A diez días de asumir su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra más que nunca en un punto muerto en lo que refiere a su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo, once años después de la llegada de los primeros detenidos a la bahía cubana.
A pesar de las protestas unánimes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, Obama finalizó su primer mandato de cuatro años en la Casa Blanca firmando una ley de presupuesto de Defensa que pone en peligro el cumplimiento de la promesa que hizo antes de ser electo por primera vez.
Como resultado de un enfrentamiento entre los republicanos del Congreso y el Ejecutivo demócrata, la ley, promulgada a principios de enero, renueva, entre otras disposiciones, la prohibición de financiar el traslado de presos de Guantánamo al extranjero o a Estados Unidos.
La prisión, que cumple el viernes doce años en una base militar de Estados Unidos en Cuba, cuenta con 166 detenidos, 55 de ellos declarados “liberables” por las autoridades de Estados Unidos. Solo nueve de los 779 prisioneros que pasaron por la cárcel fueron condenados o procesados por la Justicia.
“Sigo creyendo que el establecimiento (Guantánamo) debilita nuestra seguridad nacional al desperdiciar nuestros recursos, al degradar nuestras relaciones con nuestros aliados clave y al fortalecer a nuestros enemigos”, insistió Obama al firmar la ley de presupuesto para el Pentágono, que amenzó con vetar.
Durante las primeras horas de su mandato, que comenzó el 20 de enero de 2009, Obama había ordenado el cierre de la prisión que considera una mancha para la imagen de Estados Unidos.
“Cuando él llegó al poder por primera vez, tuvo la crisis financiera y la reforma del seguro de salud en la cima de sus prioridades”, dijo a la AFP el exfiscal jefe de Guantánamo, Morris Davis.
“Hoy, cuatro años más tarde, él tiene el precipicio fiscal, la reforma de las leyes sobre las armas y de la inmigración por delante del expediente de los detenidos en su lista para el segundo mandato”, agregó, denunciando la “inercia” a pocos días de la investidura.
No hay excusas
“Soluciones -no excusas- deben ser encontradas para poner fin a las violaciones de los derechos humanos” en Guantánamo, dijo Frank Jannuzi, de Amnistía Internacional.
“Es desalentador que el presidente continúe queriéndose atar las manos a la hora de cerrar Guantánamo”, dijo por su parte Dixon Osburn, de la organización Human Rights First.
Un detenido en Guantánamo tiene un costo de 800.000 dólares por año, según una estimación de la administración Obama, mientras que una encarcelación en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos cuesta 34.600 dólares anuales, según un informe reciente del Congreso.
“La única opción (de Obama) hoy es llevar a todos los hombres de Guantánamo ante la Justicia. Es la ausencia de un procedimiento (judicial) lo que es terrible de Guantánamo”, dijo a la AFP Karen Greenber, historiadora de Guantánamo.
“Si cerrar Guantánamo significa transferir a los detenidos a otras prisiones en todo el mundo, sin darles una posibilidad de probar su inocencia, entonces sería un nuevo principio sin fin para los prisioneros”, dijo a la AFP el coronel Barry Wingard, abogado de tres detenidos.
“Lo que realmente necesitamos es el principio del fin, y eso significa su liberación (de los presos), después de once años en jaulas para animales”, sentenció.
AFP