Un grupo de mineros detenidos por el Plan Caura en el municipio Sifontes este miércoles fue liberado ayer tras las protestas que los pobladores y el sector comercio protagonizaron. El cierre de los negocios y la presión frente a la sede de la Policía Científica dieron sus frutos, informa Correo del Caroní.
Natalie García
Los 23 mineros detenidos fueron capturados en una alcabala de la Troncal 10, el pasado miércoles cuando se dirigían a una mina en el sector del Yuruari, entre El Callao y Tumeremo. 20 días antes el Plan Caura los había desalojado de la zona.
Luis Espinoza, dirigente de Voluntad Popular en Sifontes, quien participó como abogado en la defensa de los apresados, informó que de los 23 detenidos 14 fueron liberados, quedando bajo custodia 9, cinco de ellos de nacionalidad colombiana que no poseían documentos, dos porque estaban previamente solicitadas por presuntos delitos, uno por un problema con su cédula y el último por transportar en su vehículo equipos mineros, por lo cual era obligatorio continuarles el proceso legal.
“Debemos reconocer que el pueblo de Sifontes le dijo no al atropello militar, con una protesta pacífica pero enérgica porque rechazamos la criminalización de la actividad minera que ha hecho el gobierno, deteniendo arbitrariamente a padres de familia que trabajan la pequeña minería, como forma de vida para llevar el sustento a sus hogares ante el desempleo y la parálisis económica que reina en el municipio”, expuso.
Carlos Chancellor, ex concejal, ex alcalde y nuevamente candidato a este cargo por la Mesa de la Unidad, recordó que en los municipios del sur sólo se puede vivir de la minería, pues no hay otra alternativa económica que permita a sus pobladores subsistir dignamente. Señaló que si el gobierno reactivara la actividad a gran escala se pudieran generar más empleos y así impedir que las personas se lancen a la ilegalidad, donde son muchos los riesgos que corren.
Indicó que los diputados por el estado Bolívar en la Asamblea Nacional impulsarán que el tema minero sea tratado en el parlamento, especialmente en lo que concierne a la vigencia del Decreto 8.413 que nacionaliza la actividad aurífera.