denuncia ante el Ministerio Público”. A su juicio, esta información es reportada “[c]on el fin de levantar falsos expediente (sic) en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desprestigiar aun (sic) país, que comete el delito de no obedecer al gobierno estadounidense que es el que financia a la OEA”[69].

 

1. El principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH en el año 2000 establece que “[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

 

5.         Responsabilidades ulteriores

 

1. La CIDH ha indicado de manera reiterada la necesidad de revisar el marco jurídico en el que operan los medios de comunicación en Venezuela[70]. En particular, la CIDH ha llamado la atención de las autoridades sobre la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional, y que no ofrecen suficientes garantías para asegurar el ejercicio pleno de la libertad de expresión sin temor a represalias[71]. En el contexto de polarización e incertidumbre jurídica referido, en el 2012 se reportaron los hechos que se mencionan en los párrafos subsiguientes.

 

1. Según la información recibida, el 18 de octubre de 2011 el Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL habría sancionado a Globovisión con la multa de 9.3 millones de bolívares fuertes, equivalente al 7.5% de sus ingresos brutos correspondientes al año 2010^[72]. De acuerdo con la información oficial, la sanción fue impuesta debido a infracciones a lo establecido en el último párrafo del artículo 7 y de los numerales 1, 2, 4 y 7 del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte)[73], derivadas de las transmisiones del canal entre el 16 y el 19 de junio de 2011 respecto a la situación carcelaria en el Centro Penitenciario El Rodeo^[74]. En su resolución, el Directorio de Responsabilidad Social habría concluido que el canal de televisión transmitió “mensajes que promovieron alteraciones del orden público, hicieron apología al delito, e incitaron al ordenamiento jurídico vigente, promovieron el odio por razones políticas y fomentaron la zozobra en la ciudadanía, durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011”^[75]. Según lo informado, el 20 de enero de 2012 fue remitido a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un “recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos”[76], interpuesto por Globovisión contra la decisión del Directorio de Responsabilidad Social. En su recurso, Globovisión alegó la existencia de violaciones a la libertad de expresión no sólo por la sanción impuesta sino por el monto de la misma. Según el canal, la información transmitida se limitaba a informar en directo sobre los hechos y a transmitir información oficial pertinente. Afirmaron que dicha información no tenía la intensión de generar zozobra o alteraciones del orden público, y de hecho alegan, que la transmisión no tuvo este resultado. Indican que los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) sobre los que se sustentaría la sanción, eran inconstitucionales y violaban los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y racionalidad de los poderes públicos. Finalmente, señalan que la sanción habría sido dictada “en ausencia total y absoluta de un procedimiento previo”[77]. Mediante decisión de fecha 6 de marzo, dicha Sala Político-Administrativa declaró improcedente el amparo cautelar y mediante decisión de 15 de marzo declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos, sin embargo a la fecha de cierre del presente informe no se habría pronunciado sobre el recurso de nulidad[78].

 

1. Posteriormente, el 28 de junio de 2012 la Sala Político-Administrativa del TSJ habría declarado procedente una “solicitud formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y el aludido Directorio para hacer cumplir el pago de la referida sanción de multa”. En consecuencia habría decretado un embargo ejecutivo por 24,4 millones de bolívares (unos US $5,6 millones), sobre bienes propiedad de Globovisión. El monto es el resultado de sumar el doble de la multa más las costas de ejecución[79]. El 29 de junio, Globovisión pagó bajo protesta la multa de 9,3 millones de bolívares y el 3 de julio la Sala Político Administrativa del TSJ suspendió la medida de embargo. Al respecto, la emisora habría argumentado, entre otras cosas, que el embargo era una nueva medida de presión sobre el canal y que éste se habría visto obligado a pagar la multa a pesar de que no se habrían agotado todas las instancias judiciales pendientes[80].

 

1. Sobre este tema, en sus observaciones al presente informe, el Estado indicó que “el espectro radioeléctrico es del dominio público, o sea administrado por el Estado venezolano, y existe una institución que se llama CONATEL que sanciona a las televisoras y radios que no cumplen con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esa ley establece sanciones a los medios que la incumplen. Eso es perfectamente legal y tenemos varios años explicando esa situación a la Comisión”[81].

 

1. Asimismo, el Estado estableció que “[h]asta el momento de la presentación del informe” los medios de comunicación opositores “nunca han sido objeto de medidas de cierre, censura ni confiscación de ediciones, a pesar de que con frecuencia se han sumado a prolongadas campañas de llamamiento al derrocamiento del gobierno legítimo y han instigado al magnicidio, a la guerra civil y al odio étnico y racial”[82].

 

1. La CIDH fue informada de que el 26 de enero de 2012, en respuesta a una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, un tribunal del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado de Guárico habría establecido que el periódico La Antena de Guárico debería cumplir con la obligación de envolver los ejemplares que contengan informaciones e imágenes inadecuadas para niños y adolescentes, contenida en el artículo 74 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes^[83].

