Si se evaluaran todos los organismos públicos del estado Nueva Esparta, se encontraría una serie de detalles que son perjudiciales para el ambiente de trabajo y seguridad de quienes allí laboran. elsoldemargarita.com.ve
Escritorios hacinados, escaleras empinadas sin rampas para personas con discapacidad, techos y paredes con filtraciones, son algunas de las tantas deficiencias que poseen estas instituciones, tanto las dependientes del Gobierno central como los ayuntamientos de los 11 municipios. Cada una de ellas recibe a más de 50 personas al día, aproximadamente.
Con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), publicada en Gaceta Oficial número 38.236, de fecha 26 de julio de 2005, tanto empleadores como empleados de institutos públicos como privados deben cumplir una serie de reglamentos referente a las condiciones de seguridad, salud y bienestar que deben reinar.
Sin embargo, en Nueva Esparta esto funciona “a medias”, indicó la gerente de Recursos Humanos del Hotel Imperial de Porlamar, Cleotilde Prado, ya que la región insular no cuenta con una sede del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), ente encargado de la capacitación y legalización de los delegados de prevención que debe poseer cada empresa o institución.
Prado informó que aun cuando es complicado el traslado a Puerto La Cruz, se cumple a cabalidad con lo establecido en la Lopcymat, a fin de evitar sanciones.
Caso contrario se presenta en los entes gubernamentales donde ningún director está autorizado para declarar, sin embargo, una fuente relacionada al mismo Ministerio del Trabajo regional -ente que regula el cumplimiento de esta ley- expresó que en varias oportunidades las autoridades locales solicitaron el cambio de sede pues la actual incumple con lo establecido en la misma normativa.
“Estamos hacinados y no nos damos abasto para atender a tanta gente, necesitamos espacio. Además el aire se daña a cada rato”, denunció la fuente.
La ley exige que en “todo trabajo efectuado bajo relación de dependencia por cuenta del patrono, se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas, las normas establecidas en la Lopcymat y su Reglamento son de estricto orden público, son irrenunciables, indisponibles e intransigibles”.
De acuerdo a lo establecido en el instrumento legal, el patrono debe garantizar las condiciones generales de trabajo, es decir, aquellas bajo las cuales el empleado realiza sus tareas y funciones dentro de la empresa, ofreciéndole protección, seguridad y salud, protegiéndolo de riesgos y procesos que los pongan en peligro y que pudieran afectar su salud física, mental y social.
A las quejas se suman las recogidas en las 11 alcaldías que operan en la región insular: ninguna cuenta con una rampa para el tránsito de personas con discapacidad, lo que dificulta su acceso para aplicar como todos a los beneficios de cada institución.
Sin embargo, en el sector privado la situación es distinta; los fiscalizadores del Ministerio del Trabajo son diligentes, sobre todo a la hora de aplicar sanciones referentes al cumplimiento de la Lopcymat, informó otra fuente que no quiso revelar su identidad por temor a represalias.
“Debemos cumplir con todo lo que dispone la ley al pie de la letra porque si no nos sancionan, y ya son varias las multas que hemos tenido que pagar”, apuntó.
Las sanciones son administrativas con multas desde 25 UT hasta 100 UT, así como penales con un máximo de cuatro años de cárcel.