Durante los 10 días que duró el decreto de la ley seca y la suspensión del porte de armas, en la morgue de Bello Monte fueron ingresados 146 cadáveres de personas que fallecieron en distintos hechos de violencia. Esta fue la primera medida ordenada por el presidente encargado Nicolás Maduro, a propósito de la muerte del presidente Hugo Chávez y como parte del decreto de luto nacional.
THABATA MOLINA / DEXCY GUÉDEZ /El Nacional
Al comparar los 10 días que duró la medida con los primeros 10 días de enero y febrero, el número de ingresos en la medicatura forense, en promedio, se mantuvo constante (140 en enero y 153 en febrero). Por tanto, se puede concluir que la prohibición del consumo de alcohol y la suspensión de los portes de armas de fuego no tienen incidencia directa en la disminución de las muertes violentas que se registran en la capital del país.
La mejor prueba de ello es que durante los asuetos de Carnaval, Semana Santa y demás feriados, el Ejecutivo ordena lo mismo: restricción en la venta de alcohol y suspensión del porte de armas, pero coincidencialmente es durante estos días cuando más se incrementan las muertes violentas en Caracas. Sólo durante el Carnaval, la morgue de Bello Monte recibió 78 cadáveres.
Expertos en el tema de la seguridad coinciden en señalar que se trata de una política efectista, mas no efectiva, por la cantidad de comercios ilegales que expenden licor en las zonas populares, donde se registra la mayoría de los homicidios.
“Si no hay un dispositivo para forzar la norma, la misma cantidad de gente que está armada, seguirá armada y la gente comprará y consumirá alcohol de manera clandestina, porque no hay una supervisión, ni control, que sancione a los vendedores informales en los barrios o que revise a los delincuentes, que portan armas de manera ilegal”, expresó el sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa.
Cedeño explicó que el consumo de alcohol es visto a escala mundial como un modelo de riesgo relacionado directamente con la comisión de delitos, pero advirtió que es una buena medida mientras se tenga la voluntad de hacerla cumplir y que no se quede en simples decretos.
Semana Santa. Aunque el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia no ha hecho el anuncio oficial, el operativo de seguridad para el asueto de Semana Santa comenzará a partir de mañana 22 de marzo y culminará el 1° de abril, según el ministro Néstor Luis Reverol.
Las reacciones no se hicieron esperan en Twitter y en la calle. Consumidores y comerciantes rechazaron la medida, pues consideran que el consumo de alcohol no contribuye a resolver los hechos delictivos.
Marco Aldana, gerente de un bodegón localizado en la avenida Francisco de Miranda, considera que la prohibición del expendio y consumo no contribuye a la disminución de los índices y que, por el contrario, perjudica a los pequeños comerciantes.
“Le gente ya sabe que viene la ley seca y lo que hacen es comprar antes lo que van a consumir esos días. El establecimiento es el que se perjudica, porque nos supervisan, nos mandan a cerrar y no tenemos ingresos, pero la gente igual consigue donde comprar a escondidas”, expresó el comerciante.
Para el criminólogo Omar Arenas Candelo, estas restricciones sólo tienen un efecto ilusorio, porque se envía a la ciudadanía el mensaje de que existe la preocupación de controlar la situación, pero, en realidad, no se está tomando en cuenta el descontento de la población ante la prohibición. “La mayoría de los hechos punibles son cometidos por personas que no tienen porte lícito; por tanto, suspenderlos coloca en situación de indefensión a los que están apegados a la ley. Es una medida ineficaz e innecesaria, porque no hay manera de controlarlo, no hay control policial y, por el contrario, cuando a la gente le prohíben consumir alcohol, la tendencia es que se incrementa el consumo”, expresó el criminólogo.
Los ingresos disminuyen
Empleados de negocios nocturnos piden reducir aplicación de medida
Los empleados de los establecimientos nocturnos de la isla de Margarita se organizaron para solicitar que se reduzca la aplicación de la ley seca durante Semana Santa, porque con las restricciones por el duelo de la muerte del presidente Hugo Chávez perdieron casi dos semanas de trabajo.
Leczabeth Rivas habló en nombre de un grupo de trabajadores nocturnos y del sector licorero. Argumentó que la aplicación de la ley seca durante esos días les impidió percibir los ingresos extras que requieren para mantener a sus familias.
Trabajadores de restaurantes y taxistas también se unieron al llamado que le hacen en esta oportunidad al gobernador Carlos Mata Figueroa, para que gestione ante los entes correspondientes que se les permita trabajar en horario regular durante la temporada de Semana Santa.
Consideran injusto que esa normativa sea implementada precisamente en temporada alta, cuando pueden cobrar más propinas y bonos nocturnos, pues, aseguran, causa mucho malestar en los turistas, sobre todo en los extranjeros.
Por el bien de la temporada. Los trabajadores de sitios nocturnos y del sector licorero admiten que el Gobierno tuvo que ejecutar la ley durante el duelo, pero es probable que en los próximos días restrinjan la venta y consumo de alcohol durante la Semana Mayor, también antes, durante y después de las elecciones, lo que hará que los locales cierren otra vez.
“Deben entender que si no trabajamos, no ganamos el dinero para sostener a nuestras familias. Somos un grupo muy numeroso de trabajadores que dependemos de la vida nocturna y que nos vemos afectados con la aplicación de la ley seca en Margarita”, recalcó.
Más de 9.000 personas dependen directamente de ese sector, sin incluir a las anfitrionas y demostradoras, entre otro personal que labora indirectamente en esa actividad.
La representante laboral recordó que durante el Carnaval el mandatario regional les permitió a esos establecimientos operar en sus horarios normales, pero con todas las precauciones pertinentes, lo cual resultó muy beneficioso para el sector.
Bajo inspección. Los trabajadores ratificaron la petición de que se les permita laborar de la misma forma durante Semana Santa, pero bajo la inspección de los organismos de seguridad, para que esos establecimientos no se excedan de los horarios permitidos.