 

1. Asimismo, la CIDH tuvo conocimiento de la decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de Barinas, el 30 de marzo de 2012, en la cual se condena al diario La Prensa al pago del equivalente al 1 por ciento de los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal del año 2010. La multa fue impuesta por la publicación en el diario de imágenes de cadáveres en las escenas del crimen, hecho considerado violatorio de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La demanda contra el periódico fue presentada por la Defensoría del Pueblo^[84]. Según la sentencia “las imágenes cuestionadas, no es que no se puedan publicar, sino que su publicación debe hacerse con el deber de envoltura que advierta y selle su contenido de esos soportes impresos, ilustraciones o fotografías”[85].

 

1. La Comisión no desconoce la obligación de especial protección que tienen los Estados frente a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la invocación de dicho deber de especial protección y del principio del interés superior del niño por parte de la autoridad respectiva como sustento para restringir un derecho también protegido por la Convención, debe responder a razones objetivas, cuya relación con dichas obligaciones y principios sean claramente individualizadas en cada caso concreto. Además, dichas restricciones deben obedecer a un marco normativo que cuente con las salvaguardas necesarias para garantizar que no se efectúe un uso discrecional de categorías excesivamente amplias y, en todo caso, que las sanciones sean estrictamente proporcionales.

 

1. Según lo informado, el 10 de octubre, el concejal Nelson Urbina del municipio de Carirubana fue hallado culpable de difamación e injurias en perjuicio del alcalde de esa localidad y condenado a tres años de prisión. El proceso penal en su contra habría iniciado en 2007, cuando el alcalde presentó una denuncia con base en materiales críticos de su gestión, que el concejal habría publicado en una columna de opinión. Urbina habría sido trasladado al Internado Judicial de Coro, estado de Falcón, para servir su condena[86].

 

1. El principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de esta Declaración establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

 

1. De la misma forma, la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”[87].

 

6.         Acceso a la información

 

1. Al abordar el tema del acceso a la información pública en las audiencias públicas sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela celebradas en la CIDH en marzo y noviembre de 2012, los peticionarios se refirieron a las dificultades que enfrentan los periodistas tanto para acceder a la información en poder el Estado, como para accesar a los eventos y a las oficinas gubernamentales[88]. Asimismo, resaltaron la ausencia de una ley de acceso a la información pública en el país y manifestaron su preocupación por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que requiere justificar por qué se solicita la información pública y el uso que se pretende dar a la misma[89]. Al respecto, el Estado indicó que las referidas restricciones eran legítimas, pues no toda la información que solicitan los periodistas les puede ser otorgada. De igual forma, indicó que no todos los medios pueden estar presentes en todos los eventos, y que el acceso a la información se encuentra garantizado gracias a la existencia de los medios públicos y los comunicados de prensa oficiales, que se emiten después de los eventos de Gobierno y que pueden ser consultados por todos[90].

 

1. En este sentido, la CIDH recibió información acerca de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que habría sido interpuesto por organizaciones periodísticas ante las reformas incorporadas en diciembre de 2010, según las cuales la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional es la única autorizada a acceder a las sesiones legislativas y proveer la señal a las emisoras privadas[91].

 

1. Según la información recibida, en 2012 se declararon inadmisibles diversos recursos de amparo interpuestos por miembros de la sociedad civil relativos a solicitudes de información realizadas a entidades públicas que no habrían sido respondidas. En este sentido, el 16 de marzo el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró inadmisible un amparo constitucional por falta de respuesta a una solicitud de información a Petróleos de Venezuela sobre presuntos derrames de petróleo ocurridos en 2010 y 2011[92]. Asimismo, el 23 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible un amparo relativo a la falta de respuesta de una solicitud de información sobre planes de atención y prevención de violencia contra la mujer al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[93]. El 5 de junio la misma sala declaró inamisible un amparo que pretendía la entrega de información sobre la inversión en publicidad oficial por parte del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información[94]. Igualmente, el 18 de junio la referida Sala Constitucional habría declarado inadmisible un amparo por falta de respuesta a una solicitud de información sobre la importación, conservación y distribución de medicinas desde Cuba, por parte del Ministerio Popular para la Salud[95]. En todos los casos, el tribunal entendió que el amparo no era la vía adecuada para solicitar el acceso a la información pública.

 

1. De acuerdo con información recibida, periodistas de medios de comunicación privados habrían sido excluidos el 6 de agosto de la cobertura de un acto proselitista del presidente Hugo Chávez, en Guacara, estado de Carabobo. De acuerdo con lo informado, a los periodistas les habrían retirado las credenciales y les habrían explicado que no podían entrar a la actividad porque ésta sería transmitida por el Sistema Nacional de Medios Públicos[96].

