Veintisiete personas fueron apresadas en la Troncal 10, cuando se dirigían -el miércoles- hacia el río Yuruari a ejercer la minería. Ayer, los señalados fueron trasladados desde el Fuerte Tarabay del Ejército a la sede del Cicpc en Tumeremo, para ser reseñados tomando en cuenta la violación al Decreto 8.413 que penaliza la minería a pequeña escala, informa Correo del Caroní.
Natalie García
La aprehensión y posterior imputación de delitos desató una ola de protestas y solidaridad en la capital del municipio Sifontes, que vive de la minería, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos.
Carlos Chancellor, ex concejal, ex alcalde y nuevamente aspirante a ese cargo por la Mesa de la Unidad Democrática, expresó que se intenta una vez más criminalizar la minería, está establecida en el decreto de nacionalización del oro, que reserva al Estado la exploración y explotación aurífera y de otros minerales estratégicos.
Dependencia minera
Recordó el dirigente que los municipios del sur dependen de esta actividad económica, y mientras no haya una alternativa, las personas preferirán irse a las minas.
Comentó que de producirse una reactivación de la gran minería, que fue dada en concesión a una empresa china, lo cual consideran reprochable, podría haber una salida para los explotadores de yacimientos, que son miles de familias en Sifontes, El Callao y Roscio.
Tras el traslado de los mineros detenidos al Cicpc, cientos de personas se agolparon en las afueras para exigir su liberación. Chancellor afirma que si bien no hay un cierre de la vía, sí hay una acción pacífica expectante en la zona, pues muchos de los apresados son del municipio, aunque no descartan que haya algún foráneo.
Solidaridad comercial
Oscar Mota, representante de la Cámara de Comercio de Sifontes, ante los medios de comunicación manifestó que la organización se sumó a las acciones pacíficas cerrando ayer todos los establecimientos, porque el pueblo vive de la minería y las ventas han caído 50% en las últimas semanas a causa de la inseguridad y la falta de otros empleos.
“Queremos fijar posición con relación al Decreto 8.413. Creemos que si se va a darle cumplimiento debe haber una mesa de diálogo para explicarlo y garantizársele el derecho al trabajo a la población minera, porque en los pueblos del sur se vive es de la minería, no de otra cosa. El turismo ha caído por la inseguridad y la crisis de combustible, aquí no hay otra cosa que las minas”.
Mota sostuvo que están de acuerdo con la desafectación de áreas mineras ubicadas en las cuencas de los ríos, pero al mismo tiempo advierte que las personas pudieran ser reubicadas en otras tierras, y así garantizárseles una oportunidad para ganarse la vida dignamente.
Señaló que la minería es un problema social que el Estado debe atender, y que mientras no haya alternativa económica y los precios del oro estén tan altos (más de 1.650 dólares la onza) seguirá el auge de esta actividad, así sea en la clandestinidad, pues muchos prefieren correr el riesgo que pasar calamidades.
“Nos oponemos a la violencia. Las acciones que están haciendo son pacíficas, tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con el decreto. Proponemos una nueva prórroga mientras dialogamos, de verdad, todos los factores, para que se pueda cumplir con la ley pero sin negarle el trabajo a las miles de personas que viven de esta actividad”, sentenció el vocero.
Mientras tanto, el pueblo de Tumeremo espera que los 27 mineros detenidos sean liberados, y en caso de no serlo prepararán más acciones pues consideran “arbitrarias” las medidas del Plan Caura.