 

1. El 2 de octubre, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo emitió una decisión que impide el acceso a información acerca de las tasas de criminalidad de 2008, 2009, 2010, y el primer semestre de 2011. Según lo informado, la sentencia de la Corte establece que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no es el organismo competente para entregar esa información a la ciudadanía. La Corte concluyó que a pesar de que la Ley del CICPC establece como función de éste organismo elaborar estadísticas de criminalidad, “no se evidencia que corresponda a dicho Órgano proporcionar la referida información a los particulares”[97].

 

1. Asimismo, el 23 de octubre, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo habría admitido el recurso de abstención o carencia interpuesto por la organización Espacio Público contra de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Mediante solicitud de 30 de abril de 2012 la organización habría requerido información sobre los procedimientos administrativos sancionatorios previstos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (ley Resorte), así como la lista de las personas u organizaciones que pagan impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, entre otras informaciones. El tribunal, que a la fecha de cierre del presente informe no se había pronunciado sobre el fondo del asunto, solicitó a CONATEL emitir un informe en el que indique las razones de la demora en la entrega de la información[98].

 

1. Sobre el acceso a la información, el Estado afirmó que el tema había sido “suficientemente explicado en las audiencias y escritos presentados desde el año 2003”^[99]. En este sentido, en la audiencia sobre el derecho a la libertad de expresión en Venezuela celebrada en la CIDH el 27 de marzo de 2012, los peticionaros argumentaron, entre otras cosas, que en Venezuela sólo los medios de comunicación adscritos a la estructura del Estado y algunos pocos medios privados, pueden participar en ruedas de prensa y tener acceso a la información gubernamental. A su juicio, las limitaciones en el derecho de acceso a la información pública constituyen un patrón restrictivo que configura una política de Estado. A este respecto, el representante del Estado afirmó que “cada vez que hay un acto público hay una emisión de comunicado sobre lo que está sucediendo en él, además de eso, eso es radiodifundido por las televisoras y los medios del Estado, de modo que todo el que quiera informarse de esos actos públicos de la manera más suficiente, completa y total puede redistribuir eso e incluso retransmitir las transmisiones de las redes públicas. Así lo hacen de hecho y de hecho en algunas oportunidades más bien el sistema público, que es muy limitado, ha retransmitido lo que han hecho los canales privados, entonces, en ese sentido no hay restricción de información”^[100]. Asimismo, en la audiencia celebrada el 1 de noviembre de 2012, los peticionarios nuevamente pusieron de presente la inexistencia de mecanismos institucionales que garanticen el derecho a la información pública en Venezuela. A este respecto, el representante del Estado afirmó que “la propia Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice que hay un conjunto de elementos en los cuales, por la seguridad del Estado, entre otras razones, se puede restringir la información. […] en ningún Estado de la tierra hay una situación en la cual cualquier información que un periodista requiera se le tenga que rendir obligatoriamente”^[101].

 

1. El Principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

 

7.         Otras situaciones relevantes

 

1. La CIDH ha recibido informaciones acerca del cierre de varias emisoras de radio y televisión por parte de las autoridades competentes que alegan el incumplimiento de requisitos o transgresiones a las normas establecidas. La CIDH solicita a las autoridades la aplicación meticulosa del debido proceso debido al impacto que la aplicación de sanciones en esta materia puede tener en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Según lo informado, entre noviembre y diciembre de 2011, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría efectuado el cierre de al menos 11 emisoras de radio, en varios de estos casos el cierre habría estado acompañado por la incautación de los equipos de transmisión y materiales utilizados para el ejercicio de su actividad. En este sentido, Conatel alegó que las emisoras habían sido cerradas por operar de manera ilegal[102]. La CIDH fue informada de que agentes de la Guardia Nacional de Venezuela, siguiendo órdenes del Conatel, ocuparon el 30 de marzo de 2012 cuatro emisoras de radio en el estado Monagas con el argumento de que ejecutaban un “procedimiento administrativo sancionatorio” por “la presunta prestación del servicio de radiodifusión sonora y la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, sin contar con la debida habilitación administrativa y concesión requerida para ello”. Las autoridades suspendieron la transmisión de las radios y sus equipos y materiales fueron incautados. Una de las emisoras afectadas es Caicareña 100.5 FM, era de propiedad del hermano del gobernador de ese estado. Junto con Caicareña, también fueron cerradas las emisoras Venezuela Olímpica 97.9 FM, Única 104.9 FM y Líder 100.7 FM. La toma de Caicareña habría sido violenta y al menos una persona habría resultado herida. Conatel comunicó que dos de sus empleados habían sido heridos durante el operativo^[103]. La Cámara Venezolana de Radiodifusión apoyó el cierre de las emisoras “clandestinas”[104].

 

1. En este sentido, el Estado indicó que la situación antes descrita “se refiere al cierre de varias emisoras de radio y televisión por parte de las autoridades competentes. Esto lo contestamos en su debida oportunidad a la Comisión, son emisoras y televisoras que operaban sin el debido permiso de CONATEL”[105].